Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.
El Ministerio Público aprecia riesgo de fuga, y por eso ha pedido mantener en prisión al expresidente catalán mientras tramita su extradición a España.
Tras el análisis exhaustivo de los delitos que contiene la orden de detención europea, ha concluido el fiscal que la extradición es «justa» y «pertinente» y así lo solicita ante el juez, que se espera emita la decisión definitiva a lo largo de esta semana. Una vez decida este tribunal, no habrá lugar a recurso y después de haber sido analizado el caso por la Fiscalía es muy poco probable que el juzgado rechace la petición, por lo que la extradición de Puigdemont se producirá posiblemente dentro del plazo de 60 días previsto por la euroorden.
Durante las deliberaciones del tribunal, no está previsto que tome declaración o llame a comparecer a Puigdemont, puesto que debe atenerse solamente a la documentación presentada por la Fiscalía y el material aportado por las autoridades judiciales españolas que solicitan la extradición.
En la solicitud de extradición presentada por la Fiscalía local consta además la consideración de que es conveniente que Puigdemont espere la decisión del tribunal en prisión, debido al peligro evidente de fuga que impulsó la medida cautelar, por lo que una hipotética petición de libertad vigilada, que se habían planteado los abogados alemanes de Puigdemont, quedaría muy debilitada. La Fiscalía entiende que «continúan la razones para su detención por riesgo de fuga», pues medidas menores a la prisión no garantizan su permanencia en Alemania mientras la Audiencia Territorial de Schleswig resuelve.
El informe de la Fiscalía explicita además que Puigdemont ha de ser extraditado por los delitos de rebelión, registrado en la legislación alemana bajo el nombre de alta traición, y por el de malversación de fondos, contenido en el delito de corrupción que consta en la lista de 32 delitos que justifican, en el caso de la euroorden, la extradición automática. En casos como este, la Justicia alemana tramita la extradición en una media es de entre 15 y 45 días y un máximo de 60 días que marca la ley.
«La acusación de rebelión contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos», destaca en el comunicado la Fiscalía, que considera que el delito que imputa la Justicia española a Puigdemont puede ser equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal alemán. «No es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles», subraya.
La Fiscalía alemana ha respondido así al requerimiento del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que en la euroorden de detención defiende que los responsables del Gobierno presentes en la reunión previa al 1-O conocían sobradamente los riesgos de violencia después de los incidentes ocurridos el 20 de septiembre, cuando miles de personas intentaron boicotear la labor de la comisión judicial que realizaba los registros en la Consejería de Economía de la Generalitat. Según el juez Llarena, Puigdemont actuó como presidente de la Generalitat con la finalidad de obtener por una vía ilegal la independencia de Cataluña, asumiendo el uso de violencia.
ALEMANIA NO TIENE PROBLEMAS A LA HORA DE APLICAR LA LEY, NO VEO QUE NADIE LES PONGA EN CUESTIÓN¿POR QUÉ?
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