Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la sede de la Diputación Provincial de Sevilla
La Guardia Civil detiene a 32 personas por adjudicaciones irregulares de contratos públicos
La Operación Enredadera, que se corresponde con la tercera fase de la Operación Madeja que instruye la jueza Mercedes Alaya, se da por concluida.
La mayoría de los detenidos son funcionarios aunque entre los arrestados están un concejal del PP en La Carolina (Jaén) y el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote.
El operativo se dirige a desarticular la rama empresarial de una trama dedicada a adjudicación irregular de contratos públicos y se desarrolla en 13 provincias de toda España.
Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil practican diez registros en varias dependencias oficiales, entre ellas la Consejería de Fomento de Extremadura, la Diputación de Sevilla y en la de Jaén, o la sede de la empresa Fitonovo en Gran Canaria.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha procedido a la detención de 32 personas en una operación bautizada como 'Enredadera' y que supone la tercera fase de la investigación de la Operación Madeja que se ha desarrollado este martes por orden de la jueza Mercedes Alaya. Los agentes se han personado a primera hora del día para practicar registros en varias dependencias oficiales y no oficiales de hasta 13 provincia provincias españolas, entre ellas la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, en la Diputación de Sevilla, en la de Jaén o en el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén), según han confirmado fuentes de la investigación.
Aunque las fuentes aseguran que la mayoría de los detenido son funcionarios, en el operativo ha sido arrestados el concejal del PP en La Carolina (Jaén) Cristóbal Pérez y el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín. Un total de 23 de las 32 detenciones han tenido lugar en Andalucía (once en Sevilla, cuatro en Córdoba, tres en Jaén y Huelva y una en Cádiz y Granada).
Asimismo han sido detenidos el responsable de carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio, cesado hoy mismo; un funcionario de la Consejería de Fomento extremeña, en concreto un jefe de sección de este departamento que ha sido trasladado a Sevilla; otra persona en Lanzarote y otra en Gran Canaria; cuatro personas en Córdoba, otras tres en Huelva; dos más en Jaén además del edil mencionado; un trabajador y un jubilado de ADIF en Zaragoza; o una exempleada de Fitonovo en Granada. Se trata de una operación que se ha daod ya por concluida y que se ha desarrollado en Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid , Valencia, Zaragoza, Barcelona , Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria.
La jueza Mercedes Alaya investiga, entre otras cuestiones, si determinadas personas pudieron recibir prebendas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a empresas sevillanas como Fitonovo y Fiverde. Cabe recordar que la jueza dictaba este mismo lunes un auto para prorrogar nuevamente, y ya es la decimosexta vez, el secreto de sumario que pesa desde julio de 2013 sobre esta operación, donde hay ya 13 imputados. La causa investiga en primera instancia si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, entre otros, aceptó y recibió dádivas a cambio de conceder a determinados empresarios. Castaño consiguió reunir la fianza de 60.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla para su puesta en libertad en agosto de 2013.
Un coche sale de la Diputación de Sevilla con uno de los detenidos / Foto: Luis Serrano
La Guardia Civil ha averiguado que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, "habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos" que les facilitaban dicha contratación. A su vez crearon una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.
A los detenidos e imputados en esta operación se les acusa de haber cometido presuntamente delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. A juicio de los investigadores, las prácticas ilícitas descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas.
Detenido un concejal del PP
Entre los detenidos hay tres personas en la provincia de Jaén, entre quienes figura un concejal del PP en La Carolina. Fuentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado han precisado a Europa Press que las personas detenidas son "un teniente de alcalde de La Carolina, un jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación Provincial y un técnico de Fomento".
Por su parte, el alcalde de La Carolina, Francisco Gallarín (PP), ha precisado que el edil de su equipo de gobierno detenido es el segundo teniente de alcalde y concejal de Servicios, Deportes, Festejos, Turismo, Comercio, Vivienda, Asociaciones No Vecinales, Relaciones Institucionales y Sanidad, Cristóbal Pérez (PP).
Según ha indicado el regidor a Europa Press, no se encontraba en la localidad cuando se ha producido el registro. A la espera de llegar y contar con más detalles, ha apuntado que los agentes "se han llevado expedientes relacionados con Fitonovo" además centrarse en "el ordenador del concejal de Deportes y segundo teniente de alcalde, Cristóbal Pérez Martínez", que ha sido detenido.
Gallarín ha añadido que el Consistorio carolinense ha tenido tres obras con la referida empresa; una de ella, el césped artificial del campo de fútbol, en el mandato anterior y las otras dos, una pista de pádel y el patio de un colegio, en el actual. Como consecuencia de estas actuaciones, además, se han practicado tres registros; en concreto, en un puesto de trabajo del Ayuntamiento de La Carolina, en otro de la Diputación y en un tercero de dependencias del Ministerio de Fomento en la provincia, según han apuntado las mismas fuentes de la UCO.
Por su parte, el alcalde de La Carolina, Francisco Gallarín (PP), ha precisado que el edil de su equipo de gobierno detenido es el segundo teniente de alcalde y concejal de Servicios, Deportes, Festejos, Turismo, Comercio, Vivienda, Asociaciones No Vecinales, Relaciones Institucionales y Sanidad, Cristóbal Pérez (PP).
Según ha indicado el regidor a Europa Press, no se encontraba en la localidad cuando se ha producido el registro. A la espera de llegar y contar con más detalles, ha apuntado que los agentes "se han llevado expedientes relacionados con Fitonovo" además centrarse en "el ordenador del concejal de Deportes y segundo teniente de alcalde, Cristóbal Pérez Martínez", que ha sido detenido.
Gallarín ha añadido que el Consistorio carolinense ha tenido tres obras con la referida empresa; una de ella, el césped artificial del campo de fútbol, en el mandato anterior y las otras dos, una pista de pádel y el patio de un colegio, en el actual. Como consecuencia de estas actuaciones, además, se han practicado tres registros; en concreto, en un puesto de trabajo del Ayuntamiento de La Carolina, en otro de la Diputación y en un tercero de dependencias del Ministerio de Fomento en la provincia, según han apuntado las mismas fuentes de la UCO.
En Zaragoza se han detenido a un trabajador del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en Zaragoza, y de otro, ya jubilado. Los detenidos en la capital aragonesa son J.A.G.P., empleado de ADIF, y de M.A.M.T., ya jubilado se ha producido por la supuesta adjudicación de contratos de forma irregular.
Antecedentes, Madeja y Mercasevilla
La jueza Alaya ha ampliado este martes la declaración de tres imputados por medio de un auto que les ha leído de manera conjunta y en el que ha aludido a un supuesto pago de 85.000 euros que Fitonovo habría realizado a Antonio Miguel Carmona, también detenido este martes.
Carmona desempañaba el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el anterior mandato cuando dicha área era responsabilidad del primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU). El pago al que ha hecho referencia Alaya se habría realizado en una caja de zapatos antes de las elecciones municipales de 2011.
La Operación Madeja viene derivada de la investigación en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla. Desarrollada en dos fases entre julio y diciembre de 2013, la operación se había saldado hasta el momento con nueve detenidos, si bien los que llegaron a ingresar en prisión salieron en libertad bajo fianza.
A Castaño se le atribuyen presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Las diligencias de esta investigación se dirigen también contra su esposa, el administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente 'Fitonovo', Rafael González Palomo, y el exadministrador de la empresa 'Fiverde' Ángel Manuel Macedo.
En diciembre de 2013, la UCO practicó la segunda fase de la Operación Madeja, poniendo a disposición judicial a otras cinco personas. Fueron José Antonio González Baró, hijo del dueño de Fitonovo --Rafael González Palomo, detenido en la primera fase--, y otro trabajador de esta empresa, así como dos funcionarios de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento hispalense y un empresario ajeno incialmente a Fitonovo.
Dentro de esta segunda fase, los agentes de la UCO imputaron a un funcionario municipal y al director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP), que fue destituido de manera fulminante y nada más conocer su imputación por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.
Dentro de esta segunda fase, los agentes de la UCO imputaron a un funcionario municipal y al director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP), que fue destituido de manera fulminante y nada más conocer su imputación por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.
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La infanta Botín
Botín se libró de una condena segura gracias a un fabuloso potaje jurásico que el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cocinó a marchas forzadas para ayudar al más todopoderoso banquero del reino. Los abogados defensores, los fiscales y los jueces trabajaron día y noche, como los cocineros de Master Chef, para establecer una doctrina jurídica técnicamente ridícula pero que para el lego podría resumirse así: no sentarás a Botín en el banquillo. Desde que la sentencia se hizo pública, los juristas de todo el mundo comprobaron, una vez más, que la jurisprudencia española sienta sus raíces en los grimorios medievales, los manuales de la Santa Inquisición y las tablillas de Atapuerca.
Botín se libró de una condena segura gracias a un fabuloso potaje jurásico que el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cocinó a marchas forzadas para ayudar al más todopoderoso banquero del reino. Los abogados defensores, los fiscales y los jueces trabajaron día y noche, como los cocineros de Master Chef, para establecer una doctrina jurídica técnicamente ridícula pero que para el lego podría resumirse así: no sentarás a Botín en el banquillo. Desde que la sentencia se hizo pública, los juristas de todo el mundo comprobaron, una vez más, que la jurisprudencia española sienta sus raíces en los grimorios medievales, los manuales de la Santa Inquisición y las tablillas de Atapuerca.
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