El Congreso empieza a enmendar la política económica del Gobierno y tramita una subida del salario mínimo.
El PP ha perdido en el Pleno dos votaciones: una proposición de ley y una de no de ley.
El PP ha vuelto a vivir este martes otro calvario en el Congreso. El partido del Gobierno ha perdido las principales votaciones en el pleno, salvo una que ha propuesto él mismo sobre un pacto de Estado para las pensiones, que ya existe con el nombre de Pacto de Toledo, y que se limita a una declaración de intenciones sin medidas concretas. De las dos proposiciones de ley de la oposición, la más trascendente es la de subida del salario mínimo.
El PP ha perdido este martes en el pleno otras dos votaciones: una de proposición de ley y una no de ley. La primera se refiere a la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la segunda es sobre reformas de la Justicia. La primera, de momento, solo se ha admitido a trámite y, por tanto, tiene aún un efecto limitado. La del pacto de la Justicia fue presentada por Ciudadanos y rechazada con los votos en el pleno de PSOE, Unidos Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas. Tiene el valor político de que incluye las medidas sobre Justicia pactadas por Mariano Rajoy y Albert Rivera para la investidura y, sin embargo, no obtienen respaldo de la Cámara y auguran un negro futuro cuando sean convertidas en proyectos o proposiciones de ley.
Por ejemplo, los socialistas la han rechazado porque incluye expresamente la designación corporativa de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, es decir, elegidos por los propios jueces y sin intervención parlamentaria. En febrero Ciudadanos pactó con el PSOE una reforma del sistema mixto actual que establecía más filtros, pero no eliminaba la intervención parlamentaria.
De todas las iniciativas admitidas este martes a trámite por el Pleno la más trascendente es la de Unidos Podemos que elevaría de 655,2 mensuales (9.172 anuales) a 800 el Salario Mínimo Interprofesional el 1 de enero de 2018, con el compromiso de llegar a 950 al final de la legislatura. Es trascendente porque supone empezar a cuestionar y enmendar la política económica del Gobierno y dirigirla desde el Parlamento y al margen del PP.
Aún no es efectiva porque solo se ha superado un primer escollo parlamentario y ahora es necesario que vaya a comisión con plazo de enmiendas parciales y tramitación posterior en el Senado. Lo trascendente será la cifra y el texto resultante de su tramitación y el momento en el que se apruebe definitivamente no antes de cuatro meses para que entre en vigor. De hecho, algunos partidos como PDECAT (antigua Convergència) han votado a favor de la admisión a trámite, pero con objeciones como que no haya un solo salario mínimo para toda España y Ciudadanos ha criticado la iniciativa y ha pedido una reforma de la legislación laboral, pero se ha abstenido. El SMI se aplica a un porcentaje bajo de trabajadores, pero sus incrementos, siempre más reducidos, son tomados como referencia en negociaciones de convenios colectivos. Según Íñigo Errejón, portavoz de Podemos, se trata de “desmantelar la política de austeridad”.
Para Susana López Ares, portavoz del PP, esa subida del SMI de más del 40% supondría más desigualdad y desempleo, con un coste de 1.300 millones de euros en 2017 y más de 2.500 en 2020.
Vetos pendiente
El rechazo se produce en el contexto del intento del Gobierno de utilizar el artículo de la Constitución que le permite vetar iniciativas que suponen incremento presupuestario. La Mesa del Congreso limitó esa capacidad de veto y el Gobierno llevará en breve el conflicto al Constitucional.
El PNV le ha evitado al PP otra derrota al sumar sus votos a los de los populares y a Ciudadanos para rechazar la toma en consideración de una proposición de ley de ERC para permitir el voto de los mayores de 16 años. Con ERC han votado PSOE y Podemos, que no han logrado que supere el escollo de la admisión a trámite.
En breve llegarán otras proposiciones de ley de los grupos para desmantelar el legado legislativo de la mayoría absoluta del PP. Abrió esa vía hace una semana la toma en consideración de una proposición del PSOE para parar la aplicación de la LOMCE, la ley educativa del PP. La dificultad para la oposición y la ventaja para el Gobierno es la discrepancia de todos para convertir en textos concretos las normas cuya reforma se admite a trámite. Por el momento coinciden en las votaciones frente al PP para admitir iniciativas a trámite, pero luego tendrán que acordar enmiendas y artículos concretos de cada una de ellas.
ME PARECE MUY JUSTO, YA QUE LAS EMPRESAS SE PONGAN LAS PILAS QUE HASTA AHORA HAN HECHO LO QUE HAN QUERIDO, FORRARSE.
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