LA JUEZ LAMELA QUIERE QUE LA CAUSA DE SEDICIÓN SE JUZGUE EN CONJUNTO

Fachada de la sede del Tribunal Supremo

La juez Lamela allana el camino para que el Supremo investigue todo el ‘procés’ y omite el delito de rebelión.

La magistrada de la Audiencia Nacional considera que los líderes independentistas forman una "organización criminal".

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado este martes al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena el informe que le solicitó sobre la posible acumulación en el alto tribunal de las causas judiciales contra el secesionismo catalán. En él, la magistrada manifiesta que la investigación contra los líderes independentistas catalanes “no debe ser escindida, sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento”. La juez Lamela, con las pesquisas que ha realizado desde el 27 de septiembre, aprecia que existen delitos de sedición, malversación, desobediencia y prevaricación, pero no incluye en la lista el delito de rebelión por el que se querelló la Fiscalía.

Este dictamen allana el camino para que las pesquisas que Lamela lleva realizando en el Juzgado Central de Instrucción número 3 contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sus 13 exconsellers, los líderes de ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y contra el excomisario mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero se acumulen en el alto tribunal a las que lleva a cabo el magistrado Llarena contra los miembros de la Mesa del Parlament, encabezados por Carme Forcadell, la mayoría de los cuales mantienen su condición de aforados. La juez les considera a todos ellos integrantes de una "organización criminal" unida para lograr la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña y su proclamación como república independiente" dinamitando la Constitución y las leyes.

La magistrada Lamela, que el pasado 2 de noviembre envió a prisión incondicional al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros siete exconsellers tras tomarles declaración y, al día siguiente, dictó orden de busca y captura internacional contra Puigdemont y otros cuatro miembros de su antiguo gabinete huidos a Bélgica, es tajante: “La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común”. Según la magistrada, “cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos”.

“La investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia” el pasado 27 de octubre, concluye la magistrada en su informe.

El dictamen de Lamela contrasta con la posición expresada, también a petición de Llarena por la Fiscalía. El ministerio público se opuso a la acumulación de todas las causas en el Supremo al entender que ambas causas “tienen sustantividad propia y (…) aunque entrelazadas, presentan características propias y son susceptibles de análisis independiente o separado”.

A lo largo de 35 páginas, la juez Lamela informa a Llarena de todos los pasos que ha ido dando en las investigaciones que inició el pasado 27 de septiembre, cuando admitió a trámite una denuncia de la fiscalía por sedición contra Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y el ex comisario mayor Trapero. A estas pesquisas unió posteriormente la querella por rebelión interpuesta por el fallecido fiscal general del Estado José Manuel Maza contra Puigdemont y todo su Govern el 31 de octubre. La magistrada explica al juez del Supremo Llarena en su informe las principales conclusiones que ha obtenido en este tiempo.

Reparto de funciones

La juez considera que de lo investigado hasta ahora puede deducirse que los encausados "forman parte de una organización que actuaban con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario", dice el informe.

La magistrada describe el organigrama de esa organización, que considera integrada dividida en tres partes:  una legislativa, dirigida por las autoridades del Parlament, con Carme Forcadell a la cabeza, otro la ejecutiva, en la que están incluidos todos los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont, y finalmente un aparte civil, con los presidentes de ANC y Omnium, a la cabeza.

En el esquema la juez incluye igualmente a la policía autonómica  (Mossos d'Esquadra) y "la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya ( CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat".

Lamela describe los elementos básicos con los que se ha llevado a cabo una hoja de ruta secesionista diseñada tras las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015. Dicho plan, estima, prevé el papel concreto de cada actor independentista así como su ejecución hasta llegar al referéndum ilegal del 1 de octubre a despecho de las resoluciones contrarias del Tribunal Constitucional.

Desde ese reparto de funciones, Lamela argumenta que la actividad de los miembros del Govern perseguía la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia, mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban "a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del proceso de desconexión”.

Por su lado, los líderes de asociaciones independentistas como ANC (Jordi Sànchez)  y Omnium (Jordi Cuixart) tenían como objetivo "movilizar a las masas, a fin de crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado", cuyo fin era "propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad" de las leyes estatales y, en última instancia "propiciar, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de los fines secesionistas".

En su informe, la juez detalla "las congregaciones tumultuosas" llevadas a cabo con la finalidad de impedir la ejecución de resoluciones judiciales. ANC y Omnium, según Lamela, “actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern favoreciendo movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre”.

EL TRIBUNAL SUPREMO ESTA NOMBRADO POR LOS POLÍTICOS Y CUANDO ENTRA LA POLÍTICA POR MEDIO LAS PENAS SON MENOS PENAS, PORQUE HAY MUCHOS INTERESES, NO ME FIO. ME TEMO,QUE SE VAN A IR DE ROSITAS O CON PENAS POCO MAS QUE SIMBÓLICAS. ATENTOS A LA JUGADA TODO ESTA AMASADO YA.¿QUÉ PENA TENDRÍAN QUE PAGAR POR SEDICIÓN Y POR LOS DAÑOS ECONÓMICOS OCASIONADOS SI SE JUZGARAN CON JUSTICIA RIGUROSA?DE MOMENTO YA LES VAN QUITANDO CARGA CULPATORIA, YA NO HAY REBELIÓN Y ENTONCES ¿QUÉ FUE UNA FISTA CALLEJARA?¿NO LES SUENA ALGO AL JUICIO DE LA INFANTA CRISTINA QUE POR POCO SE QUEDA SIN CARGOS, QUE FUERON CAYENDO POR EL CAMINO DE LA INSTRUCCION? PUES ESO, SÓLO HAY JUSTICIA CON RIGOR, PARA LOS ROBAGALLINAS PARA QUE SIRVAN DE EJEMPLO.