El conseller de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Francesc Homs
Un Consejo de Garantías Estatutarias muy dividido avala la Ley de Consultas
El órgano consultivo da luz verde a la norma con cuatro votos particulares de sus nueve miembros.
El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha emitido este mediodía un informe en el que ha concluido que la Ley de Consultas sobre la que penderá el referéndum secesionista es constitucional. El dictamen ha sido aprobado aunque con cuatro votos particulares de sus nueve miembros: Pere Jover, Eliseo Aja -quienes fueron nombrados a propuesta del PSC-, Marc Carrillo (ICV) y Carles Jaume Fernández (PP). El CGE es un órgano consultivo al que la Generalitat envía algunos proyectos de ley para que examine si están amparados por la Constitución.
Los partidos soberanistas aguardaban la conclusión de Garantías Estatutarias para poder aprobar esta ley en la semana del 18 al 22 de septiembre. CiU, ERC, Iniciativa y la CUP siempre han defendido la legalidad de la norma y la legitimidad del Parlamento catalán para impulsar, bajo al amparo de ese texto, el referéndum secesionista el próximo 9 de noviembre.
Josep Rull, número dos de Convergència, ya afirmó hace tres días en Prada de Conflent que esta semana era clave para determinar el futuro de proceso soberanista. La defensa que realizan los partidos soberanistas de la Ley de Consultas como instrumento para amparar legalmente el referéndum contrasta, sin embargo, con la opinión de socialistas y populares. El PSC apoyó la tramitación del texto, pero Miquel Iceta siempre ha advertido que esta ley no se puede utilizar para la consulta sobre la que la Generalitat carece de competencias.
El dictamen constata que el Estatuto de Autonomía ya prevé una lista de "instrumentos de democracia participativa" (encuestas, audiencias públicas, fórums de participación) que se completan con una cláusula abierta: "Cualquier otro instrumento de consulta popular". El Consejo entiende que, con ese precepto, se puede defender la legalidad de un referéndum autonómico al entenderse que se trata de una consulta popular. La resolución sostiene que el Estatuto prevé la participación de los catalanes en asuntos públicos.
El informe subraya que, en el marco constitucional, no hay cuestiones prohibidas a la opinión de los ciudadanos y que en la cultura constitucional común de las democracias occidentales se amparan "todas aquellas ideas y expresiones políticas, incluyendo las que se oponen al orden mismo en el que encuentran resguardo". "Siempre", eso sí, "que se formulen y se transmitan democráticamente y de acuerdo con los procedimientos y los límites establecidos" en el Estado de Derecho.
El dictamen fue solicitado por cuatro grupos parlamentarios catalanes, aunque PSC y PP también plantearon dudas sobre la constitucionalidad del acuerdo alcanzado por esos cuatro grupos en diciembre de 2013. De ese acuerdo salió la doble pregunta que previsiblemente será objeto de una consulta el próximo 9 de noviembre: “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Y en caso de que la respuesta sea afirmativa: ¿Quiere que este Estado sea independiente?”
El Consejo considera, sin embargo, que "no procede" pronunciarse sobre la legalidad de esa pregunta porque desborda su "marco institucional y jurídico". "La naturaleza es la de un acuerdo de índole política, con todo el impacto político y ciudadano que se le quiera atribuir, pero, a efectos de nuestra tarea consultiva, está faltado de consecuencias jurídicas”. La pregunta de la consulta “no es una realidad fáctica consolidada”, añaden los consejeros, sino “una declaración de intenciones formulada por determinadas fuerzas políticas”, que “aspiran a convertirla en un acto normativo”.
Las diez conclusiones que contiene el dictamen -y que avalan el encaje constitucional de la proposición de ley- han sido aprobadas por una ajustada mayoría. De hecho, casi la mitad del informe está dedicado a los votos particulares planteados por cuatro de los consejeros discrepantes. Éstos concluyen, por distintos caminos y con argumentos dispares, que algunos de los artículos que recoge la ley choca tanto con las previsiones de la Constitución Española como del Estatuto de Autonomía.
EN ESPAÑA NI HAY CONSTITUCIÓN ,NI POLÍTICOS, NI MONARQUÍA QUE TENGA SENTIDO DE NACIÓN ES UNA VERGÜENZA DE PAIS ¡QUÉ PENA ME DA¡
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