LO DE LAS TARJETAS BLACK ES PAPEL MOJADO

Rodrigo Rato abandona los Juzgados de Plaza Castilla.

Andreu concluye la causa de las tarjetas ‘black’ y procesa a 66 personas

El magistrado aprecia delitos de administración desleal o de apropiación indebida.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha concluido la investigación sobre las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia a las que directivos y consejeros cargaron, entre 2003 a 2012, 15,5 millones de euros en gastos personales cuando el medio de pago estaba concebido para gastos de representación de las entidades crediticias. El magistrado, en una resolución notificada este miércoles, propone que se juzgue por administración desleal a los miembros del Consejo de Administración de la caja que aprobaron las tarjetas y por apropiación indebida a los miembros de la comisión ejecutiva y de la comisión de control de las entidades.

Entre los 66 imputados en el escándalo de las tarjetas black que Andreu propone juzgar se encuentran los expresidentes de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato y Miguel Blesa, y directivos como Matías Amat, Ildefonso Sánchez Barcoj o Rafael Spottorno, que fue jefe de la Casa del Rey con Juan Carlos I. Las tarjetas opacas a Hacienda que recibieron los consejeros no estaban avaladas por soporte contractual alguno ni estaban previstas en los estatutos de la entidad.

El magistrado considera que de la investigación iniciada en octubre de 2014 se desprenden indicios de que las tarjetas “se emitieron fuera del circuito ordinario de otorgamiento de tarjetas de la entidad”. Las tarjetas, según las actas del Consejo de Administración, tenían como objeto “hacer frente a los gastos de representación o relacionadas con las actividades profesionales” de los directivos y consejeros. Sin embargo, Andreu sostiene que se trató de una “remuneración irregular” opaca a Hacienda por dos motivos. El primero es que los titulares de las tarjetas no tenían necesidad de justificar los gastos que hacían con ellas. El segundo motivo es que, según informó Bankia al juez, los consejeros y ejecutivos “disponían de otra tarjeta de empresa”.

En el Consejo de Administración, el consejero que mayor gasto realizó fue José Antonio Moral Santín, propuesto por Izquierda Unida, y que cargó a las tarjeta black un total de 456.522 euros entre 2003 y 2012. En este grupo de consejeros figuran representantes de los principales partidos políticos, como Ricardo Remero de Tejada (PP), Antonio Romero (PSOE); de los sindicatos, como Francisco Baquero, de Comisiones Obreras, o Rodolfo Benito, de UGT, y las patronales, como el expresidente de CEOE, Garardo Díaz Ferrán o Arturo Fernández, que empleó la tarjeta en sus restaurantes.

Entre los directivos que propone juzgar Andreu figuran Ricardo Morado Iglesias, exdirector de Sistemas y de Organización; Ramón Ferraz, ex director general de Banca Comercial; Matías Amat, ex director financiero; Mariano Pérez Claver, exdirector de Banca Comercial; Juan Manuel Astorqui, exdirector de Comunicación. La lista se completa con Carlos María Martínez, ex director gerente de la Obra Social; Carmen Contreras, exdirectora de Auditoría Interna; Carlos Vela, exdirector de la Banca de Negocios; Rafael Spottorno, exdirector de la Fundación Caja Madrid; Ramón Martínez Vilches, exdirector de Riesgos y Luis Gabarda, exdirector del Gabinete del presidente de la entidad, Miguel Blesa.

COMENTARIO:

En algunos países que persiguen duramente la corrupción política tienen por costumbre internar a los reclusos en campos de trabajo al aire libre. Parece que pasados los primeros tres o cuatro años, se acostumbran al campo, a cavar zanjas y a plantar rábanos y le terminan tomando cariño al campo, a pesar del frío, del calor, de las moscas zancarronas , avispas y otros animalillos creados para cultivar la paciencia y auto perdonarse por la enfermedad de la corrupción que no es otra cosa que cleptomanía de alto grado, algo que no solo les procura profunda depresión-porque les parece siempre poco lo robado-, si no que les sumerge en depresiones de años. Por eso, el darles trabajos de campo, les libera de esas depresiones, les pone a tono y recuperan la fe en sí mismos que habían perdido. Yo diría que por un asunto de humanidad, habría que liberarlos en campos de trabajo para su propia curación espontánea y gozosa. El bien añadido es el nuestro, el de los ciudadanos limpios, honestos y aseados que podríamos disponer de más servicios sociales, si erradicamos a los corruptos . Ganaríamos nosotros, y ellos.