La polémica por el uso de fondos europeos con fines políticos, empresariales o personales ha estallado de nuevo en Bruselas. Aunque el mensaje habitual de la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) es que los casos de corrupción protagonizados por funcionarios y políticos son relativamente escasos, el escándalo por los supuestos pagos irregulares a asistentes del ultraderechista Frente Nacional francés en el Europarlamento tumba este argumento.
Las investigaciones de la OLAF suelen derivar en la apertura de procesos judiciales en los países de origen de los implicados. Fuentes de la Oficina contra el Fraude confirman a El Confidencial que están analizando la petición del presidente de la Cámara, Martin Schulz, para que se investigue a 20 miembros del Frente Nacional por “sospechas de fraude e irregularidades respecto a una serie de personas que trabajan en el Europarlamento”. No obstante, el suyo no es el único caso de malversación por miembros de la UE en los últimos tiempos.
Hace un par de años, un funcionario de la Comisión en el departamento agrícola fue condenado en Bélgica a 40 meses de cárcel y una multa de 50.000 euros por filtrar información a compañías agroalimenticias a cambio de dinero. El registro de la policía belga en las oficinas de la Comisión otorgó al caso un fuerte impacto mediático. Ahora, la denuncia contra el partido de Le Pen pone en el ojo del huracán al Europarlamento, donde existen antecedentes de fraude con dinero comunitario. Cabe señalar que el partido implicado también era euroescéptico.
El primer eurodiputado encarcelado
El británico Tom Wise es un pionero. Ostenta el título de ser el primer eurodiputado encarcelado por gastos negligentes e ilegales en el ejercicio de sus funciones usando fondos europeos. Dos años de prisión para el expolicía que decidió hacer carrera política en las filas del euroescéptico UKIP, bajo el paraguas de Nigel Farage, el político que en 2012 llamó a Mariano Rajoy, tras el rescate de Bankia, el “líder más incompetente de la UE”.
Wise fue elegido MEP (diputado del Parlamento Europeo) en 2004 y ocupó el cargo de portavoz en el Comité de Cultura, Juventud y Deportes. Hombre polémico, en su discurso inaugural arremetió contra la UE por favorecer el tránsito de los animales a lo largo del continente en condiciones inaceptables. Pero la suerte del antiguo oficial de policía cambió en 2007 tras las revelaciones del Sunday Telegraph sobre malos usos de los gastos parlamentarios asignados.
Permaneció como independiente dentro del grupo de UKIP hasta conocer el resultado de la investigación preliminar. Desde el escaño tuvo tiempo para mostrar su bilis retórica y apoyar las teorías conspiranoicas sobre la autoría del 11-S. También llamó “gánster” y “mafioso” a Alisher Usmanov, el hombre más rico de Rusia con una fortuna de 15.000 millones de dólares y propietario del 15% del equipo de fútbol inglés Arsenal.
No obstante, su caída en desgracia ya era un hecho. Tras ser acusado con cargos criminales ante la justicia, terminó por no presentarse a las euroelecciones de 2009. Su calvario no fue sólo político y, ese año, la corte británica de Southwark Crown sentenció que el diputado Wise obtuvo, gracias a un documento fraudulento, hasta 39.000 libras empleadas en beneficio propio. Fondos europeos gastados en un coche, vino de alta calidad o facturas de su tarjeta de crédito.
¿Un sumidero de dinero?
Wise pudo perpetrar este fraude porque presentó ante la Oficina de Pagos del Europarlamento una cuenta con el nombre y dirección de su asistente, aunque era él quién la gestionaba. Wise era experto en los vericuetos legales de la Eurocámara tras trabajar durante tres años como jefe de gabinete de otro MEP y, entre sus funciones, ejercer como 'agente de pagos'; la persona que proporciona los contratos de un legislador y todo su equipo a la administración del Europarlamento, la que gestiona el dinero de la oficina.
Según las normas del Parlamento, un MEP puede gastar cerca de 21.000 euros mensuales en salarios de asistentes, impuestos y contribuciones sociales incluidos. A ello hay que sumar los servicios y gastos necesarios hasta un máximo del 25% de ese total. Marjory Van den Broeke, Directora General de Comunicación en el Europarlamento, confirma a El Confidencial que el Frente Nacional podría estar defraudando “una suma de 7,5 millones de euros, válida para los 20 asistentes bajo investigación, durante una legislatura completa de cinco años”.
“Aunque cada cierto tiempo ocurren casos similares, es la primera vez que es obvio que se ha hecho a gran escala y de manera sistemática”, explica Van den Broeke, en referencia a posibles irregulares de asistentes que trabajan con europarlamentarios. Desde la Oficina de Prensa de la OLAF no quieren apuntar tan alto, de momento, y aseguran que analizarán si “hay suficientes sospechas de fraude, corrupción o actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE”.
En conversaciones con este diario, miembros de otros grupos y personal del Europarlamento reconocen que, si hubiese un escrutinio tan estricto como parece sufrir ahora el Frente Nacional, surgirían anomalías en el organigrama de cualquier partido. Contactada por El Confidencial, la formación de Marine Le Pen no ha respondido a las preguntas sobre si existen irregularidades en los contratos de sus asistentes o si conocen situaciones similares en otros partidos.
Corrupción y mafia en la Alta Velocidad
El Europarlamento no es sólo foco de polémicas por sus supuestos despilfarros, sino también un centro de control político. Los comités temáticos (Asuntos Económicos, Exteriores, Justicia y Libertades públicas...) ejercen de contrapeso a la Comisión o los Estados miembros. Modulan sus propuestas para conseguir mayor control democrático, más dinero para proyectos cercanos al ciudadano o reducir los intereses que favorecerían a las grandes empresas... Y también denuncian desmanes en un gigante de 500 millones de personas llamado UE.
Legisladores europeos del Grupo de los Verdes alertaron a la OLAF de sobrecostes y vínculos entre dos empresas ejecutantes y la mafia en la construcción de la alta velocidad ferroviaria Lyon-Turín. Preocupación en Bruselas porque el crimen organizado trasalpino habría accedido a obras subcontratadas. De momento, de las arcas comunitarias han salido 450 millones de euros para un proyecto que Francia e Italia quieren financiar con hasta 4.000 millones europeos.
La OLAF investiga el uso fraudulento del dinero y actividades irregulares en la compra de tecnología de la información por parte de compañías italianas. Entre los implicados en Francia, el propio presidente del Consorcio Ferroviario Lyon-Turín por conflicto de intereses. En Italia, un juzgado ha condenado a dos representantes de esta sociedad por la misma razón, favorecer contratos con empresas afines. Bruselas no ha tomado medidas contra ellos para que sigan supervisando la llegada de dinero comunitario.
Y, sin embargo, esta línea de alta velocidad puede llegar a absorber hasta el 15% de todo el presupuesto del Mecanismo Europeo para Interconexiones de aquí al 2020, y la OLAF investiga por qué su construcción se basa en previsiones erróneas sobre tráfico ferroviario. “Estudios que rebatimos por su falta de independencia”, dice la europarlamentaria Karima Delli.
El Este gana en el top malversador
Sin embargo, no todos los europarlamentarios gastarían su tiempo y dinero en trabajar con una mentalidad paneuropea. Ocho eurodiputados letones habrían realizado considerables donaciones, hasta 26.000 euros, a sus partidos nacionales desde las pasadas elecciones de mayo. Contribuciones personales pero ante la falta de instrumentos de vigilancia, la procedencia del dinero no se ha podido determinar. La construcción comunitaria deja lagunas legales aún por atajar.
España, Italia o Grecia ceden protagonismo a los últimos socios en los recientes informes de la UE sobre el mal uso del dinero comunitario. Bulgaria y Rumanía salen especialmente maltratadas. Este último país es el que peor absorción realiza de los fondos. Sólo accedió al 32% de lo que le correspondía entre 2007 y 2013 y Bulgaria apenas al 37% del total. El informe sobre lucha contra el fraude de la OLAF recoge intentos de malversación de dinero por 45 millones de euros entre ambos países.
Las infraestructuras, una vez más, son el gran pastel. Policía y justicia rumanas investigan al exministro de Medio Ambiente, a un presidente de una Cámara de Comercio, a la compañía local de aguas y a varios políticos municipales regionales por desviar varios millones de euros de los Fondos Estructurales de la UE para infraestructuras de agua potable. El botín es gordo ya que desde 2011 Rumanía ha recibido 400 millones de euros para este tipo de proyectos.
Las grandes infraestructuras, transfronterizas o estatales, muestran el crecimiento de la UE y, de forma paralela, provocan la mutación del fraude. La hegemonía de la Política Agrícola Común y sus tejemanejes, como el del lino en España, dejan paso a grandes partidas en obras, políticas de formación y al dinero que vuelca la UE en el exterior para proyectarse como actor internacional. Terreno abonado para la corrupción entre funcionarios europeos, políticos locales y tramas criminales.
La corrupción de la misión europea para Kosovo
Creada en 2008, Eulex es la mayor misión internacional europea destinada a un país candidato a integrarse en la UE. Un total de 1.600 policias, jueces y fiscales o asistentes legales para investigar al crimen organizado, la corrupción política y empresarial, los crímenes de guerra y ayudar en la creación de unas instituciones "limpias" para los estándares de Bruselas. Ha costado 1.000 millones de euros. Pero sobre ese árbitro internacional ideado para llevar la justicia y la democracia a Kosovo pesan hoy acusaciones de corrupción al más alto nivel.
Tras "pinchar" varias conversaciones telefónicas se demostró que un ex-ministro de Salud de Kosovo, detenido por favorecer intereses empresariales de su familia en la cadena de suministros farmacéuticos, negociaba con un juez italiano de Eulex, Francesco Florit y con la principal fiscal de la misión para frenar la investigación. El magistrado también es sospechoso de recibir varios miles de euros en sobornos de la familia de un acusado por asesinato, posteriormente absuelto. Al menos dos de los principales funcionarios de Eulex habrían recibido sobornos para reducir los cargos de tres procesos judiciales.
La investigadora británica que presentó ante sus superiores estos documentos fue expulsada de su trabajo. Y los principales responsables de la misión incendiaron el Comité de Exteriores del Europarlamento al ofrecer parcas explicaciones públicas a los legisladores sobre esta crisis. Por si fuera poco, informaciones aparecidas en medios kosovares apuntan que otro alto funcionario de Eulex estaría intentando frenar las investigaciones.
La crisis en la misión fue minimizada en los últimos días de la Comisión Barroso, tapada extraoficialmente con una auditoría interna y, de momento, la OLAF no la investiga. La llegada de la Comisión Juncker ha desencadenado el primer golpe de efecto con el envío a Pristina de un experto legal independiente para analizar las operaciones de Eulex. No existiría fraude de fondos europeos, pero bajo la inmunidad del "pasaporte UE" varios representantes comunitarios estarían practicando la corrupción.
Quizás, el escándalo de los ERE en Andalucía y la trama de los falsos cursos de formación (fraude que podría alcanzar los 3.000 millones de euros según informaciones publicadas por El Confidencial), hayan dejado paso a una corrupción más política, más silenciosa, para moverse en el "juego de tronos" europeo. Aunque si la construcción de las instituciones europeas y los Fondos Estructurales y de Cohesión han dejado capítulos tan turbios, ¿qué serán los 315.000 millones que desembarcarán en breve del Plan Juncker?
BRUSELAS TIENE MUCHA CULPA DEL DESCONTROL POR ENTREGAR DINERO SIN CONTROL, PUES QUE,PAGUE POR ELLO¿QUIÉN PRESTA DINERO SIN UN CONTROL ADECUADO?
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