OFENSIVA EN FRANCIA CONTRA LOS SUELDOS MILLONARIOS

Ofensiva en Francia contra los salarios millonarios de los grandes ejecutivos

El Gobierno de Hollande amenaza con legislar y la patronal reacciona modificando mínimamente su código de buenas prácticas

El Gobierno francés se está planteando recuperar una de las promesas de su campaña electoral de 2012: limitar de alguna manera las remuneraciones de los directivos de grandes empresas. El gabinete de François Hollande amenaza con legislar ante el alza desatada de los salarios millonarios de los principales ejecutivos del país. El Partido Socialista ha aprobado una enmienda parlamentaria en ese sentido y cuarenta personalidades, entre la que hay destacados políticos de la formación del gobierno, han suscrito un llamamiento para imponer un salario máximo. La patronal ha reaccionando revisando su código de buenas prácticas para evitar normas más restrictivas.

Los principales directivos del CAC 40, el Ibex francés de las cuarenta mayores empresas que cotizan en bolsa, percibieron una remuneración anual media de 2,34 millones de euros anuales en 2015, según el rotativo económico Les Echos. En un contexto de estancamiento de la economía y un alto índice de paro (10%), en Francia hay una rebelión abierta contra los salarios millonarios. Entre los firmantes del llamamiento a limitar a 1,75 millones los emolumentos (cien veces el salario mínimo) que ha publicado el periódico Libération figuran personalidades de la izquierda radical, pero también pesos pesados del Partido Socialista ahora en el Gobierno.

Suscriben el escrito, que cuenta ya con más de 5.500 firmas, Claude Bartolone, presidente de la Asamblea Nacional, Jean-Christophe Cambadélis, primer secretario del PS, y Anne Hidalgo, alcaldesa de París. En el escrito, los firmantes piden al Gobierno que legisle para frenar el aumento de los salarios de los directivos, que son hoy en Francia, dicen, 120 veces el salario medio francés frente a 40 veces el salario medio cincuenta años atrás.

Renault, origen del escándalo

• El caso de Carlos Ghosn, presidente y director general de Renault, ha motivado la rebelión contra los salarios millonarios
• Ghosn ganó el año pasado 7,2 millones a los que se suman 8 por presidir Nissan
• La asamblea general de Renault (20% de las acciones son del Estado) rechazó el 29 de abril el salario de Ghosn. El Consejo de Administración lo confirmó inmediatamente
• Carlos Tavares, patrón de PSA (Peugeot-Citröen) también está en el punto de mira con su salario de 5,25 millones. El Estado tiene el 13,68% de las acciones
• Los ingresos de los principales ejecutivos de Francia aumentaron en 2015 un 4% respecto al año precedente
• La parte variable del sueldo es la que más aumenta en los últimos años mientras que la fija queda estable
• El presidente y director de Publicis, Maurice Lévy, ha renunciado a su parte fija, pese a lo cual el año pasado ganó 3,9 millones, un 38% más que el año precedente

Advertencia a la patronal

La novedad de la petición no estriba solo en la condición de algunos de los firmantes. El presidente, François Hollande, ha amenazado con legislar. También lo ha hecho su ministro de Economía, Emmanuel Macron. Ante la advertencia, la patronal ha reaccionado para evitar una norma restrictiva. Esta misma mañana, las dos principales organizaciones empresariales (Medef y Afep), han anunciado una revisión del código de buenas prácticas para que la opinión de los accionistas sobre el sueldo de los directivos sea imperativa.

No es eso exactamente lo que exige la enmienda que se debatirá a principios de junio en el marco de la ley de transparencia de la vida económica y que apoya el Partido Socialista en el Gobierno. En ella se pide que la opinión de la asamblea general de las empresas sea vinculante, lo que según los expertos tampoco frenaría los salarios millonarios. Este miércoles, los accionistas han aprobado con el 91% de los votos el aumento de los ingresos del presidente-director general de Capgemini, Paul Hermelin, hasta los 4,8 millones de euros anuales.

Pero la práctica obligatoria de informar sobre los emolumentos de los máximos directivos de las grandes empresas alimenta el escándalo de los sindicatos, de los ciudadanos y del propio Gobierno. Es el llamado say on pay establecido en varios países.

La disputa establecida en Francia sobre el valor del voto de los accionistas ha venido servida por la tormenta desatada en torno a Carlos Ghosh. Por vez primera, la asamblea general de Renault, la firma de la que es presidente y director general Ghosn, ha rechazado con el 54% de los votos la remuneración total del directivo. Por todos los conceptos a Ghosn le ha adjudicado el fabricante de automóviles 7,2 millones correspondientes al año 2015. La opinión de la asamblea de los accionistas no es, sin embargo, vinculante, por lo cual el Consejo de Administración de Renault ha confirmado inmediatamente dicho salario. Se da la circunstancia de que Ghosn percibe otros 8 millones por encabezar la firma Nissan, fusionada con Renault en 1999. Suma, por tanto, el ejecutivo 15 millones de ingresos anuales.

El Estado, accionista de referencia de Renault, lleva años insistiendo, sin éxito, en la necesidad de reducir el salario de Ghosn. En su lugar, este aumentó en un 167% el año pasado con respecto al anterior. El escándalo del voto de los accionistas ha soliviantado enormemente al ministro de Economía Emmanuel Macron, que ha exigido sentido de la responsabilidad al directivo.

La idea que defiende la enmienda parlamentaria de respetar el voto de la asamblea general de cada empresa cotizada se abre camino incluso entre los grandes patronos. “Para mí, que el voto sea consultivo o no, cuando una asamblea general se pronuncia se le debe escuchar. Es una cuestión de democracia accionarial”, ha dicho el presidente y director general de Total Patrick Pouyanné.

François Hollande prometió en su campaña electoral limitar las remuneraciones de los dirigentes de las grandes empresas restringiendo el uso de los bonos y las stock options. No lo logró, como tampoco pudo imponer el impuesto del 75% a las grandes fortunas, rechazado por los tribunales. Su gobierno sí que ha limitado, sin embargo, los salarios de los directivos de las empresas públicas, que no pueden superar los 450.000 euros anuales. Macron es contrario a una regla similar para las firmas privadas.

SE DEBE PONER LÍMITE A LOS SUELDOS ESCANDALOSOS EN TIEMPOS DE CRISIS Y ESPAÑA TAMBIÉN LO DEBE DE HACER.