Hay un precepto en nuestra Constitución que dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Y hay otro que dispone que todos estamos obligados al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo. Ambas normas vienen a decir que, aunque la riqueza del país es de los españoles, todos tenemos que destinar una parte de nuestros recursos al sostenimiento de los gastos del Estado.
Pero el sistema democrático determina también, en justa correspondencia con lo anterior, que corresponde a los políticos administrar los recursos aportados de acuerdo con criterios de eficiencia (utilizar lo mejor posible los recursos disponibles) y economía (con el mayor ahorro). Y esta obligación afecta a todos los políticos con funciones de gobierno, incluidos los de las administraciones autonómicas y municipales.
En nuestros días se ha hecho evidente que hubo políticos que administraron muy mal nuestros recursos: gastaron más de lo que podían. Y entre ellos destacan por encima de todos los de la Comunidad Autónoma de Cataluña que debe al Estado central más de 52.000 millones de euros, buena parte de los cuales fueren malgastados en el delirante “procés”.
Pues bien, por sorprendente que pueda parecer, a la hora de tratar de resolver la compleja situación económica de Cataluña, la solución que propugna Miquel Iceta, secretario general del PSOE, es premiar a los despilfarradores y que corran con las consecuencias del derroche el resto de los españoles. Es decir, en lugar de exigir al futuro govern de Cataluña que administre sus bienes, como dice la Constitución, con «eficiencia y economía», Miquel Iceta, el “dadivoso” nos pide al resto de los españoles que les perdonemos esos 52.000 millones.
Con lo cual, lejos de hacer propuestas para corregir la ineficiencia -que sería exigirles que administren mejor-, Iceta “el generoso a cuenta de los demás” propone hacer borrón y cuenta nueva para que los sediciosos puedan seguir con su “aquelarre” despilfarrador. Y, por supuesto, todo a costa de los demás españoles porque si les perdonaran esos 52.000 millones a Cataluña no desaparecería la deuda, sino que tendría que ser asumida por la Administración central y, por tanto, por el resto de la ciudadanía.
Sé perfectamente que estamos en período electoral y que Iceta, que busca desesperadamente cuotas de poder, parece haber “olido” los aromas de la presidencia de la Generalidad. Para lo cual prometerá lo que sea. Pero la ciudadanía es más lista de lo que parece y aunque la dadivosa propuesta del secretario general del PSC pueda engañar a algunos ahora en Cataluña, acabará perjudicando en el futuro a su partido hermano, el PSOE, en las elecciones generales.
ICETA ES UN SEPARATISTA Y COMO BUEN CTaALÁN UN EGOISTA FRENTE A LA SOLIDARIDAD ESPAÑOLA,SE HA CONFUDIDO DE PARTIDO Y AL PSOE LE VA HACER MUCHO DAÑO POR EL CAMINO ESCOGIDO.
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