PROCESO A CHAVES Y GRIÑÁN

El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, este lunes

El juez de los ERE procesa a Chaves y Griñán por prevaricación.

El magistrado Álvaro Martín cierra la rama política de la macrocausa y manda al banquillo a los expresidentes. andaluces. El instructor acusa a Griñán de malversación

El juez Álvaro Martín ha emitido este miércoles el auto de procesamiento para los expresidentes de la Junta andaluza Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros 24 ex altos cargos del Gobierno en la rama política del caso ERE. Chaves está encausado por un delito continuado de prevaricación y Griñán por prevaricación continuada en concurso medial con malversación de caudales públicos. Ambos se han dado de baja en el PSOE. De los 48 investigados más, la mitad no afrontará juicio. El magistrado cierra así la investigación tras cinco años de pesquisas y cuatro jueces que han señalado a la cúpula del anterior Ejecutivo socialista. A solo 26 días de las elecciones, el procesamiento de los dos dirigentes históricos del PSOE -que fueron ministros y presidentes federales del partido y que ahora se sentarán en el banquillo de los acusados— puede dañar a los socialistas en su principal bastión para el 26-J, Andalucía.

La anterior cúpula del Gobierno andaluz ha sido encausada, y junto a los expresidentes afrontan el banquillo seis exconsejeros: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo. Además, están señalados cinco viceconsejeros, dos secretarios generales, cuatro directores generales y otros seis cargos directivos de la Administración, entre los que destacan el ex interventor general Manuel Gómez y el jefe de los servicios jurídicos, Francisco del Río.

El instructor finaliza con su auto la rama que analiza el procedimiento de pago de los ERE, un fondo para empresas en crisis dotado por la Junta andaluza con 855 millones entre 2001 y 2010. Ahora las acusaciones y defensas presentarán sus calificaciones de delitos y plantear las penas antes de que se celebre el juicio previsiblemente en 2017.

Tanto Chaves como Griñán, de 71 y 69 años y jubilados, abandonaron la vida política hace un año tras su imputación en el Tribunal Supremo, y ahora afrontan un futuro judicial en el que se juegan una mancha que oscurecería toda su carrera política. El de hoy es solo el primer paso de un largo recorrido judicial con parada en la Audiencia de Sevilla, que celebrará el juicio, y final en el Supremo tras los recursos de defensas y acusaciones.

Para Chaves, la prevaricación administrativa no contempla pena de cárcel, sino inhabilitación para cargo público, y ya está retirado de la primera línea política. Sin embargo, Griñán y otros 17 ex altos cargos encausados por malversación afrontan una posible condena de entre cuatro y ocho años de cárcel. El juez les acusa de conocer los informes de la Intervención General de la Junta que advertían de que desde la Consejería de Empleo se estaba otorgando "ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento, e incumpliendo las garantías y fines propios de las ayudas y subvenciones a las que se destinaban aquellas partidas, y no hicieron nada para evitarlo".

El auto abunda: "No era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve en el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos". Esta persona fue Javier Guerrero, director general de Trabajo y responsable de la mayoría de las subvenciones concedidas. El juez censura su actuación: "Esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía".

Esta pieza clave que se acaba de cerrar marcará el destino de las otras que incluye la macrocausa —con un total de casi 300 imputados—, y su resolución en Sala afectará a las penas o absoluciones de muchos de los políticos y técnicos implicados por las diferentes ayudas —más de 200— concedidas desde 2001 por el Gobierno andaluz. Cuando acudieron a declarar ambos expresidentes se ratificaron en su declaración ante el Supremo, en la que ambos rebatieron la mayor: la ilegalidad del fondo de los ERE.

La juez Mercedes Alaya señaló a los principales líderes del Gobierno andaluz como responsables ya en 2012, y posteriormente el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro compartió su tesis de la prevaricación pero descartó la malversación. Más tarde, el caso regresó a finales de 2015 a Sevilla tras perder los expresidentes su aforamiento en el Congreso y el Senado, y la juez María Núñez compartió brevemente este criterio hasta que varios meses después designó a Martín, su juez de refuerzo, al frente de la pieza clave de la macrocausa.

ESTABA VISTO, PERO POR QUÉ AHORA SI Y ANTES NO¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESTO?