El tribunal rechaza citar como testigos a los ministros de la época y a los dueños de las constructoras que presuntamente pagaron las mordidas.
La Fiscalía alega que las afirmaciones de Correa fueron "genéricas" después de haberlas ignorado en su interrogatorio.
Una acusación popular pretendía interrogar por los amaños pero en un giro imprevisto el acusado decidió responder solo a su abogado
Fueron doce horas de declaración en tres días, y eso que sólo respondió a la fiscal de Anticorrupción, Concepción Sabadell, y a su propio abogado. Pero en medio de sus cuentas en Suiza, sus campañas electorales, su "vida en Génova", sus coches regalados y las vacaciones pagadas a alcaldes, concejales, amigos, o todo junto, Francisco Correa, el principal procesado en Gürtel, decidió revelar una trama de amaños en los gobiernos de José María Aznar.
La confesión de Correa fue por entregas: el jueves reveló el montante de las comisiones, "del 2% al 3%", y el tipo de adjudicaciones, obras del AVE y relacionadas con Medio Ambiente. Eran los años en que Mariano Rajoy siempre ocupó una silla del Consejo de Ministros llegando, en la última legislatura, a ser vicepresidente.
El viernes, Correa ofreció nombres de las constructoras que supuestamente hicieron esos pagos en negro: Dragados, ACS y OHL. Las empresas, que aparecen en los 'Papeles de Bárcenas' como donantes en esas fechas, anunciaron una querella para negar los hechos. Correa aclaró, por si quedaba alguna duda, que los ministerios afectados fueron los de Fomento y de Medio Ambiente, sin detallar las fechas.
Y este lunes, el cabecilla de la Gürtel, tras escuchar las preguntas de las defensas a las que se negó a responder, se decidió a contar "el sistema". Replicaba de una manera indirecta al abogado de Bárcenas, quien en la batería de preguntas que lanzó al aire, consciente de que Correa no le iba a responder, planteó por qué si este tenía relación directa con el ministro de Fomento entre 2000 y 2004, Francisco Álvarez Cascos, necesitaba al extesorero del PP para premiar con obras a empresas amigas.
La defensa de Correa repitió la pregunta. Y su cliente se explayó: “Hace muy poco un ministro en un medio de comunicación dijo claramente que le llamó el secretario general del partido para que adjudicase un hospital [esta es la alusión a Matas]. El sistema no es ir directamente al cargo. Es ir a la persona que lleva el tema económico del partido, en este caso Luis Bárcenas, y él ya sabrá con quién tiene que hablar. A lo mejor habla con el secretario de Estado o con el ministro. Yo no he hablado con ningún ministro, la relación la llevaba Luis Bárcenas”.
En su alusión a Jaume Matas y a su explicación sobre por qué se adjudicó un hospital en Baleares, Correa dio a entender que ese era siempre "el sistema" en el PP. Que el empresario interesado en recibir favores debía pasar antes por el tesorero y que éste decidía con quién hablar.
Todo eso salió a relucir en un juicio que examina la primera era del caso Gürtel, de 1999 a 2005 y solo en la Comunidad de Madrid, algunos ayuntamientos de esta región, la Junta de Castilla y León y el municipio malagueño de Estepona.
La gravedad de las afirmaciones llevó al abogado de Bárcenas a pedir que se cite como testigos a los dueños de las constructoras y a todos los cargos que ocuparon los ministerios de Medio Ambiente y Fomento, durante los ocho años que gobernó Aznar (entre 1996 y 2004) en los que Mariano Rajoy fue primero ministro y después vicepresidente.
El abogado de Bárcenas, Francisco Maroto, pretendía que ellos desmontaran con su testimonio en el juicio las acusaciones de Correa, muy perjudiciales para los intereses de su cliente. Los socialistas valencianos, que ejercen la acusación popular, pidieron que se tomasen en consideración "esas revelaciones inesperadas".
El tribunal se retiró a deliberar quince minutos y contestó que no ha lugar a las citaciones que pidió el letrado de Bárcenas. La afirmación del PSOE valenciano ni siquiera tuvo respuesta. Ninguna de las otras partes realizó petición alguna.
Antes, la fiscal Concepción Sabadell había argumentado que las afirmaciones de Correa eran “genéricas” e “inconcretas” respecto a las mordidas a cambio de adjudicaciones. Sin embargo, Sabadell evitó incidir en esta cuestión durante su interrogatorio y apenas preguntó al acusado en una cuestión que, es cierto, excede esta causa y está vinculada al caso de la caja B del PP, cuyo juicio está previsto para 2017. Si las revelaciones de Bárcenas en Gürtel I sirven o no a ese pleito es algo que se verá entonces.
La Fiscalía Anticorrupción tampoco había mostrado interés en las revelaciones que, sobre los amaños en las adjudicaciones de gran obra y la financiación del PP, ofreció Correa durante los contactos establecidos en 2015, en los que el acusado buscaba obtener una rebaja en la petición de condena del Ministerio Público.
Sin interés de la Fiscalía
Fuentes conocedoras de aquella negociación frustrada aseguran a eldiario.es que la Fiscalía nunca estuvo interesada en esta variante del caso. Pedía a Correa, a través de su abogado, que se ciñera a los hechos que se investigan en esta pieza, bautizada como Primera Época por el juez Pablo Ruz.
Para negociar con los representantes de Correa, el Ministerio Público formó un grupo de cinco fiscales, las tres de Valencia y las dos de Madrid que ejercen la acusación en esta pieza principal, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás. Pero las mismas fuentes apuntan a que sus movimientos estuvieron dirigidos en todo momento por la número dos de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez, quien llegó a participar directamente en alguna de las reuniones que se prolongaron durante cinco meses.
Finalmente, Anticorrupción no accedió a las peticiones de Francisco Correa, quien a cambio de su confesión pretendía guardar una parte de los 22 millones de euros que tiene retenidos en Suiza, así como una rebaja sustancial en la petición de 125 años de cárcel que hace el Ministerio Público. Anticorrupción pensó que lo que ofrecía era poco para tan altas pretensiones. “Pedía un mundo”, declaró en su momento a eldiario.es una fuente de la Fiscalía.
De forma paralela, la defensa de Correa negociaba con las acusaciones populares, pero ese contacto se interrumpió abruptamente y sin explicaciones por parte del procesado. Correa negó este lunes tajantemente haber recibido un solo euro de nadie para que abandonara su intención de confesar.
Un cuestionario sin respuestas
El cambio de criterio de Correa cogió por sorpresa a la acusación popular. Virgilio Latorre, el abogado que representa a los socialistas valencianos, había preparado durante el fin de semana el interrogatorio al principal acusado. La afirmación de Correa de que el Ministerio de Medio Ambiente y el de Fomento en la época de Aznar habían adjudicado grandes obras a OHL, Dragados y ACS a cambio de unas comisiones de entre el 2% y el 3% para el PP, a repartir con Correar, no iba a escapar a las preguntas de Latorre.
Fuentes de la defensa de Correa aseguran que el motivo de aconsejar al acusado que no contestara a los socialistas valencianos fue no hacer distinciones entre acusaciones. Las mismas fuentes añaden que si la acusación popular hubiera formulado sus preguntas en voz alta, el abogado de Correa las hubiera reformulado durante su intervención, sin dar pie a repreguntas que complicaran la situación del acusado y su objetivo de conseguir atenuantes.
Las acusaciones populares consideran que la negativa de Correa a contestar a sus preguntas puede complicar su intención de obtener una reducción de la petición de condena por colaboración con la Justicia.
ME PARECE UN JUCIO QUE QUEDA COJO, SIN ENVESTIGAR A FONDO, UNA FARSA Y CERRARÁ EN FALSO,MAL ASUNTO PARA SANEAR LA DEMOCRACIA.
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