LA PRESIÓN FISCAL EN ASTURIAS ES LA MAYOR DE ESPAÑA

Ruta a Bulnes.Asturias

Foto: José Ángel Miyares Valle

El impuesto de sucesiones en Asturias, al borde del atraco. El impuesto en Asturias es hasta 100 veces mayor que en Madrid o tres veces que en Astilla y León.

Hay regiones que ofrecen vacunas que en otras no existen, como si los virus tuvieran la virtud de detenerse en Pajares o fueran dañinos en función del territorio. Los profesionales sanitarios lamentan sus bajos salarios porque los de Asturias perciben 30.000 euros menos al año que otros. Un bebé está escolarizado en muchos sitios a los pocos meses de nacer; aquí, un mínimo porcentaje y porque los padres afrontan un gasto mensual de 300 euros. Los investigadores asturianos permanecieron tres años sin recibir un euro de su Gobierno. El País Vasco atrae constantemente científicos y en la crisis no dejó de ayudarlos y triplica al Principado en innovación.

Los españoles ya no somos iguales desde que las autonomías decidieron emprender una loca e irracional subasta para competir entre sí y para emular al Estado con el ánimo de convertirse en intocables feudos con reyezuelos al mando. En sanidad, en educación o en financiación, empiezan a establecerse diferencias considerables. Pero si hay una situación en la que las desigualdades rayan la desvergüenza y la irracionalidad más injusta, ésa es la que propicia el impuesto de sucesiones.

Estamos ante uno de los escasos tributos de rango estatal cedidos íntegramente a las comunidades. Cada una lo maneja a capricho y, como era de prever, han acabado por convertirlo en la fuente más escandalosa de agravio entre los ciudadanos. Unas, como Asturias, aprietan a los contribuyentes hasta la extenuación. Otras los eximen en la práctica con multitud de bonificaciones. En el fondo, los consejeros de Hacienda asturianos, de uno u otro partido, van muy a gusto en el machito.

El impuesto de sucesiones es el único que no entiende de crisis. Navegue bien o mal la economía, las personas fallecen y la autonomía hace caja. El Principado ha visto desplomarse todos sus ingresos menos los que obtiene por este capítulo: 160 millones de euros en 2013, el equivalente a casi el 6% del total de aranceles directos e indirectos. Los contribuyentes ni se imaginan la ingrata tesitura a la que van a tener que enfrentarse con la Administración cuando pierdan a un familiar. De adquirir conciencia del peaje confiscatorio que les aguarda, ya habrían acorralado a los políticos asturianos para tumbarlo. Añadan después las plusvalías, los gastos de notaría, el registrador, el abogado... la maquinaria administrativa mueve sus engranajes de manera inmisericorde para esquilmar a los de siempre. Las autonomías llegaron a recaudar más de 10.000 millones de euros cada ejercicio con el urbanismo. Ayunas de viviendas, ahora ponen sus inmensos aparatos a rebuscar en los bolsillos de la gente. Con la actualización de los valores catastrales, por ejemplo, que trae estos meses de cabeza a miles de asturianos.

Si todos los impuestos generan controversia, el de sucesiones se lleva la palma. En países tan avanzados como Suecia carece de un peso significativo y Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido recaudan porcentualmente por debajo de España. Una herencia no puede asimilarse a una lotería, un bien sobrevenido que enriquece al titular aunque suponga un incremento de renta no ganado. Los herederos ya quisieran verse gravados sólo con el 20% que corresponde a los afortunados del Gordo. Hablamos de dinero, acciones, fincas o inmuebles por los que ya se ha tributado durante años y que cambian de manos para seguir cotizando. A veces, incluso de empresas que ven comprometida su continuidad por una carga inasumible, supuestamente redistribuidora, al carecer los descendientes de liquidez. Las renuncias son hoy comunes por esta causa, y también la necesidad de endeudarse. De los bienes a recibir no hay forma de disponer hasta zanjar cuentas con el Fisco.

"Que pague quien tiene", argumentan los demagogos. No son precisamente los adinerados quienes sufren las consecuencias, sino la clase media ahorradora, carente de recursos legales para constituir fundaciones o pantallas con las que eludir el trámite o la oportunidad de trasladar su domicilio a las regiones exentas. En Asturias no tributan los legados inferiores a 150.000 euros. Un piso supera con facilidad ese valor, y la mayoría de los asturianos son propietarios de su hogar. Además de sangrar a sus contribuyentes con este disparatado gravamen, el Principado es la sexta comunidad del país por el resto de impuestos recaudados. En cambio, en renta per cápita ocupa la décima plaza. O sea: los asturianos pagan impuestos de ricos sin, ni mucho menos, serlo. El desembolso en tributos aquí por individuo sobrepasa en 552 euros la media nacional, según la balanza fiscal.

Los españoles deben recibir una asistencia de calidad en condiciones equivalentes con independencia del lugar donde residan. Por las mismas, a semejanza de ingresos también les toca un esfuerzo idéntico con el erario, mueran donde mueran o tengan su hogar donde les plazca. Cualquier disimilitud rompe la equidad que establece la Constitución. Únicamente el dogmatismo y los prejuicios ideológicos de los sucesivos dirigentes regionales hacen posible mantener esta afrenta hacia los asturianos. Como muy bien denunció el presidente asturiano, Javier Fernández, es inaceptable que mientras clamamos por una armonización fiscal dentro de la UE nos hayamos dedicado a romper esa armonía en España. A Fernández sólo le falta ser consecuente con lo que dice que piensa y dar en serio la batalla por conseguirlo.