LOS FUGADOS NEGOCIAN GARANTIAS PARA RENUNCIAR A LAS ACTAS DE DIPUTADO.

Los fugados negocian garantías para renunciar a las actas de diputado.

Los cuatro exconsejeros debaten con sus formaciones sobre qué papel jugará cada uno en un hipotético ejecutivo catalán.

La viabilidad de la mayoría independentista en Cataluña se juega en buena parte en Bruselas. Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret —los cuatro exconsejeros que acompañan al expresidente Carles Puigdemont en la capital belga y que han salido elegidos el 21-D— negocian en los últimos días con sus partidos las condiciones para renunciar a sus actas de diputados y facilitar, de este modo, un Ejecutivo independentista.

Fuentes cercanas a varios de los exconsejeros destituidos confirman que los cuatro han mantenido en los últimos días contactos con miembros de sus partidos para acordar los detalles de su renuncia al acta de diputado para que pueda correr la lista y asegurar la mayoría independentista. Según estas fuentes, en esas reuniones se ha tratado dos cuestiones. La primera será el papel que jugará cada uno de ellos dentro de sus partidos y en un hipotético ejecutivo catalán encabezado por Carles Puigdemont u Oriol Junqueras si aceptan finalmente que otros candidatos les sustituyan en el Parlament.

Y, en segundo lugar, qué tipo de apoyo van a tener mientras permanezcan huidos en Bruselas. En este último punto, las fuentes consultadas admiten que también se han abordado cuestiones económicas sobre la financiación de la estancia de todos ellos en la capital belga.

La renuncia de los cuatro es fundamental para que los independentistas apuntalen su mayoría parlamentaria de 70 diputados: 34 de Junts per Catalunya, 32 de ERC y 4 de la CUP. La mayoría absoluta de la cámara autonómica está en 68 y, por tanto, la ausencia de los ocho diputados que están actualmente presos o en el extranjero la frustraría. Descartado que Puigdemont y Junqueras renuncien a sus actas dado el liderazgo de ambos en sus respectivas formaciones, los tres partidos aún tienen esperanzas de que los encarcelados Jordi Sànchez y Joaquim Forn (ambos de Junts per Catalunya) puedan asistir, como el cabeza de lista de ERC, a las sesiones claves aunque continúen en prisión. Sànchez y Forn comparecerán ante el próximo día 11 ante el juez Pablo Llarena a petición propia para volver a declarar.

Discrepancias

Queda por ver si la justicia les autoriza a acudir al Parlament a votar en la sesión de constitución del día 17 y en el debate de investidura que se ha de celebrar antes del 31 de enero. Lo que sí han descartado es que puedan hacerlo los cuatro diputados electos que permanecen en Bruselas, quienes ya han hecho saber que no volverán a España, conscientes de que eso supondría su inmediata detención e ingreso en prisión.

A la espera de lo que resuelva el Tribunal Supremo sobre la excarcelación de Oriol Junqueras, continúa el debate sobre si el líder republicano debe aspirar a la Generalitat si Puigdemont decide finalmente que no regresa, aunque en Esquerra se expresaron ayer pareceres contradictorios. Así, el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró que es de “puro sentido común” que Junqueras ostente la presidencia de la Generalitat en caso de que expresidente “no pueda volver” de Bélgica, ya que este plan b sería lo más parecido a restituir el “gobierno legítimo”.

Sin embargo, la también diputada de Esquerra en el Congreso y portavoz de Justicia, Ester Capella, había expresado unos minutos antes un planteamiento bien distinto, también a las puertas del Tribunal Supremo, donde coincidió con Rufián. A su juicio, el candidato a formar gobierno es “por razones obvias” el expresidente Puigdemont e insistió en que no se debe alterar el resultado electoral por cuestiones de interpretación jurídica. “El plan a, el plan a y el plan a es la posibilidad del ejercicio efectivo de la plenitud de derechos políticos de todo el mundo”, dijo.

QUE VENGAN Y LO ARREGLEN CON LA JUSTICIA ESPAÑOLA.