PARAÍSOS FISCALES SON EL RESULTDO DEL DESGOBIERNO INTERNACIONAL

Paraísos fiscales: un país y dos realidades.       

Son el resultado del desgobierno internacional y la debilidad nacional. Es un auténtico problema sistémico que permite trasladar artificialmente beneficios y capitales de grandes fortunas y empresas lejos de las arcas públicas de la mayoría de los países. Y la solución a este desgobierno no puede ser una amnistía fiscal.

Hasta 2013, casi la mitad de la contratación pública gestionada por el Ayuntamiento de Madrid (un 45,5%) se dirigió a empresas con amplia presencia en paraísos fiscales, pero que sin embargo no estaba directamente vinculada o justificada por su actividad principal.

No hace ni dos meses que los Papeles de Panamá coparon todos los titulares de la prensa internacional, llevándose de por medio a unos cuantos políticos y provocando un hervidero de reacciones políticas. Ahora tenemos un nuevo escándalo fiscal, los “Papeles de la Castellana”, que pone otra vez nombre y apellidos tanto a quienes utilizan como a quienes facilitan estas prácticas. Los paraísos fiscales siguen siendo el gran agujero negro de las finanzas internacionales de las que grandes fortunas y empresas se sirven para pagar menos impuestos.

Los paraísos fiscales son tóxicos e improductivos. Todo lo que se escapa por esta vía lo pagamos los ciudadanos, es una perversión bochornosa del modelo social. Cuando merman los recursos públicos, se estrecha la capacidad del Estado de invertir en políticas públicas vitales para reducir la pobreza y la desigualdad o para garantizar la dignidad de las personas.

Dentro del entorno europeo, España es uno de los países con menor capacidad recaudatoria (un 8% por debajo del promedio). Pero al mismo tiempo el nivel del fraude fiscal, la evasión y la elusión son mucho más elevadas. Un país con dos realidades. Para la gran mayoría de los ciudadanos es como estar atrapado en un doble rodillo agravado con la crisis: el mayor esfuerzo fiscal se ha traducido en una menor cobertura social del Estado. Desde el 2007, los ciudadanos españoles destinan un 37,2% más a gasto en educación como resultado de la política de recortes sufrida, el aumento de las tasas universitarias o la retirada de ayudas en materiales como libros para los alumnos con menores recursos.

El impacto también se resiente en la calidad de la sanidad pública española con el cierre de plantas hospitalarias, la reducción en la contratación y el empeoramiento de las listas de espera o del ratio de camas por persona. Y mientras el gasto público en salud per cápita se ha reducido en 250 euros por año desde el principio de la crisis, la ciudadanía española tiene que pagar entre 800 y 1.000 euros al año en impuestos a causa del fraude fiscal.

La secuela de este largo proceso de recortes ha sido la privatización de servicios públicos como la sanidad. Por eso los “Papeles de la Castellana” nos golpean duro, porque nos revelan un sistema aún más perverso en el que parece que el Estado se da por vencido por partida doble. No solo los impuestos de los ciudadanos alimentan un modelo que rompe con el principio de equidad, sino que además los que se benefician de estos fondos públicos aparecen vinculados a tramas de evasión y paraísos fiscales.

La contratación pública representa ya un 18,5% del PIB de nuestro país. Hay una responsabilidad, también fiscal, en cómo se usan estos recursos. El Estado no puede ni debe alimentar la rueda de la evasión y elusión fiscal con contratos públicos destinados a empresas que se aprovechan de las debilidades del sistema fiscal, para después fugar los beneficios a paraísos fiscales. Se trata de una contradicción absoluta. Hasta 2013, casi la mitad de la contratación pública gestionada por el Ayuntamiento de Madrid (un 45,5%) se dirigió a empresas con amplia presencia en paraísos fiscales, pero que sin embargo no estaba directamente vinculada o justificada por su actividad principal. Algunos ayuntamientos y comunidades autónomas están ya poniendo medidas para convertirse en lo que desde Oxfam llamamos “Zonas Libres de Paraísos Fiscales”. Más allá de una mera declaración institucional, se trata de incorporar el compromiso de incluir en sus reglamentos o políticas de contratación los criterios necesarios para diferenciar a las empresas que concurren a las convocatorias de contratación según su grado de responsabilidad fiscal. No obstante, y visto lo visto, ¿porqué no también una “Sanidad Pública Libre de Paraísos Fiscales”?

Los paraísos fiscales son el resultado del desgobierno internacional y la debilidad nacional. Es un auténtico problema sistémico que permite trasladar artificialmente beneficios y capitales de grandes fortunas y empresas lejos de las arcas públicas de la mayoría de los países. Y la solución a este desgobierno no puede ser una amnistía fiscal. El propio ministro Montoro reconocía (sin dar nombres) que muchos de los implicados en los Papeles de Panamá se habían acogido antes a la amnistía fiscal o “regularización extraordinaria” si se prefiere. También lo hicieron los de los “Papeles de la Castellana”. Retomar el control de la responsabilidad fiscal en la contratación pública puede ser un paso definitivo que devuelva la confianza a la ciudadanía.
LOS GOBIERNOS SON CÓMPLICES Y PARTÍCIPES DE LOS PARAÍSOS FISCALES, TODOS TIENEN INTERESES EN ELLOS Y DINERO. NUNCA VAN A DESAPARECER, SON LOS SACOS DE LOS LADRONES A BUEN RECAUDO.