Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Santamaría: “La Constitución que ampara esa manifestación fija cómo cambiarla"
La vicepresidenta confía en que Mas no saque las urnas a la calle mientras el Gobierno prepara los recursos. El Ejecutivo "respeta" a los manifestantes pero les recuerda que el límite es la ley.
El Gobierno mantiene su postura ante el reto soberanista catalán tras la manifestación multitudinaria de la Diada ayer en Barcelona. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado este viernes al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que debe cumplir la ley. "El Gobierno está sujeto a la Constitución y las leyes. En este momento y en el futuro, en España y en Cataluña", ha asegurado Santamaría durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Y ha remachado: "Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pero los gobernantes estamos obligados a cumplir la ley".
La vicepresidenta contestó directamente a esos miles de manifestantes apelando a la Constitución. "El Gobierno respeta el derecho de todas las personas que se manifiestan pacíficamente, un derecho que está recogido en la Constitución. Pero esa misma Constitución que ampara ese derecho establece los procedimientos por los que los gobernantes pueden cambiar nuesto sistema constitucional. El Gobierno no puede cambiar su posición porque es la Constitución la que establece el procedimiento para los cambios que la Generalitat reclama".
Esto es, el Ejecutivo señala que por muchas manifestaciones que haya, el camino sigue siendo el mismo: si el Parlament quiere un cambio constitucional para poder hacer un referéndum que el Ejecutivo ve inconstitucional, debe plantear una propuesta de reforma constitucional en las Cortes que sin duda sería rechazada por el PP, con lo que de momento no hay salida.
La número dos del Ejecutivo ha confirmado que el Gobierno impugnará al Tribunal Constitucional la Ley de Consultas cuando el Parlamento catalán la apruebe: "Lo hacemos porque entendemos que esa ley tiene un vicio de constitucionalidad". De hecho el Ejecutivo ya trabaja en los textos y en los plazos, con la posibilidad de que coincida con un viaje a China del presidente del Gobierno, con lo que no se descarta un Consejo de MInistros extraordinario para aprobar de forma rápida esos recursos.
Santamaría ha recordado que la suspensión de la ley es automática con la impugnación. Ante las peticiones de diálogo de Artur Mas, la vicepresidenta del Gobierno no ha dado cuenta de que vayan a mantener ningún contacto especial, más allá de los "habituales". "Seguiremos trabajando como hasta la fecha", ha añadido.
El Gobierno, ha dicho Santamaría, "respeta el derecho de todas las personas que se manifestaron ayer en Cataluña", pero al mismo tiempo recordado que el Ejecutivo "no puede cambiar su posición por capricho". Ese marco constitucional que, según la vicepresidenta, impide la consulta soberanista tal y como está planteada, es el mismo que ha permitido que España tenga "una de las mayores cotas de descentralización de los Estados de nuestro entorno", ha defendido.
La respuesta del Gobierno llega después de que este viernes el presidente de la Generalitat, Artur Mas, haya asegurado que su plan sigue adelante. "Votaremos seguro; otra cosa serán las condiciones, que no dependen solo de nosotros", ha asegurado Mas en una entrevista en RAC1. "Si no hacemos bien la consulta, será como un bumerán que caerá sobre nosotros", ha reconocido el líder de CiU.
El presidente de la Generalitat había lamentado de nuevo, como viene haciendo en los últimos meses, la postura "inmovilista" del Gobierno de Mariano Rajoy: "Tengo pocas esperanzas, pero el Gobierno español todavía está a tiempo. La única estrategia que tiene en estos momentos es la del miedo y el no a todo".
También ha pedido diálogo el líder del PSOE. Pedro Sánchez ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al de la Generalitat, Artur Mas, que se sienten a hablar y afronten un proceso de renovación de la Constitución como defienden los socialistas. "No podemos continuar así", ha defendido Pedro Sánchez.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dejado claro por su parte que la Fiscalía ya ha hecho los deberes. La institución que dirige ha estudiado "todas las posibilidades de actuación hipotéticas" en relación con la consulta independentista, ha explicado Torres-Dulce este viernes en una entrevista de radio, y ha dejado claro que si se comete alguna conducta "marcada en el Código Penal la Fiscalía, los tribunales actuarán en consecuencia". El plan del Ministerio Público, ha remachado, "es el Código penal".
COMENTARIO:
Todo resulta tan natural que en estos momentos el derecho de la ciudadanía en democracia a decidir su futuro o está recogido o debería estar en cualquier texto constitucional; dicen los que se oponen a que los catalanes ejerzan libremente ese derecho, que el derecho pertenece a todos los españoles, bien, entonces votemos todos y así se acaba el problema; pero estas cosas suelen ser mucho más complejas, aunque al final alguien de fuera del país nos venga a demostrar que las cosas cuando se hablan se suele llegar a un acuerdo; Rajoy no se baja del burro de la constitución, los nacionalistas catalanes dicen que solo ellos libremente pueden determinar su futuro, ahí está el quid de la cuestión; pero está claro que aquellos que siguen pensando que en día 9 de noviembre las urnas no saldrán a las calles catalanas, cada vez son menos; la gran mayoría de españoles sabemos que habrá consulta y que además ganará el si, después vendrán los recursos y las impugnaciones, pero eso ya formará parte del futuro
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