El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El Gobierno devolverá este mes a los funcionarios el 50% de la paga extra
El Ejecutivo comunica a los sindicatos, según CSIF, que hará efectivo el pago pendiente suprimido en 2012 con un pago al margen de la nómina
El Gobierno devolverá en las próximas semanas la mitad de la paga extra suprimida en 2012 y que aún estaba pendiente a todos los funcionarios de la Administración General del Estado y a los del Ministerio de Justicia. Según señala el sindicato CSIF en un comunicado, así se lo ha trasladado esta misma mañana la Dirección General de la Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La devolución ya estaba prevista en los Presupuestos de 2016, aunque no había fecha prevista para la entrega.
Los sindicatos CC OO y UGT se han felicitado de la devolución a los funcionarios de casi el 50% de la paga extra de Navidad que aún quedaba pendiente, pero han acusado al Gobierno de haber iniciado la campaña electoral con esta medida, que ha comunicado a los sindicatos telefónicamente.
El coste de la devolución de casi el 50% de la extra pendiente puede rondar los 450 millones de euros, dado que para la devolución del 25% el Estado destinó unos 230 millones de euros. CSIF, sin embargo, ha calculado que beneficiará a unos 227.000 empleados públicos, que recibirán una media de 750 euros por persona, por lo que, según este sindicato, la medida tendrá un coste aproximado de unos 547 millones de euros. El pago no irá incluido en la nómina, sino que se hará un abono aparte, según fuentes de Hacienda han señalado a EFE. El Ministerio no ha querido confirmar oficialmente el pago de la extra ni tampoco si se hará de golpe todo el abono del 50% o en dos partes.
El coste de la devolución de casi el 50% de la extra pendiente puede rondar los 450 millones
El Gobierno anunció en 2012 la supresión de una paga extra (la correspondiente a esa Navidad) a los funcionarios dentro de un paquete que incluía también una rebaja de días libres para este colectivo y una subida general del IVA al 21%. Para justificar el recorte en las Administraciones, Mariano Rajoy argumentó que era necesario revisar la función pública y adaptarla a la difícil coyuntura económica.
Al aprobar la medida, el Gobierno ya dijo que trataría de restituir esa paga suprimida a partir de 2015. En enero del año pasado se aprobó la devolución de un 25%, que se pagó en verano. El pasado mes de septiembre, el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, avanzó que se pagaría otro 26,2% de ese salario pendiente. Ante las críticas de si se trataba de una medida electoralista (las elecciones generales fueron en diciembre), defendió que solo asumían la promesa que hicieron tres años atrás de devolver el dinero.
¿Qué pasa con el resto de empleados públicos?
La medida no afecta a todos los empleados públicos o funcionarios, sino a los funcionarios de la Administración General del Estado y a los del Ministerio de Justicia. ¿Qué ocurre con el resto de empleados que también vieron recortada su paga extra aquel año? Depende de dónde trabajen.
En el caso de las comunidades, los pagos han ido variando: Extremadura ya lo ha devuelto todo. La Rioja abonó lo que le faltaba el pasado 23 de marzo. Asturias y Baleares pagaron el tercer plazo del 25% en enero. Navarra va por detrás, y pagó el segundo. Andalucía solo ha abonado el primer cuarto al inicio de este año. Y la Comunidad de Madrid, que pagó en enero el tercer 25%, se comprometió a abonar antes de octubre el último 25%.
Los ayuntamientos y las diputaciones también han seguido distintos tiempos y porcentajes. En los últimos meses, se han aprobado pagos en Madrid, Valencia, Tenerife, las Palmas, Santander, entre otros muchos. pero quedan todavía diputaciones y municipios con estos abonos congelados.
Enfado sindical por el "electoralismo" de la medida
El sindicato CSIF atribuye ahora la devolución del pago a las "gestiones intensificadas" en los últimos meses para que el Gobierno cumpliera con su compromiso. No obstante, dicen que no están totalmente satisfechos con la medida, ya que todavía hay comunidades autónomas y ayuntamientos que tienen pendiente dicha devolución, por lo que piden que se universalice en todos los niveles de la función pública, como sucedió cuando se eliminó.
En un comunicado, CC OO criticó "duramente" la forma de proceder del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y le acusó de "pisotear" la negociación colectiva a la que tienen derecho los empleados públicos. "Y además, decreta el inicio de la campaña electoral, aunque tenemos serias dudas de que alguien les vaya a dar su voto porque les devuelven lo que les había quitado", subrayó. "UGT denuncia que, nuevamente, el Gobierno del Partido Popular instrumentaliza a los empleados públicos: sus nóminas y sus derechos, para sacar un mayor rédito electoral", subrayó en un comunicado también el otro sindicato.
ES UN GESTO MERAMENTE ELECTORALISTA. DELVUELVE LO QUE LES CORRESPONDE.
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