HA LLEGADO EL MOMENTO DE LA VERDAD.

Foto: José Ángel Miyares Valle

En la misma piedra.
El Gobierno corre el grave riesgo de no poder impedir que se repitan las mismas escenas que en noviembre de 2014.

Ha llegado el momento decisivo. Desde las dos y media de la tarde de ayer, centenares de padres que entienden la patria potestad como una herramienta supeditada a la erección de la patria catalana están utilizando a sus hijos como escudos humanos para evitar que las fuerzas del orden precinten los colegios elegidos por la Generalitat para albergar las urnas-contenedor del 1-O. La convocatoria infantil, bajo la coartada de celebrar por todo lo alto el inicio del curso académico, incluye partidos de fútbol, concursos de karaoke, sesiones de cine, talleres de yoga y fiestas del pijama. La idea es acampar en las aulas hasta que el domingo, a las siete de la mañana, las colas de electores convocados por la ANC les den el relevo.

Solo una hora después de que Trapero ordenara a los Mossos que evitaran el uso de la fuerza, los agentes pifiaban, en un colegio del Raval, el primer intento de desalojo y se quedaban a 30 metros de la puerta sin poderlo precintar. No hay poli capaz de acometer a mujeres y niños. Si cunde ese ejemplo, las brigadas del prusés, protegidas por los tractores de la Unió de Pagesos, llegarán a mañana en condiciones de repetir otro 9-N. Habrá colegios (veremos cuántos de los 2.315 repelen la acción policial), censo (5.343.358 nombres y apellidos) y electores (alrededor de 3.200.000 según las últimas encuestas). Las urnas de plástico, supongo, saldrán de su escondite en el último minuto y circularán de mano en mano entre los voluntarios que se arracimen en los centros, pertrechados de paraguas, esteladas, butifarras y botellones de cava.

Puigdemont no fanfarroneaba cuando le dijo a Rajoy que no subestimara la fuerza del pueblo catalán -sinécdoque que significa porción independentista-, en respuesta a la advertencia presidencial de no subestimar la fuerza del Estado. De eso va la cosa: de un pulso entre dos fuerzas disímiles que ejercen presión en direcciones contrarias. Se habla de respuesta proporcional cuando la fuerza mayor debe ajustar su potencia para neutralizar a la fuerza menor sin aniquilarla. La proporcionalidad se invoca para ganar batallas sin masacre, no para perderlas por la mínima. Y, la verdad sea dicha, el panorama a estas horas empieza a parecerse mucho al de una derrota del Estado.

Cierto: aún es pronto para saber qué pasará durante el resto del día. El número de precintos está por evaluar. Y el de los desprecintos, también. La pugna entre los que tratan de conseguir que se respeten las leyes legítimas y los que tratan de burlarlas aún sigue abierta. Es demasiado temprano para llegar a conclusiones definitivas, pero esto no tiene pinta de que las fuerzas de seguridad vayan a poder cumplir las órdenes del TSJC. El Gobierno corre el grave riesgo de no poder impedir que se repitan las mismas escenas que en noviembre de 2014.

Ni aquel referéndum se celebró con suficientes garantías para merecer ese nombre, ni éste -en caso de que se le parezca- añadirá un solo quilate a la pésima calidad democrática de aquel. Ya lo ha dicho la Comisión de Venecia. Pero esa no es la cuestión de fondo. Lo que importa, en términos políticos, es que Rajoy se comprometió a poner todos los medios a su alcance para evitar que la imagen internacional de España fuera, otra vez, la de un país donde no se respetan las reglas. La hemeroteca es implacable. «Esta vez no habrá urnas en los colegios electorales -se han hartado de decir los voceros gubernamentales-, no lo vamos a permitir y haremos lo que haga falta para evitarlo».

Ayer, sin embargo, el ministro portavoz ya empezó a recular: «Sin garantías legales, no hay referéndum. Todos sabemos lo que es una consulta. La de mañana no tendrá ninguna validez ni reconocimiento. Es ilegal». Un argumento que recuerda demasiado el de hace tres años. La disculpa de un fracaso. Pincho de tortilla y caña a que los separatistas construirán sobre ese fracaso un discurso legitimador para seguir dando la matraca y los constitucionalistas lo utilizarán como pliego de cargos para machacar al Gobierno. Lo peor de tropezar en la misma piedra es que ya no admite ningún descargo.