La modificación del callejero afecta de forma directa a 39.710 vecinos y a más de 1.500 profesionales.
El cambio del callejero madrileño, que atañe a un total de 51 vías, no será tan sencillo como quitar los seis clavos que sostienen a cada una de las placas. Aunque la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)que permite al Consistorio retirar los nombres de las calles con vestigios franquistas es provisional, el Ayuntamiento comenzó el pasado jueves a retirar las placas de los generalesMillán Astray (Latina) y García de la Herranz (Carabanchel). Esta modificación atañe de forma directa a un total de 39.710 vecinos, según el censo municipal, y 1.500 empresarios y autónomos radicados en estas arterias, según Cocem, y supone una vorágine de trámites administrativos y costes directos que no contentan a todos los afectados.
El gobierno de Ahora Madrid calcula que sólo en sustituir las placas emplearía unos 60.000 euros. Según la información proporcionada por el Consistorio, cada plancha tiene un coste estimado de 292 euros, es decir, se colocarían una media de 4 letreros por vía. Sin embargo, este cómputo no se cumple en todos los casos, ya que, por ejemplo, en la calle Hermanos García Noblejas (Ciudad Lineal) existen 50 cruces y, normalmente, se suelen poner dos chapas por cada intersección. Además de este coste, habría que añadir las señales del tráfico que marcan las direcciones y sentidos, así como la modificación de los membretes oficiales de las entidades públicas situadas en las calles afectadas. Un informe elaborado por Ciudadanos eleva a seis millones el gasto total que tendrá que desembolsar la administración pública.
Sin embargo, en ese análisis no se incluye el desembolso privado, es decir, el de los profesionales afincados en esas vías. Según la Confederación de Comercio de Madrid (Cocem), la incidencia para las pymes «varía en función del tipo de establecimiento». No obstante, el presidente de Cocem, Luis Pacheco, indicó a ABC, que el «impacto económico medio por comercio se situaría en torno a los 10.000 euros». «Nos obliga a cambiar todo el sistema de identificación de las tiendas: tarjetas de visita, bolsas, membretes, documentación, marquesinas, webs,... Y esa inversión te puede estropear el balance del trimestre», lamenta Pacheco, que advierte de que existe un coste «intangible» que no se puede cuantificar y que también supone pérdidas. «Nuestra petición como comerciantes es que el Ayuntamiento nos dé una cobertura, una financiación a coste cero para poder asumir esos gastos. Es dinero que para el Ayuntamiento no supone nada, pero que para algunos negocios puede suponer tener que despedir a algún empleado para cuadrar las cuentas», reclama Pacheco.
La Fundación Franciso Franco incluyó un informe pericial para pedir ante el juez la suspensión cautelar del cambio del callejero. En él suman además de los gastos en placas y la inversión de los comercios, el coste de actualizar los navegadores de los coches y los honorarios por las gestiones burocráticas. En total, tasan el perjuicio económico directo en 57,3 millones. Mientras la sentencia no sea firme, las empresas de paquetería como Correos convivirán con ambas denominaciones. Según explican a este diario, el cambio «no altera» el trabajo, ya que clasifican las cartas por el código postal.
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