VENGANZA INTERNA A CIFUENTES.

Así se orquestó la venganza interna contra Cifuentes.

Un empresario afín a sus enemigos ofreció el dosier envenenado a varios medios

«He sido espiada y se han ofrecido dosieres contra mi persona. Las grabaciones ya se conocían en algunos medios de comunicación». Así comenzaba ayer Cristina Cifuentes su comparecencia ante la prensa en la que presentaría su dimisión, a causa de las imágenes en las que se la ve retenida por el personal de seguridad de un centro comercial tras robar unas cremas. No le faltaba razón.

Madrid. Invierno de 2017. Un empresario con intereses en la Comunidad llama a la puerta de algunas redacciones de cabeceras nacionales. Ofrece a sus máximos responsables documentación sobre la vida privada de Cristina Cifuentes, que la dejarían mal parada. O, al menos, esa era la intención del entorno hostil de la presidenta, que pretendía así hacer un cambalache con cabeceras críticas hacia su antecesor: «Te paso esta información a cambio de que dejes de publicar cosas sobre el asunto del ático de Estepona de Ignacio González».

Entre el material, hay pantallazos de un vídeo en el que se ve a Cifuentes, entonces adalid de la lucha de los populares contra la corrupción, pillada «in fraganti» robando en un centro comercial. El empresario no consigue llegar a ningún acuerdo. González sería arrestado e ingresaría en prisión provisional tres meses después por sus supuestas corruptelas en el Canal de Isabel II. Hasta que ayer, quince meses más tarde y ya en libertad con cargos, el digital «Okdiario» hace pública la filmación.

Los enemigos internos de Cifuentes, con un perfil político más limitado y menos carismático que la presidenta, quieren quitarla de enmedio. Políticamente, claro. Y ya los tenía a pares. El más reciente, Ignacio González, al que ella «arrebató» la candidatura a la Comunidad en 2015 y del que fue colaboradora estrecha hasta que se produjo el choque de trenes. El expresidente no asimila la «afrenta» de que su sucesora haya llevado ante la Fiscalía las supuestas irregularidades perpetradas en el Canal de Isabel II en sus negocio en Latinoamérica. Es la operación Lezo.

Rumores de cleptomanía

Cristina Cifuentes es consciente de que su legislatura va a ser muy dura a nivel de gestión (por primera vez en 20 años el PP no tiene mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid y está sometido a los votos de Cs); que lo va a tener crudo (como así ha sido) para sacar adelante sus propias leyes, y tira de la lucha contra el latrocinio institucional (aunque sea el de los suyos) para ganarse los afectos propios y ajenos. Y lo ha terminado pagando muy caro.

Pero las cloacas de la política comenzaron a ser removidas mucho tiempo antes. Ya en 2003, había rumores de todo tipo, desde asuntos privados sin base alguna al de una supuesta cleptomanía que explicaría que desaparecieran pendientes, perfumes y prendas de ropa de algunas alumnas del Colegio Mayor Antonio Caro, que dirigió Cifuentes entre 1995 y 1999. Incluso se habla de las denuncias policiales de dos de las afectadas, que habrían sido retiradas posteriormente. En 1999, una asamblea de estudiantes acusó en público a la política, en su cara, de estos hechos.

Cuando en enero de 2012 Esperanza Aguirre propuso al Gobierno central que nombrara a Cifuentes delegada del Gobierno, lo hizo por su capacidad para llevarse bien con las distintas sensibilidades del partido: la que representaba la propia jefa del Ejecutivo regional por entonces, como la de su íntimo enemigo, Alberto Ruiz-Gallardón, del que también había sido colaboradora en su etapa en Sol (1995-2003).

Pronto, Aguirre se arrepintió de aquella decisión. Al final, no se podían ver ni en pintura. La gestión de Cifuentes en la Delegación, tras la eclosión del 15-M, tuvo muchas más luces que sombras. Se la conocía a nivel nacional y la cúpula policial de Madrid estaba encantada con ella. «Ha dado la cara por nosotros hasta cuando no nos lo merecíamos», explica un miembro del Cuerpo.

La delegada del Gobierno a la que no le tembló la mano contra la extrema izquierda que incendiaba las calles comenzaba a ser molesta en sus filas: les hacía sombra. La «lideresa» dimitió en septiembre de 2012 (le salpicaban las ranas desde la charca de la operación Gürtel) y, como se ha apuntado, su sucesor, González, tampoco la quería cerca.

Y qué decir del exsecretario general del PPde Madrid y exconsejero de casi todo (Justicia, Interior, Transportes, Presidencia) Francisco Granados. Enfrentado a todos por su presunta relación con la operación Púnica, hace unas semanas tiró de la cisterna y acusó a Cifuentes de estar al cabo de la calle de las andanzas de González por haber «mantenido una relación sentimental».

Las cloacas bajaban ya más fétidas que nunca y el principio del fin de Cifuentes estaba a la vuelta de la esquina. El 20 de marzo tuvo que declarar en la comisión de investigación sobre la financiación del PP, en el Congreso de los Diputados, una situación en la que se la vio incómoda. Y la mañana siguiente se desayunó con la primera de las múltiples informaciones sobre el escándalo de su máster.

Mala conjugación: Gürtel, Púnica, Lezo y Máster. Y faltaba la puntilla, el hurto en el antiguo Eroski de Vallecas. Un escarnio público del que le va a ser muy complicado deshacerse. «Ese asunto se sabía», comentaba ayer una fuente policial; «Cuando tomó posesión como delegada del Gobierno, lo comentamos entre nosotros. También cuando se convirtió en presidenta de al Comunidad», añadían ayer otros policías de aquella época. Las diversas fuentes del Cuerpo consultadas por ABC a lo largo del día de ayer, que no fueron pocas, tiran por tierra la versión exculpatoria que ofreció ayer Cifuentes al respecto («fue un error involuntario») y hablan, directamente, de que «la pillaron con las manos en la masa».

«¡Qué vergüenza!»

Ocurrió el 4 de mayo de 2011, días antes del inicio de la campaña de las autonómicas y municipales y de que los «indignados» tomaran la Puerta del Sol. Cristina Cifuentes sale de su despacho de vicepresidenta de la Asamblea, en Vallecas, y cruza la avenida. Son apenas cien metros y entra a comprar al Eroski. Viste ropa y bolso azules. En la sección de belleza, según fuentes policiales, coge dos tarros de crema facial Olay. Cada una cuesta 21,50 euros. Las saca de sus cajas, para que no «piten» al salir, y se las mete en el bolso. Y eso que lleva ya una bolsa con unas compras, también azul.

Un vigilante de seguridad rumano observa la escena a través de las cámaras de seguridad. Avisa a la dependienta. El guarda se acerca a Cifuentes y le dice que le acompañe a la sala de seguridad. Que la ha pillado robando. Ella lo niega: «¡Qué vergüenza! Jamás me había ocurrido algo así». Le pide que saque lo que lleva. Le da uno de los frascos. El vigilante le dice que falta uno más. Efectivamente, está en el bolso. «Si usted los paga, no tendré que llamar a la Policía y la cosa se queda aquí», le dice el encargado de seguridad. Pero Cifuentes niega el hurto. «Señora, la han grabado las cámaras», le insisten. Pero ella lo niega.

Avisa a la comisaría de Puente de Vallecas. La cantidad no supera los 400 euros, que entonces era el límite entre falta y delito de hurto (en el actual Código Penal, delito leve y delito de hurto). Los agentes reconocen a la política cuando pasan la filiación y ella, por fin, abre la cartera, saca dos billetes de 20 y algunas monedas y abona los 43 euros de los dos productos. No habrá denuncia, ni se llevan las imágenes.

La minuta no aparece

Se da la circunstancia de que el parte, la minuta en la que se refleja que la pareja de policías acudió a la llamada del centro comercial por el hurto, desapareció de la comisaría, indicaron fuentes policiales. No está claro si la destruyeron sin dejar rastro o si ni tan siquiera fue redactada.

A Cifuentes la sacaron del Eroski por la puerta trasera. La cosa queda ahí, 45 minutos con la cara colorada. Hasta ayer.

NO HAY PEOR ENEMIGO QUE EL DEL MISMO PARTIDO.