La ofensiva de Ciudadanos contra esta figura no alcanza al grueso de personas que gozan del privilegio.
La mayoría de los aforados son policías y de personas del ámbito judicial
La Asamblea de Murcia se ha convertido en el primer parlamento autonómico que aprueba reformar su Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos a sus diputados y miembros del Gobierno. El cambio debe ser ratificado ahora en el Congreso. La propuesta salió adelante gracias a los votos del PP y era una exigencia «innegociable» de Ciudadanos para permitir la investidura del nuevo presidente murciano. El partido de Albert Rivera ve este primer paso el camino a seguir en otras cámaras regionales y en el Congreso y el Senado. Pero los políticos sólo suponen el 12% de los aforados en España -excluyendo de este recuento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad-. De 17.603 aforados, sólo 2.130 son diputados, senadores o miembros del Gobierno.
El aforamiento supone que el órgano jurisdiccional competente para juzgar a los políticos sea el Tribunal Supremo -en caso de diputados, senadores y miembros del Gobierno central- o los tribunales superiores de justicia de cada comunidad -para los diputados autonómicos y los ejecutivos regionales-, no los tribunales de primera instancia ordinarios.
«Es bueno eliminar los privilegios de los políticos», remarcan en Ciudadanos, que tras Murcia busca impulsar la supresión de los aforamientos en otras comunidades donde el partido es clave para la gobernabilidad, como La Rioja.
Sin embargo, eliminar el aforamiento a los políticos sólo supone una parte mínima de quienes disfrutan de esta condición. Según desgranó Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en una reciente comparecencia en el Congreso, actualmente en España existen 250.000 aforados. Su desglose es el siguiente: algo más de 232.000 lo son de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estatales, autonómicos y locales; cinco son miembros de la Familia Real, y el resto, 17.603, pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas. Según recoge el artículo 56 de la Constitución, el Rey «es inviolable y no está sujeto a responsabilidad».
En este último cajón de 17.603 aforados se incluyen políticos de ámbito estatal y autonómico, así como miembros de la carrera judicial y fiscal -que representan la mayor parte de este número- e integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado o los defensores del Pueblo -estatal y autonómicos-. El Congreso cuenta con 350 sillones, hay 266 senadores, los miembros de parlamentos y gobiernos autonómicos rondan las 1.500 personas y el Gobierno lo componen 14 personas, incluido el presidente.
Son éstos quienes perderían el aforamiento, según la pretensión de Ciudadanos, que se remite a su pacto de investidura con el PP a nivel nacional, que en su punto 94 recoge: «Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos». Una pretensión que implica una reforma de la Constitución, de los artículos 71 y 102. «Eliminemos los aforamientos para demostrar a los ciudadanos que los políticos no queremos privilegios», ha repetido en varias ocasiones Rivera.
El debate sobre el aforamiento de los políticos volvió a emerger con fuerza tras los casos de Rita Barberá y Pedro Antonio Sánchez. La primera, siendo senadora del PP, se vio obligada a darse de baja del partido tras conocerse que sería investigada por el Tribunal Supremo, pero mantuvo su escaño en el Senado para poder seguir aforada, hasta su fallecimiento en noviembre de 2016. Sánchez se vio obligado a dimitir como presidente de Murcia tras ser citado como imputado por el Tribunal Superior de la comunidad.
Para investigar a un parlamentario aforado debe cursarse un suplicatorio, es decir, la instancia que un juez o tribunal eleva pidiendo permiso para proceder contra algún miembro del Congreso o del Senado.
El elevado número de aforados en España contrasta con otros países de nuestro entorno. La figura del aforado no existe ni en Alemania ni en EEUU y en Francia sólo una veintena de altos cargos están sujetos a la misma. En Portugal e Italia sólo goza de este privilegio el presidente de la República.
Tanto Lesmes como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparten la necesidad de reducir el número de aforados en España, pero lo vinculan a una reforma del proceso penal para restringir y limitar la acción popular. «Sería bueno que el asunto de la reforma de los aforamientos, que sin duda es necesaria, no se desvincule de una deseable reforma global de nuestro proceso penal», ha reflexionado Lesmes.
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