La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla
Detenidos 20 altos cargos andaluces por los cursos de formación
La Guardia Civil lleva a cabo la operación a las órdenes de Mercedes Alaya.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está desarrollando esta mañana una macrooperación en la que han sido detenidos alrededor de 20 altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía en relación con el fraude de los cursos de formación. Han sido arrestados los ocho directores de las ocho delegaciones provinciales del SAE, así como cuatro directores generales del Gobierno andaluz, entre otros responsables. Entre los detenidos se encuentra el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, imputado también en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
La operación Barrado, ordenada por la juez Mercedes Alaya, afecta en este momento a los responsables políticos de estos cursos por no haber controlado su gestión ni haber pedido responsabilidades ni cuentas de ellos a las empresas a las que se le adjudicaron. Más de 1.000 empresas recibieron dinero de la Junta de Andalucía entre 2002 y 2012 para impartir formación a parados de la comunidad autónoma.
Si bien recientemente la policía hizo otra macrorredada sobre los cursos, esta solo afectaba a los dueños de las empresas que montaron los cursos. Alaya está actuando ahora contra los responsables políticos.
El golpe está siendo dirigido por Mercedes Alaya en el mismo día en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidirá el destino de la juez.
La juez ya advirtió en un auto de enero que había detectado en el transcurso de la investigación distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe). En ese escrito ya advirtió de la existencia de "empresas que tenían acceso a un volumen importante de subvenciones" y de "personas relacionadas con determinados cargos de la Administración".
Sobre los responsables de las direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la juez se amparó en los informes de la Intervención General, que identificaban irregularidades de "especial importancia". En ese momento declaró el secreto de las actuaciones ente el "riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".
Los agentes están practicando diversos registros, entre ellos en la empresa Ciomijas, centro andaluz de formación integral de las industrias del ocio, ubicado en Málaga.
COMENTARIO:
La UE retiró la financiación a UGT por las irregularidades denunciadas en Madrid, Galicia o Baleares, aunque eran más ostensibles las de la patronal. Por otro lado la Junta renunció a las ayudas europeas procedentes del fondo social europeo, hace un año. En lo que conozco personalmente, el fraude está mucho más ligado a las cámaras de comercio, la patronal y bastantes empresarios a título personal y muy ligados al PP, Al menos los detenidos. Supongo que en breve algún juez avisará al PP para que vayan destruyendo discos duros, libros de visitas, agendas etc, porque esa es su forma de colaborar con la justicia, y porque, como dijo Keynes, la gente no rechaza las ideas nuevas, pero es incapaz de abandonar las antiguas, o, como dijo Rajoy: sabemos lo que hay que hacer, porque lo hemos hecho, o la sabiduría popular: el lobo puede perder el pelo, pero no la costumbre. Son ya 80 años de impunidad impune, o quizás miles.
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