LOS FUNCIONARIOS CATALANES EN EL PUNTO DE MIRA.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el pasado viernes durante una visita a un festival de música en Barcelona.

Los funcionarios catalanes, en el punto de mira en una semana clave.

Puigdemont anunciará previsiblemente esta semana la fecha del hipotético referéndum independentista.

El plan independentista catalán entra esta semana en un momento decisivo tras cinco años de enfrentamiento entre el Gobierno y la Generalitat. El presidente catalán, Carles Puigdemont, anunciará previsiblemente la fecha y la pregunta de un referéndum de secesión que sería ilegal y que el Gobierno insiste en que no se celebrará. Más allá de los riesgos políticos, los funcionarios públicos catalanes están en el punto de mira de unos y otros: para conseguir su indispensable colaboración en un caso y para que ayuden a frenar los planes de Puigdemont en el otro.

La Generalitat tiene a punto un milimetrado programa de actos para anunciar la fecha y la pregunta del referéndum y dar brillo a sus protagonistas, comenzando por Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras. La comunicación formal será previsiblemente a finales de esta semana, entre jueves y viernes. Esto no implica, sin embargo, que el anunciado choque de trenes sea tan inminente. Lo que hará el Govern será anunciar el día en el que pretende celebrar la consulta —nada es seguro pero el 1 de octubre está marcado en todos los calendarios de la Generalitat— y la pregunta de la papeleta. Pero ni una cosa ni la otra quedarán formalizadas por ahora en ningún acuerdo ni documento oficial, dificultando así una impugnación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Fijar la fecha y la pregunta

La primera cita relevante de esta semana será la reunión, mañana, del Pacto Nacional por el Referéndum, una agrupación de partidos políticos y entidades privadas favorables a la autodeterminación de Cataluña. A esa convocatoria sí acudirá Catalunya en Comú, el nuevo partido impulsado por Ada Colau, que se negó a asistir a la reunión organizada el pasado 29 de mayo en el Palau de la Generalitat por el presidente Carles Puigdemont.
El jueves o el viernes, previsiblemente, Puigdemont anunciará de forma solemne la fecha del referéndum de secesión y la pregunta que pretende plantear a los catalanes.

La pregunta ha estado muy condicionada por la pluralidad en las filas independentistas. El PDeCAT presiona para que se pregunte por el concepto “Estado independiente”, mientras que ERC y la CUP prefieren la idea de la “República catalana”. En el borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica publicado por EL PAÍS en mayo figuraba la siguiente: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?”.

Tanto o más importante que la fecha y la pregunta es la reunión que mañana celebrará el plenario del llamado Pacto Nacional por el Referéndum. La reunión de este grupo de presión formado por decenas de entidades y partidos favorables al “derecho a decidir”, aunque no necesariamente defensores de la independencia, permitirá ver hasta qué punto Puigdemont tiene apoyos para convocar un referéndum unilateral, sin acuerdo con el resto del Estado. Los factores a tener en cuenta son básicamente tres.

En primer lugar, se podrá medir si el independentismo cuenta o no con el respaldo de todo el espectro de Catalunya en Comú, el nuevo partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se resiste a decir claramente qué hará si el referéndum —que defiende sin matices— se celebra sin autorización del Gobierno. El apoyo de este sector, y el de Podemos, se antoja básico para el independentismo si quieren que en una eventual votación acudan a las urnas no solo los más convencidos del sí a la independencia sino también sectores contrarios a ella. “Repetir un resultado del 90% a favor de la independencia no haría muy creíble la votación”, ejemplifican fuentes próximas a Puigdemont, recordando la consulta que ya se celebró el 9-N de 2014.

Cumplir la ley

La segunda clave se centra en el papel de los funcionarios de la Generalitat. Son casi 200.000 y se espera que miles de ellos desempeñen algún tipo de papel en la organización o en el desarrollo del referéndum. Tranquilizar a este colectivo, dejarle claro que no se pondrá su situación laboral en riesgo, ha sido una de las obsesiones del independentismo estos años, pero el Gobierno de Rajoy ha recordado que nadie quedará exento de cumplir las leyes. Y facilitar el referéndum no es legal.

La misma presión se está situando sobre los cargos públicos. La inquietud en las filas independentistas no deja de crecer con actuaciones como la última de la fiscalía, que ha pedido al Tribunal de Cuentas que reclame a los impulsores de la consulta de 2014 —Artur Mas y tres de sus consejeros, ya inhabilitados todos penalmente— el reintegro de los 5,14 millones que costó la votación.

El tercer factor a seguir será el nivel de implicación de los grandes Ayuntamientos. El papel de los alcaldes puede ser clave a la hora de abrir colegios electorales y facilitar la votación. Todos los ojos están puestos en Ada Colau, cuya posición institucional dependerá en buena medida de la que decida su partido. Hasta ahora Puigdemont ha intentado proyectar la idea de que fecha, pregunta y metodología del referéndum estaban abiertos a ser pactados con el espacio político que representa Colau. Sin embargo, fuentes de los partidos independentistas admiten que todo está mucho más cerrado de lo que se ha dicho y que la reunión con los llamados comunes no dejaría de ser una escenificación. Lo mismo piensa el Gobierno central, convencido de que todo está decidido y solo pendiente de publicitarse cuando convenga más a sus protagonistas.

NO TODOS LOS FUNCIONARIOS CATALANES ESTÁN SOMETIDOS A LOS ÓRGANOS DEL COBIERNO CENTRAL, LOS AUTONÓMICOS DEPENDEN DE LA GENERALITAT.

ES MUY RUIN POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL AMENAZAR A LOS FUNCIONARIOS Y CARGARLES CON RESPONSABILIDADES PROPIAS DE SU COMPETENCIA