EL GOBIERNO INTERVIENE TODOS LOS PAGOS DE SERVICIOS ESENCIALES DE LA GENERALITAT

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, interviene en el Congreso

El Gobierno interviene todos los pagos de servicios esenciales y nóminas de la Generalitat.

Montoro pagará directamente los servicios básicos y sueldos y da 48 horas al Govern para congelar todas las demás partidas.

El Gobierno ha anunciado que asumirá todos los pagos de servicios esenciales y nóminas de la Generalitat de Cataluña. La decisión del Consejo de Ministros de este viernes entrará en vigor cuando salga publicada en el BOE. El Estado se encargará directamente de los desembolsos de la Generalitat para sueldos, educación, sanidad y servicios sociales. Para sufragarlos, usará los 1.400 millones de euros que corresponden a Cataluña por el sistema de financiación autonómica. Además, el Ejecutivo ha impuesto al Govern un cierre de todos sus gastos no fundamentales para garantizar que ni un solo euro de los presupuestos sea destinado al referéndum ilegal del 1 de octubre.

Los gastos esenciales y las nóminas de Cataluña quedarán en manos del Estado. El resto, paralizado. El Gobierno de Rajoy ha exigido a la Generalitat que ponga en marcha un acuerdo de no disponibilidad o cierre contable sobre todo el gasto que no sea sanidad, educación, servicios sociales y nóminas. Eso implica que las partidas afectadas quedan congeladas y que no se puede gastar más de ninguna de ellas. En caso de necesitar que se pague algo ya comprometido en esos ámbitos no esenciales, la Generalitat deberá acudir a Hacienda con la factura certificada y el Gobierno decidirá si la abona o no.

El Gobierno de Rajoy pretende estrechar el cerco sobre el dinero disponible en Cataluña y que no se destine ni un euro al referéndum previsto para el 1 de octubre. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que pagará ahora directamente los servicios básicos y las nóminas con cargo a los 1.400 millones al mes de financiación autonómica que suelen transferirse a la Generalitat. Este dinero de los tributos del Estado se dejará de entregar al Govern. La Generalitat únicamente contará con sus ingresos de impuestos propios, unos 250 millones al mes procedentes de gravámenes como Sucesiones o las tasas medioambientales. Y aún así solo podrían gastarlos con una autorización explícita y específica del Estado. Montoro también ha fijado una autorización previa para todas las operaciones de endeudamiento del Govern, incluidas las de corto plazo que antes no se fiscalizaban. 

El ministro de Hacienda ha definido como "novedoso" este sistema de control de pagos que, según ha anunciado, aclarará la próxima semana en una comparecencia a petición propia en el Congreso y que ya ha explicado el presidente Mariano Rajoy al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y al de Ciudadanos, Albert Rivera.

Los bancos avisarán de pagos del 1-O

Según figura en la referencia del Consejo de Ministros, también se va a exigir a los bancos que sus oficinas "eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero". De esta manera, avisa el Gobierno, "si estas entidades detectan algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal". El Ejecutivo señala además que cualquier pago que la Generalitat haga a través de un banco debe ir acompañado de un certificado de los interventores del Estado acreditando que no está relacionado con "ese proceso ilegal".

Esta ha sido la repuesta del Gobierno a la negativa de la Generalitat de cumplir con la obligación de no informar de sus cuentas a Hacienda. "No estamos sustituyendo competencias, sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal", ha remarcado Montoro, que se ha mostrado convencido de que la Generalitat terminará cumpliendo el requerimiento del Gobierno central.

Hacienda se quedará con el control de todos los desembolsos vinculados a servicios básicos y nóminas. Los interventores de la Generalitat tendrán que enviar las órdenes de pago a Hacienda, ésta a su vez las verificará y, a continuación, realizará directamente el pago a cuenta del sistema de financiación autonómica. Así, el Estado pasará a pagar "buena parte de las nóminas" y esta medida "de control de pagos" se prolongará "durante el tiempo que dure" la "situación de excepcionalidad" que han provocado los dirigentes de la Generalitat "negándose a cumplir la ley", según ha detallado Montoro.

"Establecemos la garantía de que todo el mundo va a cobrar en plazo y lo va a hacer en función de la seguridad que da el Estado", ha dicho el ministro de Hacienda ante la "incertidumbre" que están generando las decisiones políticas de la Generalitat sobre el referéndum.

Aviso a quienes colaboren con actos del referéndum.

El Gobierno mantiene la norma de que actuará con “prudencia y proporcionalidad”, por lo que no actuará directamente para impedir los actos públicos de los independentistas en pro del referéndum que pretenden celebrar el próximo 1 de octubre. “El Gobierno no impide actos”, ha dicho el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros. El acto de apertura de la campaña por el referéndum celebrado el día anterior en Tarragona transcurrió con normalidad y se ha requerido el portavoz del Gobierno para conocer si esta será la tónica general para los centenares de actos que hay programados hasta el 1 de octubre.

“La democracia tiene sus procedimientos y por lo que me preguntan corresponde a la fiscalía y a la policía”, ha respondido. Sí se actuará, pero no con el envío de fuerzas de seguridad para impedir la entrada en los actos cuando ya hay cientos de personas en sus puertas. Las fuentes consultadas ponen el foco en los propietarios o responsables de los recintos donde se van a producir los actos para indicarles que está ayudando a que se celebre un acto para un fin que es ilegal, cual es el referéndum.

Como quiera que la Generalitat “solo quiere hablar de referéndum sí o referéndum no”, el portavoz del Gobierno ya ha rechazado de plano la petición de Puigdemont de “dialogar” con el Gobierno en una carta, publicada por los medios de comunicación, que el Gobierno asegura no haber recibido. Pero sobre el fondo, nada que hablar. “El presidente del Gobierno no puede dialogar sobre el derecho de secesión que no existe”, ha tratado de zanjar Méndez de Vigo.
ESTO ESTABA VISTO.ES AL AUTONOMIA MÁS ENDEUDADA DE ESPAÑA CON EL ESTADO ESPAÑOL, DEBE MÁS DE 70.000 MILLONES, TOCAMOS A 1.000 EUROS CADA ESPAÑOL, ESA ES LA BROMA DE LA DERIVA CATALANA Y LUEGO DICEN QUE EL RESTO DE LOS ESPAÑOLES NO CONTAMOS, SÓLO CONTAMOS PARA PAGAR SUS LOCURAS SECESIONISTAS.