BRUSELAS EXIGE MÁS TRANSPARENCIA A ESPAÑA

El Gobierno acabará con los contratos públicos sin publicidad.

Bruselas exige más transparencia a cambio de no sancionar a España por el déficit público.

El Gobierno ultima la legislación para acabar con el procedimiento negociado sin publicidad, precisamente la fórmula que usaban tramas como la Gürtel para trocear contratos y evitar el control. Y lo hace bajo la presión de Bruselas, que a cambio de anular la multa por incumplir el déficit exigía que se dotase cuanto antes de mayor transparencia a la contratación pública. Entre otras medidas, se publicitarán los modificados para que otras empresas puedan impugnarlos y se creará un sistema de gobernanza de la contratación. Este será uno de los primeros paquetes que apruebe el nuevo Ejecutivo.

En la actualidad, cualquier contrato público cuyo importe oscile entre 18.000 y 100.000 euros se puede otorgar mediante el proceso negociado sin publicidad. Si se trata de obras, las cantidades suben a una horquilla entre 50.000 y un millón de euros. Por este proceso, el adjudicador busca al menos tres empresas de acreditada solvencia y negocia directamente con ellas las ofertas. Sin embargo, esta licitación carece de publicidad para que puedan acudir más postores. Y la rapidez y facilidad para negociar directamente ha provocado que este proceso prolifere en el sector público. Muchas veces por pura comodidad. Hasta el punto que la UE considera que las administraciones españolas están abusando de este modelo.

Un golpe contra la corrupción

Competencia calcula que la contratación pública asciende al 18% del PIB. Y casos como Púnica, Gürtel o Acuamed han puesto el foco sobre este ámbito. “Entiendo que es difícil porque existe la tentación de usarlo como un arma arrojadiza entre partidos. Y el impulso de Europa es el que es. Pero estamos perdiendo una gran oportunidad: si se pone en práctica un buen sistema de gobernanza de la contratación, puede ayudar mucho en la regeneración pública”, explica un experto.

“La Oficina de la Transparencia cuelga millones de datos brutos de contratos. Pero no existe nadie que tenga los recursos y la independencia para analizar esos datos e identificar los problemas. Por ejemplo, si es más caro contratar en unos ayuntamientos o comunidades que en otros y por qué. O examinar cómo se hacen los pliegos, los documentos en los que recogen las condiciones técnicas y que muchas veces entrañan barreras de entrada para otras empresas”, explica una fuente de la Administración. Y añade: “No puede ser que en la era digital controlemos la contratación pública con medios del siglo XIX. Si de verdad se constituyese un buen sistema de control tendríamos un auténtico cañón berta contra la corrupción que mejoraría la eficiencia del gasto público”.

Según las cifras que maneja la Comisión Europea, España figura como uno de los países con un porcentaje más bajo de publicidad de sus contratos públicos. Alemania, por ejemplo, también aparece en el grupo de cabeza de esta lista. Aunque muchas tramas delictivas se hayan beneficiado de este esquema, no sólo representa un problema de corrupción. A juicio de las instituciones europeas, sobre todo es una cuestión de eficiencia y calidad del gasto público. La Comisión pretende que la licitación se simplifique y se abra a la competencia, de modo que empresas de cualquier país europeo puedan competir por contratos en toda la Unión. De ahí su particular insistencia en las recomendaciones que el 8 de agosto formuló el Consejo Europeo para España a cambio de condonar la multa por incumplir el objetivo de déficit.

El Gobierno tenía prácticamente terminado el proyecto de ley que transpone la directiva europea. Pero al estar en funciones este año no ha podido sacarlo adelante, incumpliendo el plazo que vencía el pasado 18 de abril. En el Plan Presupuestario remitido el 15 de octubre, el Ejecutivo ha prometido a Bruselas que aprobará cuanto antes suprimir la contratación negociada sin publicidad. Y el PP ha presentado en el Congreso una proposición de ley para mejorar la transparencia en la contratación pública. “Es necesario crear los dispositivos adecuados para satisfacer estas obligaciones con la máxima celeridad, sobre las que el Estado español tendrá que rendir cuentas con carácter inminente el próximo 18 de abril de 2017”, reza la exposición de motivos. Tan pronto como se pueda ratificar en el Parlamento, comunidades y ayuntamientos también tendrán vetado el uso del contrato negociado sin publicidad, según dice el Gobierno en el Plan enviado a la Comisión.

En la actualidad, cualquier contrato público cuyo importe oscile entre 18.000 y 100.000 euros se puede otorgar mediante el proceso negociado sin publicidad

Impugnaciones

Pero estos planes no solo erradican los contratos negociados sin publicidad. También obligan a que se publiciten todos los modificados en la obra pública, unas ampliaciones del proyecto que solían encarecerlo. La idea consiste en que se publiquen estos modificados para que las empresas de la competencia puedan impugnarlos si los juzgan abusivos. El texto legal contempla, además, facilidades para el acceso a las pymes; penalizar a las empresas morosas; introducir estándares sociales y medioambientales; imponer esta misma norma de contratación a partidos políticos, sindicatos y patronales, o limitar las bajas temerarias al 2,5% del precio medio, algo que los expertos critican por eliminar la competencia a precio.

Entre estas iniciativas, destaca la creación de un sistema de gestión de la contratación pública. En su análisis de agosto, la Comisión pone énfasis en la falta de controles ex ante y ex post. Con independencia de la labor de los interventores y el Tribunal de Cuentas, el Ejecutivo comunitario pide algo más: “La ausencia de un cuerpo independiente a cargo de asegurarse la eficiencia y el cumplimiento legal en el aprovisionamiento público de todo el país dificulta la implementación adecuada de las reglas de contratación y puede crear oportunidades para el delito”.

Ante estas reclamaciones, el Gobierno de Rajoy ha brindado a un órgano ya existente la responsabilidad de supervisión: la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, un órgano de Patrimonio del Estado y, por lo tanto, dependiente de Hacienda. Este se encargará de elaborar el Plan Nacional de Supervisión y de coordinarse con el resto de administraciones. Sin embargo, varios expertos lamentan que este sistema sea poco ambicioso y se quede por debajo de lo que exige la directiva. “Bruselas en realidad reclama una autoridad que tenga la independencia suficiente y poderes para poder actuar. Algo que no ocurre si depende del Ministerio” subraya uno de los expertos consultados.

ES BASTANTE VERGONZOSO QUE BRUSELAS NOS TENGA QUE PONER COLORADOS, POR  LA FALTA DE TRANSPARENCIA.