LA FISCALÍA ACUSA A PUIGDEMONT DE DESOBEDIENCIA.

Carles Puigdemont, junto al vicepresidente Oriol Junqueras.

La Fiscalía acusa a Puigdemont de desobediencia, prevaricación y malversación.

El ministerio público pide al TSJC que ordene el cierre de páginas web del referéndum y que prohíba a los medios insertar publicidad del 1 de octubre.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado este viernes dos querellas a propósito del referéndum de independencia previsto para el próximo 1 de octubre: una, contra los miembros de la Mesa del Parlament; la otra, contra el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y los 12 consejeros de su Gobierno por aprobar el decreto de convocatoria del 1 de octubre. Las querellas les señalan por un delito continuado de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció el jueves la interposición de las dos querellas. Este viernes, la Fiscalía Superior de Cataluña las ha presentado ya ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que deberá decidir si las admite a trámite e investiga los hechos. En la querella contra Puigdemont y el Govern, la fiscalía solicita a los magistrados, además, que adopten una serie de medidas cautelares: que cese la actividad de las páginas web vinculadas al referéndum y que se envíe un oficio a todos los medios de comunicación, públicos o privados, con sede en Cataluña, y se les aperciba de que no deben "insertar publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum".

La fiscalía va más allá y solicita también que se mande un apercibimiento a todos los alcaldes de Cataluña, que han recibido una carta de Puigdemont y del vicepresidente Oriol Junqueras en la que les piden su apoyo para organizar el referéndum. El ministerio público, en cambio, pide a los jueces que les den instrucciones para "impedir cualquier recurso personal o material, incluyendo locales", que ayude a sacar adelante la votación. También solicita que se exija el pago de una fianza (e incluso el embargo) de bienes de los consejeros para "asegurar sus responsabilidades pecuniarias" por la organización del referéndum.

La primera de las querellas, por el decreto de convocatoria, se dirige contra Puigdemont, contra el vicepresidente Oriol Junqueras y contra los 12 consejeros del Gobierno. El texto, de 45 páginas, se remonta a noviembre de 2015, cuando tras las elecciones, el Parlamento catalán (con los votos favorables de Junts pel Sí y la CUP, que forman la mayoría independentista de la cámara) votó una resolución sobre el inicio del proceso político hacia la creación de un Estado propio en Cataluña. Pocos días después, el Tribunal Constitucional declaró nula esa resolución.

La fiscalía incide en la aprobación de la ley del referéndum y el posterior decreto de convocatoria, firmado de forma solidaria por todos los miembros del Gobierno. Los miembros del Ejecutivo catalán actuaron "con absoluto desprecio de las reiteradas decisiones" del Constitucional y "reunidos a última hora de la noche del 6 de septiembre" y aprobaron "de común acuerdo" el llamado decreto de convocatoria. La "manifiesta inconstitucionalidad" de ese decreto "no podía ser en absoluto desconocida por todos y cada uno de los miembros del Govern".

También cita el segundo decreto -firmado únicamente por Puigdemont y Junqueras- sobre las "normas complementarias para la realización del referéndum". Ese segundo decreto, que detalla el funcionamiento del proceso, supone la puesta en marcha de la "dotación de numerosos recursos públicos" e implica a "una pluralidad indeterminada de personas en la organización del referéndum". Es la base, además, del delito de malversación de fondos públicos que también les atribuye la fiscalía.

Puigdemont, Junqueras y los 12 consejeros "violaron frontalmente los pronunciamientos del Constitucional" sobre la inconstitucionalidad del referéndum. Todos ellos pretenden "la abierta y deliberada derogación del orden constitucional", según la fiscalía, que les acusa de la "intrínseca arbitrariedad" de su conducta. Los responsables políticos del Govern han otorgado "al pueblo de Cataluña una supuesta cualidad de objeto político soberano" de la que, recuerdan, carece según la ley vigente. Para aprobar los decretos, se apoyaron en la Ley del Referéndum, una "mera argucia" para dar "una tosca apariencia de legalidad" a una "flagrante violación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía". “La convocatoria del referéndum", concluye, "no solamente es ilegal sino delictiva”.

La querella hace un recorrido extenso y detallado sobre las diferentes resoluciones aprobadas por la cámara autónoma y las sucesivas y reiteradas advertencias realizadas por el Tribunal Constitucional sobre la necesidad de paralizar cualquier iniciativa que ahondase en el llamado "proceso de desconexión" de Cataluña con el resto de España. Los pronunciamientos del Constitucional, recoge la querella, son "abundantes" y se han "reiterado de forma clara y sin fisuras". A pesar de ello, ninguno de esos mandatos "ha impedido que desde el Gobierno y los grupos parlamentarios independentistas se siga insistiendo públicamente en mantener esta convocatoria del referéndum como primer paso del proceso de desconexión".

Contra Forcadell y la Mesa

La fiscalía catalana se ha querellado también contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de la Cámara Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, de Junts pel Sí, y Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot, por admitir a trámite con sus votos el debate exprés y la votación de la Ley del Referéndum el pasado miércoles pese a la prohibición del Constitucional. El ministerio público solicita al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que los cinco declaren como investigados –imputados- y que también sean citados como testigos el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, que advirtieron a Forcadell y a la Mesa de que la admisión de la Ley del Referéndum contravenía las resoluciones del alto tribunal. También solicita que testifiquen los dos miembros de la Mesa que votaron en contra, José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos y David Pérez, del PSC.

La fiscalía recuerda que “en ningún caso” los diputados querellados pueden escudarse en el privilegio de la inviolabilidad parlamentaria. Esta figura, señala, “no alcanza a cualquier actividad delictiva que cometan (…) sino solo a aquellos delitos cuya estructura típica descanse exclusivamente en la exteriorización de una opinión”, es decir en la libertad de expresión.

Con su actuación, los querellados, con Forcadell al frente, “colaboraron con actos necesarios e imprescindibles para que el Govern (…) disponga ilícitamente de fondos para llevar a cabo su plan secesionista”.

Sobre el delito de malversación, castigado con penas de prisión, el fiscal lo considera evidente: “la convocatoria y celebración de un referéndum implica un gasto de dinero público”, y como la consulta va contra la Carta Magna, “cualquier partida presupuestaria que se destine a su financiación es por consiguiente ilegal”. Por tanto, “impulsar la aprobación” de la proposición de Ley del Referéndum “es permitir que pueda consumarse el despojo de fondos públicos”.

Respecto al delito de prevaricación –adopción de resoluciones injustas a sabiendas- el fiscal asegura que no pueden estar amparados como actos políticos, sino como resoluciones administrativas. “Se trata de decisiones que afectan al funcionamiento del Parlament y que potencialmente pueden generar una grave quiebra del ordenamiento constitucional”.

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