Agentes judiciales y de la Guardia Civil, este martes en el patio de la Diputación de Sevilla.
Una treintena de detenidos en otra gran redada anticorrupción
La juez investiga una "organización criminal" para conseguir contratos públicos con ramificaciones en 13 provincias.
La juez Mercedes Alaya dirige desde primera hora de esta mañana una macrorredada anticorrupción en 13 provincias, -repartidas por Andalucía, Canarias, Extremadura o Madrid-, en la que hay previstas al menos una treintena de detenciones de técnicos, altos funcionarios municipales y políticos. La operación ha desmantelado un entramado criminal supuestamente dedicado a obtener contratos irregulares que montó una estructura de contactos con funcionarios corruptos que facilitaban contratos públicos, principalmente en servicios de jardinería, a cambio de comisiones.
La operación sigue la senda de los contratos firmados por instituciones públicas de varias comunidades con las empresas Fitonovo y Fitoverde. Los detenidos, según las investigaciones, estaban relacionados con estas contrataciones para el mantenimiento de parques y jardines de titularidad pública.
Desde las nueve de la mañana, la Guardia Civil está practicando registros en la sede de la Diputación Provincial de Sevilla, situada en la Avenida Menéndez Pelayo, concretamente en el despacho de un ingeniero. Estas actuaciones se enmarcan dentro de la tercera fase de la Operación Madeja, que ha recibido una nueva denominación, Operación Enredadera, ya que se investigan trabajos y adjudicaciones relacionadas con la jardinería.
Las pesquisas indagan supuestos pagos de comisiones en metálico y en especie a altos cargos municipales por parte de empresas que, a cambio, habrían obtenido magras contratas de obras y servicios fraudulentos para cuidado de parques y jardines públicos, entre otras actividades. Se investigan supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude, entre otros.
Las diligencias están secretas desde julio de 2013, tras sucesivas prórrogas decretadas por Alaya, y surgieron durante la investigación del caso Mercasevilla, germen, a su vez, del asunto de los ERE de Andalucía, que acumula 229 imputados. Gran parte de las detenciones afectan al Ayuntamiento de Sevilla, por corruptelas acaecidas a partir de 2005, entonces en manos del PSOE, que gobernó hasta 2011.
Los investigadores descubrieron graves corruptelas en la actividad del exresponsable del departamento de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano, Domingo Enrique Castaño, y que han salpicado a su esposa. Castaño también era asesor del grupo socialista del Ayuntamiento. Sobre él existe la sospecha de que recibió regalos y fuertes sumas de dinero (algo más de 400.000 euros) a cambio de amañar y conceder contratas municipales a las empresas Fitonovo y Fiverde. Solo a cambio de una contrata, Castaños recibió unos 30.000 euros de Fitonovo, empresa que se encarga, entre otras cosas, de cuidar y mantener parques y jardines públicos. Cuando fue descubierto, alegó que ese dinero era para el PSOE.
En relación con la Operación Madeja, distinta de la Púnica, aunque ambas son investigadas por agentes de la elitista UCO de la Guardia Civil, hace meses fueron detenidas varias personas en Sevilla vinculadas al área de Medio Ambiente de Sevilla, así como el hijo del dueño de la empresa Fitonovo, José Antonio González. De esta firma y también de Fiverde partieron supuestamente comisiones y regalos para altos cargos municipales de Sevilla. Y no solo para Domingo Enrique Castaños. El sumario revela también la presunta participación en esta trama del exconcejal del PP y director del área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña.
El dueño de Fitonovo, Rafael González, se vio acorralado tras ser citado por la juez Alaya y destapó que su empresa no solo había pagado comisiones y dado dádivas a cargos municipales de Sevilla. Añadió que había hecho lo mismo con funcionarios de otros ayuntamientos. Gracias a las contratas derivadas de estos pagos, su empresa creció de forma espectacular en apenas unos años. De no tener ningún trabajador, pasó a contratar a más de un centenar y a facturar decenas de millones de euros al año.
Los investigadores, con pinchazos telefónicos, han tirado de la manta y han llegado ahora hasta una treintena de detenciones. El dueño de Fitonovo, José Antonio González, indicó a los investigadores el camino a seguir gracias a su meticulosidad: el empresario había mantenido durante años una contabilidad con los presuntos pagos realizados para obtener obras en diferentes Ayuntamientos y Diputaciones andaluzas y canarias, cuyos responsables se beneficiaron supuestamente de estos abonos en dinero B, cuya trazabilidad el empresario había anotado durante años en un cuaderno. Muchos de esos apuntes han salido a flote esta mañana.
COMENTARIO:
En España se pega una patada a una piedra y salen 25 corruptos.Casos de corrupción salpicando aquí y allá a los partidos, a los sindicatos, ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos... ¿Y todavía hay quienes en vez de mirar a la corrupción rampante que nos acosa por doquier miran al dedo que la señala? Inefable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario