BRUSELAS EXIGE A ESPAÑA UN AJUSTE DE 10.000 MILLONES

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones, en La Moncloa.

Bruselas exige a España un ajuste de 10.000 millones hasta 2017

El 27 de julio se conocerá la sanción por el déficit, con una multa benevolente y la congelación de 1.100 millones en fondos

Europa quiere un interlocutor en La Moncloa. La inestabilidad política en Madrid es solo uno más del ramillete de problemas de la UE, pero el calendario es muy exigente con España y requiere algo más que un Gobierno en funciones para lidiar con un curso complicado. España estrenará en 10 días las sanciones por el déficit, con una multa benevolente y la congelación de 1.100 millones en fondos. Y eso es casi lo de menos: la política económica quedará bajo tutela de la UE por segunda vez en cuatro años. Bruselas exigirá un ajuste de 10.000 millones, reclama un presupuesto austero y hará un duro examen trimestral. “Europa no está en el debate, en las negociaciones para formar Gobierno; pero las reglas fiscales condicionarán el próximo año”, avisan fuentes europeas.

Los ‘think tanks’ subrayan los riesgos políticos

“El retraso en la formación de Gobierno en España y un Ejecutivo portugués desafiante pueden crear riesgos para la eurozona”, concluye un análisis reciente de Federico Santi, del laboratorio de ideas Eurasia Group. La mayoría de los think tanks europeos destacan a España como potencial riesgo en Europa por la inestabilidad política. Incluso la Comisión Europea lo hace en sus últimos informes.
Si Mariano Rajoy no consigue apoyos, Eurointelligence ve posibilidades de elecciones el 27 de noviembre o “un Gobierno en funciones en un limbo de cuatro años”. Daniel Gros, director del Centro para Estudios Políticos de Bruselas (CEPS), apunta que España “es ahora el menor de los problemas de la UE: crece, aunque es vulnerable por la elevada deuda externa”. “Italia o la crisis migratoria son problemas mayores, aunque hay frustración en Europa por las dificultades para formar Gobierno. Pero al final habrá acuerdo y el nuevo Ejecutivo hará los ajustes necesarios”.

Brexit, terrorismo, populismo, crisis bancarias y crecimiento bajo mínimos tras casi una década de Gran Recesión: Bruselas hubiera preferido otra cosa para el próximo curso político, pero no le queda más remedio que estrenar con España —y Portugal— el procedimiento de sanciones. “Las reglas son las reglas”, repiten las instituciones con indiscutible acento alemán. Berlín presiona para enviar una señal fuerte al resto de Europa: España era hasta hace poco el alumno modelo y crece al 3%, pero ha incumplido sus compromisos fiscales y presenta el segundo déficit más abultado de la UE. Las sanciones son lo de menos. Bruselas tomará las riendas de la política económica, con una nueva senda fiscal que requiere un presupuesto austero en otoño y exámenes trimestrales para controlar que, esta vez sí, el Gobierno aprueba medidas efectivas. Ese es el problema: no hay Gobierno aún, medio año después del 20-D. Y España “necesita un Ejecutivo capaz de presentar una corrección presupuestaria convincente”, según fuentes europeas.

La UE concluyó esta semana que España no tomó, deliberadamente, medidas para cuadrar las cuentas. Y Bruselas presentará una propuesta de sanción el 27 de julio, tras recibir con escepticismo las alegaciones españolas. Madrid pretende sacar 2.500 millones de la lucha contra el fraude y el menor pago de intereses, y anuncia como medida estrella un endurecimiento del impuesto de sociedades: 6.000 millones más. Pero el ministro Luis de Guindos también juró y perjuró en 2015 que cumpliría los objetivos de déficit. La Comisión no se fía: demasiadas promesas rotas. Bruselas sabe que la reforma de sociedades es un enjuague contable. Quiere más. Y con las reglas en la mano tiene poderío para exigir más.

Las sanciones serán simbólicas: una “multa benevolente”, según fuentes diplomáticas, y la congelación de 1.100 millones en fondos europeos, según fuentes comunitarias. Pero lo esencial será la fijación de una nueva senda fiscal, con un año extra y un nuevo tijeretazo a la vista.

Bruselas reclamará un déficit del 3,9% este año (algo menos duro que la anterior cifra) y del 2,5% en 2017 (idéntico a la anterior). Esa suavización es solo aparente: la Comisión exigirá un ajuste estructural (sin contar con los efectos del ciclo expansivo) de 10.000 millones, según las fuentes consultadas; eso son 2.000 millones más que hace tres meses por la caída de la recaudación. Bruselas puede incluso especificar las medidas de ajuste, pero la Comisión se decanta por no explicitar los recortes para dejar algo de margen al próximo Ejecutivo en el diseño de las cuentas públicas. Lo que sí queda claro es que España no tiene margen para nuevas aventuras de rebajas de impuestos como las prometidas por Mariano Rajoy en campaña. Cada tres meses habrá un informe con las medidas efectivas aprobadas: el primer análisis llegará en octubre, con el proyecto de Presupuestos, y ahí tiene que haber ya recortes contantes y sonantes. Suspender esos exámenes trimestrales puede acarrear multas aún mayores, y un control más férreo.

Meses complicados.

Sin Gobierno por el momento, vienen meses complicados para España en Europa, aunque el debate europeo brille por su ausencia en las negociaciones entre partidos. Los riesgos se acumulan en el continente: el contagio financiero y político del Brexit está siendo contenido, pero la corrección fiscal forzada en el sur aumentará los riesgos políticos en España y Portugal, incluso en Francia —con elecciones en 2017— e Italia, con una peligrosa crisis bancaria y una potencial crisis política en función del resultado del referéndum constitucional en otoño.

El Banco Central Europeo está en plena refriega con Alemania. La crisis de seguridad vuelve con el atentado en Niza. El golpe de Estado fallido en Turquía siembra dudas sobre la crisis migratoria y las sanciones a Rusia pueden exponer divisiones de los socios. Sin Ejecutivo, España carece de voz. Y difícilmente puede influir en lo que más le afecta: el procedimiento de infracción. España cuenta con una baza: el fuerte crecimiento no se ha detenido pese a la falta de Gobierno. Pero, sin Ejecutivo, con un paro elevado y la persistente vulnerabilidad fiscal, España se expone a un cruce de virus que puede llegar en otoño con líos en Italia, Portugal y las secuelas del Brexit.

El pinchazo inmobiliario le costó a España un rescate bancario. El pinchazo fiscal y la falta de Gobierno le van a costar una suerte de segundo programa: de nuevo bajo tutela, los compromisos con Bruselas condicionarán la próxima legislatura.

¿DE DÓNDE VAN SALIR LOS RECORTES?