El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont
El Constitucional paraliza la convocatoria del referéndum en Cataluña.
"¿Irán con los tanques a quitar las urnas?", desafía el portavoz de Convergència, Francesc Homs.
El Tribunal Constitucional paralizó este miércoles la vía abierta el pasado octubre por el Parlamento de Cataluña para convocar un referéndum unilateral de independencia antes de finales de septiembre de 2017, y advirtió a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont de las responsabilidades, “incluida la penal”, de ignorar la prohibición, ya reiterada, de seguir dando pasos hacia la secesión. Las entidades civiles y los partidos soberanistas mantuvieron su desafío y aseguraron que el referéndum se celebrará. “¿Irán con los tanques a quitar las urnas? ¿Enviar matones? ¿Policías? Pues las urnas se pondrán. Se empecinan en un callejón sin salida, porque esto no tiene recorrido", desafió Francesc Homs, portavoz en el Congreso de la antigua Convergéncia.
El Tribunal Constitucional admitió este miércoles a trámite, por unanimidad, un recurso del Gobierno central contra una serie de resoluciones del Parlamento de Cataluña, aprobadas el pasado 6 de octubre, por las que se insta al Gobierno de la Generalitat a “celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, como muy tarde en septiembre de 2017, con una pregunta clara y de respuesta binaria”.
Otro punto de la resolución reclamaba al Ejecutivo de Carles Puigdemont la convocatoria “inmediata” de una “cumbre” de las fuerzas favorables a la autodeterminación para preparar la consulta ciudadana unilateral.
Un portavoz de la Generalitat aseguró que se mantiene la cita pese al veto del Constitucional al amparo de otra resolución que también aprobó el Parlament el mismo 6 de octubre y que no fue impugnada ante el Constitucional.
El texto al que se acoge el Gobierno catalán para mantener la cumbre por el referéndum fue presentado por Catalunya sí que es Pot ( Iniciativa per Catalunya, Podemos y Esquerra Unida i Alternativa) y apoyado por Junts pel Sí y la CUP. En esa resolución se aboga por “agrupar alrededor de la exigencia de la celebración de un referéndum el mayor número de fuerzas política y organizaciones sociales”, al iempo que se insta al Gobierno de la Generalitat a "la construcción de este espacio transversal".
En esa resolución, el Parlament “alienta y hace suyos todos los esfuerzos encaminados a la celebración de un referéndum” que tenga “garantías de inclusión” y que busque “el reconocimiento previo de la Unión Europea y la comunidad internacional”. Finalmente, se insta a impulsar todas las iniciativas políticas y parlamentarias necesarias ante el Estado español” para hacer posible el referéndum.
La mera admisión del recurso supone su paralización: el artículo 161.2 de la Constitución suspende cautelarmente por un periodo máximo de cinco meses —antes de decidir sobre el fondo del asunto— cualquier resolución autonómica que sea impugnada por el Gobierno central.
Las resoluciones suspendidas hoy fueron aprobadas por la Cámara catalana durante el pasado debate de política general con los votos favorables de Junts pel Sí —la coalición de Esquerra Republicana y la antigua Convergència— y los anticapitalistas de la CUP.
El Parlamento autonómico dio luz verde a esas disposiciones después de que el Constitucional ya suspendiera, el pasado 2 de agosto, otra resolución, del 27 de julio, en la que aprobaba las conclusiones de la llamada Comisión de Estudio del proceso constituyente. Este movimiento hacia la separación de Cataluña también fue recurrido por el Ejecutivo central, presidido entonces en funciones por Mariano Rajoy.
Previamente, el 2 de diciembre de 2015, en una sentencia también unánime, el alto tribunal había declarado inconstitucional —y por tanto, anulado— la declaración soberanista del Parlament del 9 de noviembre anterior. De este manifiesto solemne de la Cámara autonómica depende teóricamente todo el proceso hacia la independencia, según la configuración jurídica concebida por las fuerzas independentistas.
De hecho, tanto el recurso del Gobierno central contra las resoluciones del 6 de octubre, como el presentado contra las conclusiones de la comisión de estudios del 27 de septiembre —también aprobadas por los mismos partidos, con mayoría en el Parlament— tienen la misma forma jurídica: el incidente de ejecución de sentencia. El Ejecutivo pretende que el tribunal presidido por Francisco Pérez de los Cobos haga cumplir el fallo de 2 de diciembre de 2015 contra la declaración soberanista, matriz del proceso.
La decisión de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de permitir la votación del 27 de septiembre —de la que se ausentaron PP y Ciudadanos, el PSC se abstuvo y Catalunya Sí que es Pot votó en contra— le costó a aquella una querella de la fiscalía el pasado 19 de octubre por desobediencia y prevaricación. Esta denuncia ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El Constitucional, en la providencia —resolución de trámite sin razonamiento jurídico— por la que admite el recurso del Gobierno, vuelve a advertir tanto al Forcadell y a la Mesa del Parlament, como a Puigdemont y su Ejecutivo de su “deber” de “impedir o paralizar” cualquier iniciativa que suponga ignorar la suspensión. También les apercibe de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”, si insisten en incumplir las resoluciones del alto tribunal.
Este miércoles, el portavoz del Partido Demócrata Catalán —sucesor de Convergència— en el Congreso, Francesc Homs, redobló su desafío, informa Fernando Garea. “¿Irán con los tanques a quitar las urnas? ¿Enviar matones? ¿Policías? Pues las urnas se pondrán. Se empecinan en un callejón sin salida, porque esto no tiene recorrido”, afirmó Homs, investigado por el Tribunal Supremo por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. "Por ahí vamos hacia un escenario de un mayor enfrenamiento, a un conflicto de envergadura . El mensaje que se nos da es que pidamos perdón y renunciemos a la democracia, y eso es un callejón si un salida", señaló.
ES EL JUEGO DEL GATO Y EL RATÓN, PERO NO AVANZAMOS NI RESOLVEMOS NADA.
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