LOS POBRES VIVEN ENTRE BASURA EN MADRID

Basura esparcida en el pavimento de una calle del centro de Madrid el pasado 10 de enero

Madrid gasta en limpiar los distritos ricos casi el doble que en los pobres

Carmena exige a las empresa que aumenten un 25% el gasto por habitante.

El Ayuntamiento de Madrid destina casi el doble de dinero a limpiar algunos distritos de la capital respecto a otros, como consecuencia de los contratos licitados por el Partido Popular en 2013. Eso, en opinión del actual gobierno municipal, presidido por Manuela Carmena (Ahora Madrid), incide en que haya barrios más sucios que otros. En cualquier caso, la concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés, ha admitido que, en general, la ciudad sigue sin alcanzar los niveles mínimos de limpieza.

Para resolver este "problema", el Ayuntamiento ha anunciado este jueves un plan de vigilancia en los puntos negros de forma que se evite, o bien "el incivismo" de comercios o ciudadanos que dejan las bolsas de basura junto a contenedores de reciclaje, o bien la falta de celo de las empresas destinadas a limpiar esas zonas. Además, quiere pactar con todos los partidos políticos la forma de acabar con este desequilibrio territorial en la limpieza de las calles y parques de la ciudad, algo que, aunque haya consenso político, será complicado sin el acuerdo de las empresas concesionarias porque, ha admitido Sabanés, la ley lo impide. El Ayuntamiento quiere que las empresas gasten un 25% más de media. En 2009, el gasto total en limpieza viaria era de 228,2 millones de euros; en 2015 son 153,7 millones.

Diferencias entre distritos

En primavera de 2013, la anterior alcaldesa, Ana Botella (Partido Popular), acumuló 39 servicios públicos (entre ellos, la limpieza viaria y el cuidado de parques) en un solo contrato, y lo licitó por un plazo de 10 años y 2.317 millones de euros (un 10% menos del coste hasta entonces de esos servicios para el Ayuntamiento). La competencia entre empresas por lograr el contrato rebajó aún más el precio, hasta 1.944 millones, lo que supuso un ahorro total del 23,7% para las arcas municipales.

El contrato está dividido en seis lotes. El lote 1 comprende los distritos de Centro, Tetuán y Chamberí, y el barrio de Argüelles; se adjudicó con un descuento económico del 22% respecto al contrato anterior. Lo ganó Ferrovial. Desde 2013, la plantilla destinada a limpiar las calles en esta zona ha descendido de 1.277 trabajadores a 1.196 (más o menos dos tercios en días laborables y el resto en fines de semana y festivos). Este lote es el que más dinero recibe del Ayuntamiento porque incluye la zona centro, que por la afluencia extraordinaria de personas precisa de un servicio más exhaustivo. En concreto, se gastan 74 euros por habitante al año. Según la superficie de calzadas y aceras que hay que limpiar, el gasto es de 8 euros por metro cuadrado.

La basura también es un problema

La concejal de Medio Ambiente ha relacionado por primera vez el estado de limpieza de la ciudad, que en principio dependería del contrato de limpieza viaria (y del trabajo de los barrenderos), con el contrato de recogida de residuos urbanos (los basureros). En concreto, ha puesto la mira en el contrato adjudicado a finales de 2014, con un año de duración, para la recogida de basura en los distritos periféricos, asegurando que se están produciendo "problemas de calidad en la recogida". La causa sería el uso de camiones "ya amortizados", es decir, demasiado viejos y con frecuentes averías, debido a que la escasa duración del contrato (un año) no hace rentable comprar otros nuevos.

El lote 2 corresponde a Arganzuela, Retiro, Salamanca y Chamartín. Lo obtuvo Sacyr con un descuento del 25%. Se ha pasado de 1.308 trabajadores a 615 entre semana y 251 sábado y domingo. Se gastan 55,2 euros por habitante (un 30% menos que en el lote 1) al año; por metro cuadrado son 3,8 euros al año.

El lote 3 cubre Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca (menos el barrio de Argüelles) y Latina; lo ganó Sacyr con un descuento del 32%. Se ha pasado de 1.013 trabajadores a 453 de lunes a viernes y 185 en fines de semana. Se gastan 46 euros por habitante al año (un 38% menos que en el lote 1); por metro cuadrado, son 2,35 euros al año (un 71% menos que el lote 1).

El lote 4 lo ganó OHL con un descuento del 26%; corresponde a Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas. Se ha pasado de 1.015 trabajadores a 506 entre diario y 201 en fines de semana. Se gastan 40,4 euros por habitante al año (un 45% menos que en el lote 1); por metro cuadrado, son 2,2 euros al año.

El lote 5 comprende Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro; lo logró FCC con un descuento del 23%. Se ha pasado de 829 trabajadores a 421 en días laborables y 173 en sábados, domingos y festivos. Se gastan 40 euros por habitante al año; por metro cuadrado, son 2,2 euros al año.　

El lote 6 lo obtuvo también FCC (con un descuento del 22%); se corresponde con Carabanchel, Usera y Villaverde; y ha pasado de 772 trabajadores a 368 en días laborables y 150 los fines de semana. Se gastan 36,3 euros por habitante al año (un 51% menos que en lote 1); por metro cuadrado, son 2,45 euros al año.

Resolución de los contratos

El promedio de gasto en toda la ciudad es de 48 euros por habitante al año, o de 3,5 euros por metro cuadrado al año. Pero las diferencias de presupuesto por distritos, incluso sacando de la ecuación al lote 1 por las particularidades del centro histórico, se aproximan al 50% en el gasto por habitante. Así, por ejemplo, entre Carabanchel, Usera y Villaverde (tres de los distritos con menos renta por habitante de la ciudad) y Arganzuela, Retiro, Salamanca y Chamartín (más boyantes económicamente), la brecha supera el 44%.

Sabanés ha denunciado esta mañana que sí hay una relación entre el monto de la inversión y el estado final del distrito, lo que va en perjuicio de aquellos donde menos dinero se gasta. Pero incluso en el lote 1 y en el distrito Centro, el de mayor presupuesto, "hay elementos de preocupación". En su opinión, es una "grave negligencia" que atribuye al gobierno de Ana Botella y que debería resolverse con el acuerdo de todos los grupos políticos, para lo que ha anunciado la convocatoria de un pleno extraordinario. El consenso es imprescindible porque, ha recalcado, la ley estatal impide modificar un contrato más allá de lo que se permita en sus propios pliegos de condiciones. Eso sólo deja dos vías de acción: llegar a un acuerdo con las empresas, o forzar una acción legal que, a nivel político, requeriría de consenso.

Aún así, el gobierno municipal afirma: "Si la situación permanece y se halla base jurídica para concluir que este modelo de gestión, y los contratos que de este se derivan, no pueden cumplir con los objetivos, se podría iniciar la resolución de los contratos, ante la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato o acuerdo entre las partes".

Sabanés, que ha calificado estos contratos integrales como "desastres integrales", considera que hay que dotar todos los lotes "al alza", hasta alcanzar una cobertura mínima de 60 euros por habitante. Eso supondría casi duplicar el gasto en algunos distritos y, de media, elevar 12 euros el gasto por habitante, es decir, un 25%.

Eliminación definitiva de los ERTE

"En paralelo", la concejal de Medio Ambiente ha insistido en la necesidad de eliminar definitivamente los expedientes de regulación de empleo que pesan sobre parte de la plantilla de barrenderos. En otoño de 2013, apenas unas semanas después de obtener los contratos, tres de las cuatro concesionarias (OHL, Sacyr y FCC) anunciaron un expediente de regulación de empleo para reducir un 15% su plantilla. Una huelga de 13 días frenó los despidos a cambio de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de 45 días al año. Eso supuso una reducción del 12,3% de los trabajadores en las calles, que se sumó al resto de recortes emprendidos por las empresas. En total, desde 2013 la cifra de barrenderos de la capital cayó un 38%.

FCC ha eliminado ya el expediente de regulación de empleo de forma definitiva, y además ha contratado a otras 120 personas como refuerzo, fruto de las presiones del Ayuntamiento. Pero OHL y Sacyr reactivaron el ERTE durante las Navidades pese a las advertencias del gobierno municipal y el trabajo extraordinario de esas fechas. A día de hoy, esos ERTE ya no se aplican, pero tampoco han sido eliminados de forma definitiva, que es lo que piden tanto el Ayuntamiento como los sindicatos. Ferrovial ha contratado a 25 trabajadores más, que sumados a los refuerzos de OHL y Sacyr alcanzan las 150 altas. En total, hay 500 trabajadores más en las calles, según Sabanés, fruto de estas contrataciones y de la cancelación de los ERTE. Pero siguen siendo alrededor de un 30% menos que hace dos años.

El Ayuntamiento ha sumado a 122 trabajadores a las tareas de inspección (para comprobar que las empresas limpian efectivamente las calles). En el nuevo contrato, el gobierno de Ana Botella dejó de exigir una plantilla mínima, y en su lugar pasó a controlar la labor de las empresas a través de 68 indicadores (que no haya pintadas en las paredes, que las papeleras no rebosen, que las calles se baldeen cada noche). En caso de incumplirse los niveles mínimos de calidad, se imponen sanciones de hasta el 20% del pago comprometido por el servicio.

El problema es que, según el gobierno municipal, harían falta al menos el doble de los 155 inspectores que hay actualmente para llevar a cabo una vigilancia adecuada del cumplimiento de los contratos. Desde la entrada en vigor de los contratos, en verano de 2013, las empresas concesionarias han dejado de ingresar 15,8 millones de euros por estas sanciones. Pero el Ayuntamiento no ha invertido ese dinero en reforzar la limpieza sino en amortizar deuda municipal, puesto que la normativa no le permitía hacerlo.

Vigilancia extra en los puntos negros 

"Con carácter inmediato", el Ayuntamiento ha puesto en marcha un "dispositivo especial" de vigilancia en zonas determinadas, calificadas como "puntos negros", en los que "sabemos que se están generando acumulaciones de residuos impropios". En concreto, Sabanés se refiere a basura abandonada junto a contenedores de reciclaje de vidrio y papel. Destinará pues a inspectores para vigilar tanto a comercios y viandantes (que se arriesgan a una sanción de hasta 700 euros) como a las empresas a quienes se encomienda el reciclaje.

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