Eduardo Torres-Dulce, en una foto de archivo
Pésimas relaciones con Justicia y ninguneo permanente
Torres-Dulce no fue consultado en decisiones que le afectaban, aunque coincidió con el Gobierno en las esenciales y amagó reiteradamente con irse.
Pese a ser un experto y reconocido cinéfilo, Eduardo Torres-Dulce escribió un guion para su marcha en el que el único suspense era el del momento en el que se iría, porque desde hacía mucho tiempo estaba claro que no terminaba la legislatura como fiscal general del Estado. El final estaba escrito.
El plano general era el de un distanciamiento enorme del Gobierno y, como en los Oscar o los Goya honoríficos, su dimisión es consecuencia de una larga trayectoria más que de una escena o una película concreta.
Había amagado y amenazado reiteradamente con hacerlo y hasta se habían hecho quinielas sobre posibles sucesores desde hace muchos meses. Su marcha tiene más que ver con un ninguneo, una falta de peso político y, sobre todo, de malas relaciones con el Ejecutivo que con discrepancias de criterio sobre asuntos esenciales o con el ejercicio de una autonomía respecto al Ministerio de Justicia y al Gobierno en general.
Sus relaciones eran especialmente malas con el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón, anterior ministro de Justicia, y no mejoraron nada con el actual, Rafael Catalá. Pero no se han traducido en discrepancias graves sobre sus decisiones esenciales. Por ejemplo, aunque el Gobierno hubiera deseado otra gestión y otro ritmo, Torres-Dulce coincidió con el Ejecutivo en la querella contra Artur Mas y sus consejeros por el 9-N. En eso no hubo discrepancia de fondo y ese episodio solo sirvió para retrasar el anuncio de dimisión que ya había decidido.
También coincidió con el Gobierno cuando ordenó investigar la situación de los trenes del 11-M, aún sabiendo que, como ocurrió, se archivaría en breve. O cuando acusó a dos policías de colaboración con ETA en el caso Faisán, en contra del criterio del fiscal del caso, y aunque después, obviamente, también lo perdiera en el Tribunal Supremo.
No discrepó tampoco cuando se empeñó en hacer declaraciones públicas en apoyo de la inocencia de la infanta Cristina. También en eso hubo coincidencia con el Gobierno en la gestión de asuntos concretos, como lo ha habido respecto a casos de corrupción conocidos o en las excarcelaciones de etarras, como en las que ahora estudia el Supremo.
Tampoco fue molesto para el Gobierno al no actuar de forma global en los casos de las preferentes o en Bankia y esperar a que fueran partidos y grupos ciudadanos los que como acción popular provocaran la apertura de procedimientos.
Pero en muchas decisiones del Gobierno que afectaban a la Fiscalía, Torres Dulce sí se sentía ninguneado. El 20 de octubre de 2013 EL PAÍS publicó que sus malas relaciones con Gallardón le habían llevado a plantearse su dimisión.
En el listado se incluía su rechazo a reformas legales que entonces tenía en marcha el ministerio como la del Código Penal y el Código Procesal Penal. Ahora, Catalá ha dado marcha atrás en la instrucción del fiscal, ha enterrado el Código Procesal y lo ha dejado en un parche de la ley de Enjuiciamiento, y el ya dimitido no ha tenido posibilidad de influir o torcer la intención del Gobierno para frenar esa rectificación.
Entre las discrepancias admitidas por la fiscalía y el Ministerio de Justicia se incluía el nombramiento del llamado corresponsal en Eurojust —organismo europeo de coordinación judicial— que, pese a ser un fiscal de carrera, fue decisión exclusiva de Gallardón. Torres-Dulce se enteró una vez decidido.
El ministerio nombró para ese cargo a la fiscal Teresa Gálvez sin consultar a Torres-Dulce; y, según la fiscalía, la designación alteraba el orden lógico y orgánico del cargo. Además, el ministerio público había trabajado desde la etapa de Cándido Conde-Pumpido en un proyecto de fiscal europeo con el que recientemente acabó Gallardón, de nuevo al margen de Torres-Dulce. Según la versión oficial de la fiscalía, España era pionera en el proyecto y se habían dedicado medios personales y materiales para sacarlo adelante. El entonces ministro acordó con Francia y Alemania sumarse a su proyecto, que no tiene nada que ver con el que defendían los dos últimos fiscales generales. Torres-Dulce también se enteró cuando estaba consumado.
Otra de las discrepancias tiene que ver con la convocatoria de plazas en la Administración de Justicia. También cuando Gallardón pactó la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el PSOE y "olvidó" incluir por primera vez en la historia a un miembro de la carrera fiscal.
Hace meses, el Gobierno nombró magistrado del Tribunal Constitucional a Antonio Narváez, teniente fiscal del Tribunal Supremo, y Torres-Dulce se enteró por la prensa, pese a que afectaba a un puesto clave de la carrera fiscal.
El pasado mes de abril, Torres-Dulce hizo en el Congreso un duro alegato sobre la falta de medios de la Justicia y, especialmente, para los grandes casos de corrupción, sin obtener respuesta alguna del Gobierno. Solo el silencio. Ahora, la dimisión, anunciada pero inoportuna, quiebra la estrategia del Gobierno de intentar aparecer como adalid de la corrupción con medidas atascadas hace meses.
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