LA FISCALÍA BELGA PIDE INFORMACIÓN SOBRE LAS CÁRCELES ESPAÑOLAS.

Imagen de televisión de Carles Puigdemont en la presentación de un libro sobre Cataluña en la Guerra Civil, en Bruselas

La Fiscalía belga pide información sobre las cárceles españolas antes de la declaración de Puigdemont.

El ministerio público ha solicitado información a la juez Lamela sobre el régimen penitenciario y el sistema judicial.

La Fiscalía de Bruselas pidió el pasado lunes 13 de noviembre a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela información sobre el estado de las cárceles españolas, entre otros extremos, de cara a la declaración de este viernes del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros de su Gobierno que huyeron a Bélgica antes de que se presentara la querella contra ellos por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

A la hora de valorar si entrega a Puigdemont y los cuatro consejeros a España, la fiscalía belga reconoce que tiene en cuenta la “calidad de los implicados” y “el contexto de los hechos” por los que España pide la extradición. Las autoridades judiciales de ese país darán una “importancia particular” a la cuestión de si la entrega puede suponer “una infracción de los derechos fundamentales” de estos políticos. “Sólo referirse a la confianza mutua, base de la decisión marco relativa a la orden de detención europea, no será suficiente en este procedimiento”, advierte la justicia belga.

La fiscalía belga representa los intereses de la justicia española en el procedimiento de entrega de Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig. La solicitud de información versa sobre tres ejes, según fuentes jurídicas. El primero es el sistema penitenciario español: la juez Lamela enviará información sobre el régimen interno de las cárceles en las que podrían ingresar si son entregados a España o el estado de esto establecimientos penales.

En concreto, se hacen las siguientes preguntas: "¿En qué cárcel quedarán encerrados?", "¿Las circunstancias de detención en esta cárcel son de conformidad con la Convención Europea de Derechos Humanos?", "¿Cuáles son las dimensiones de la celda?", "¿Cuál es el espacio vital individual?", "¿Hay acceso suficiente y regular a equipamientos sanitarios, duchas, etc.?", "¿La comida es suficiente y de buena calidad?", "¿Existe bastante ocasión para recreación y actividades?", "¿Existe la posibilidad de que los implicados queden encerrados en una celda de aislamiento?" o ¿Qué tal es el acceso a la asistencia médica?".

También hay preguntas sobre la posibilidades de visita de los internos por sus familiares y abogados, y sobre la convivencia en la cárcel. "¿Pueden verse confrontados con la violencia de codetenidos o hasta del personal de la cárcel?", exigen saber los jueces belgas.

El segundo eje tiene que ver con las garantías del procedimiento judicial a que serán sometidos en España: si se les tomará declaración a la llegada, si el juez que instruye la causa será el mismo que les juzgará llegado el caso o si la Audiencia Nacional es un tribunal ordinario."¿Se aplica el procedimiento normal o un procedimiento especial?", inquieren los magistrados belgas.

En el tercer bloque se reclaman detalles sobre los hechos contenidos en la OED: cuáles han sido los hitos del proceso independentista y qué resoluciones concretas del Gobierno catalán han vulnerado las leyes españolas.

Los cinco están citados el viernes a las 14.00 horas para comparecer por primera vez ante el juez de la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia) de Bruselas, que será el que decida si las órdenes europeas de detención (OEDE) dictadas por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 deben ejecutarse.

Puigdemont y sus exconsejeros comparecerán conjuntamente ante el mismo juez, que instruirá el caso en neerlandés a petición de los acusados, que eligieron este idioma para todo el procedimiento en detrimento del francés.

Los implicados comparecerán mañana ante el Tribunal de Primera Instancia e Instrucción neerlandófono. Contra la decisión que adopte este órgano, los afectados podrán apelar ante el Tribunal de Instrucción de Bruselas. Y posteriormente, ya en última instancia, se puede recurrir ante la Corte de Casación –equivalente al Tribunal Supremo-. Este órgano no entra a analizar hechos y averigua únicamente si la decisión de los jueces de apelación está correctamente fundada en derecho. El procedimiento completo, sobre el papel, puede durar unos 90 días, aunque podría superar este plazo teórico.

PRIMERO: ¿NO ES UNA INJERENCIA DE UNA NACIÓN QUE NO TIENE NADA QUE VER CON ESE ASUNTO? SEGUNDO: ¿TIENEN ELLOS CÁRCELES MEJORES QUE LAS NUESTRAS? TERCERO: DONDE ESTAN ENCARCELADOS LOS REBELDES ES LA CÁRCEL DE 5 ESTRELLAS. ME DA QUE BRUSELAS NO VA A COLABORAR PARA NADA.