Cristina Cifuentes y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante el desfile militar que cerró la inauguración de la XII Legislatura de las Cortes.
Brocha gorda.
Cifuentes provoca un incendio político al jugar con el combustible de la financiación.
Desatar una guerra entre comunidades autónomas a cuenta de la financiación de los servicios públicos es muy fácil. Los dirigentes nacionalistas e independentistas catalanes llevan años viviendo del “España nos roba” para justificar su deriva secesionista. Por eso sorprende el método de brocha gorda utilizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha provocado el enésimo incendio al jugar con un material tan inflamable como este. En un debate parlamentario, Cifuentes aseguró que los madrileños “están pagando 3.000 millones de euros para que los andaluces tengan sanidad, educación y demás”.
No es extraña la indignación de Susana Díaz ni el rechazo de otros responsables andaluces, entre ellos los del PP. La presidenta de la Junta de Andalucía acusó a Cifuentes de mentir respecto a las cifras y de recurrir a “los insultos de los rufianes de turno”, en alusión a Gabriel Rufián, diputado de ERC —que, entre otras invectivas lanzadas en el debate de investidura de Mariano Rajoy, preguntó a los socialistas si no les daba vergüenza doblegarse ante “una cacique” que gobierna una de las comunidades con “más paro y fracaso escolar”—. El propio Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, el partido que apoyó la investidura de Díaz en Andalucía y la de Cifuentes en Madrid, ha resaltado la desafortunada intervención de la presidenta madrileña.
El PP ha sostenido muchas veces que los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios. En vez de apuntarse a un discurso que alimenta el desdén hacia Andalucía, es necesario discutir con seriedad. Hay un debate pendiente sobre el sistema de financiación autonómica, pero los políticos han sido elegidos para solucionar los problemas y no para sugerir que unos españoles se aprovechan de otros. Madrid es una de las comunidades ricas de España; la gran mayoría de las instituciones del Estado tienen su sede en ella, lo mismo que el domicilio fiscal de numerosas empresas con actividad en muchos sitios. Es normal que los contribuyentes madrileños aporten a la solidaridad nacional por encima de otros.
En rigor, lo que Cifuentes pretendía era defender la política de impuestos bajos frente a la que se practica en comunidades gobernadas por socialistas. Madrid no solo tiene un IRPF más reducido, sino que el impuesto de sucesiones y donaciones y el del patrimonio prácticamente no existen en esa comunidad. Si el resultado es bueno para estimular la economía, pero no aporta suficiente dinero a las arcas públicas, tendría que plantearlo de manera mucho más documentada, en vez de presentar a los andaluces poco menos que como menesterosos.
Cifuentes es un símbolo de la nueva generación de políticos del PP. Sin embargo, en este caso sigue la estela de veteranos como Esperanza Aguirre, que lanzó aquel infamante “pitas, pitas, pitas” en señal de desprecio a unas medidas tomadas por los socialistas en 2010, destinadas a compensar los efectos de un temporal catastrófico para la agricultura andaluza. Cifuentes no debería apuntarse a ese carro. Se ha equivocado. Y por eso ha de reconocer su error y pedir disculpas sin tapujos.
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