LA FISCALÍA PIDE 123 AÑOS DE CÁRCEL PARA CORREA Y 42 PARA BÁRCENAS

La fiscalía pide 123 años de cárcel para Correa y 42 para Bárcenas por Gürtel

El ministerio público considera a la exministra Ana Mato y al PP partícipes a título lucrativo.

 

 

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un total de 123 años y 4 meses de prisión para Francisco Correa, el supuesto cerebro de la trama Gürtel de corrupción instalada en el PP y de 42 años y seis meses para Luis Bárcenas, el extesorero de la formación conservadora que atesoró 48 millones de euros en cuentas suizas.

En un escrito de 512 páginas, las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás consideran al PP y a la exministra de Sanidad Ana Mato partícipes a título lucrativo –beneficiarios pero no conocedores- de los delitos atribuidos a la trama.

La actual diputada, según la fiscalía, se benefició de 28.468 euros obtenidos ilegalmente por su exesposo, el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda. El partido se benefició, según el ministerio público, en 328.440 euros. Anticorrupción solicita casi 800 años de presidio para los 41 acusados.

Bárcenas se encuentra imputado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. Por su parte, la fiscalía acusa a Correa de asociación ilícita, falsedad, malversación, tráfico de influencias, delitos fiscales y estafa, entre otros tipos penales.

La fiscalía pide la declaración como testigo en el juicio de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, así como del único extesorero del PP que no ha resultado imputado en esta causa: Rosendo Naseiro.

Aguirre ha evitado pronunciarse sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado su comparecencia en el juicio del caso Gürtel como testigo, un silencio que han mantenido igualmente la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el presidente autonómico madrileño y secretario general de los conservadores madrileños, Ignacio González. Los tres han participado en unas jornadas sobre seguridad organizadas por el PP en la capital de España.

El pasado 26 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio por cerrada la investigación de la primera fase del caso Gürtel, con operaciones que se circunscriben a las comunidades de Castilla y León y Madrid, y a los ayuntamientos de Madrid, Pozuelo y Majadahonda, así como la localidad de Estepona (Málaga). En el auto de conclusión del sumario, Ruz propuso sentar en el banquillo a 43 personas, aunque posteriormente aceptó un recurso del imputado Enrique Carrasco al entender que sus delitos de cohecho y tráfico de influencias habían prescrito.

Según relataba el auto del pasado noviembre, Francisco Correa lideraba una red creada en los años noventa que se especializó en organizar eventos y campañas electorales del PP. La trama aprovechaba los contactos en el partido para conseguir adjudicaciones públicas. El entorno de Correa se encargaba de hacer regalos a funcionarios y cargos que supuestamente intervenían para favorecer los negocios de las empresas de la trama.

Durante los cinco años que ha durado la instrucción se han hallado indicios de que el grupo de Correa contactó con los Ayuntamientos citados y consejerías autonómicas, organismos de los que logró contratos y adjudicaciones irregulares, según los indicios recogidos por el juez. A cambio, la red realizaba regalos, entregas en efectivo o pagaba viajes a los imputados. El juez concluye que al menos 348 actos de la Comunidad de Madrid fueron adjudicados directa o indirectamente a empresas controladas por la red. Además, Ruz sostiene que "Correa puso a disposición de determinados cargos públicos su propio entramado societario con el fin de ocultar la titularidad y el origen de los fondos" obtenidos de forma ilícita.

El magistrado considera a la ministra de Sanidad, Ana Mato, “partícipe a título lucrativo” de los delitos supuestamente cometidos por su exesposo y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda, y a Gema Matamoros, esposa de Guillermo Ortega, exregidor de Majadahonda. Tanto la ministra como Matamoros estarán sentadas en el banquillo durante la vista oral, no como procesadas sino como responsables civiles de estos supuestos delitos, y esta es la conducta que se va a estudiar en el juicio, según confirman fuentes jurídicas. El Partido Popular permanece en la causa en su condición de partícipe a título lucrativo.

ALGUIEN VA  A PAGAR TODO EL PATO POR LOS QUE NO LO HACEN,COMO SIEMPRE.