EL COPAGO DE DEPENDENCIA CRECE EL 68%

Usuarias de una residencia de mayores de Burgos.

El copago en dependencia crece un 68% en los años de la crisis

La media de aportación por usuario al año ha pasado de 960,88 euros (2009) a 1.613,59 (2013)

Empresarios y sindicatos destacan en un informe la caída de usuarios y de financiación pública.

El sistema de dependencia nació en enero de 2007 con la aspiración de garantizar una asistencia profesional y universal a las personas que no pueden valerse por sí mismas. Siete años después, la patronal del sector y los sindicatos han echado la vista atrás, y describen cómo el sistema no solo se encuentra en retroceso como pone de manifiesto el número menguante de beneficiarios. También advierten de que los tijeretazos a la norma y la reducción de la financiación pública se han traducido en mayor carga económica en los usuarios a través de un incremento del copago, que ha aumentado en un 68% entre 2009 y 2013.

Estas conclusiones se reflejan en el informe Observatorio del sector de atención a la dependencia en España, que han presentado este miércoles en Madrid representantes de CC OO, UGT, y las asociaciones empresariales FED, LARES y AESTE, a partir de los registros publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) vinculado al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, y otros datos oficiales, como los informes del Tribunal de Cuentas.

El gasto público destinado al sistema va claramente a la baja. Las Administraciones han pasado de abonar 8.648 euros por usuario en 2009 a 6.879 euros en 2013. La reducción es del 20,4%, lo que resulta especialmente grave teniendo en cuenta que ha caído el número de beneficiarios por año, como destaca el estudio. Conclusión: “Menos beneficiarios y menos gasto por beneficiario”.

Estos datos dejan claro que las Administraciones cada vez pagan menos por unos servicios que cuestan lo mismo (o más). ¿Cómo se sostiene entonces el servicio? Con una mayor aportación de los dependientes y sus familiares. “Parece evidente que es el usuario, a través del copago, el que está soportando el recorte de la financiación pública de la dependencia”, indica el estudio.

Los autores del informe advierten de la dificultad de manejar datos de financiación de la dependencia debido a las “importantes limitaciones” de las cifras que aportan las comunidades autónomas. Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CC OO, criticó a las comunidades por no facilitar los datos al Tribunal de Cuentas. “Existe un oscurantismo sobre este tema. Nadie quiere decir cuánto invierte”, añadió. También José Alberto Echeverría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), instó a las administraciones a decir si están apoyando o no a los dependientes, y en cuánto.

En todo caso, y según los datos, el copago medio por usuario se ha incrementado en 650 euros entre 2009 y 2013, un 68%. Ello supone que la aportación de los usuarios respecto al coste total del sistema ha aumentado desde 2010 casi un 80% y se ha duplicado desde 2009. Los beneficiarios han pasado de asumir el 10% al 20% del coste de la dependencia, aunque no se ha llegado al 33% que, en un primer momento, preveía la memoria de la ley, algo que siempre se consideró de difícil cumplimiento dadas las pensiones de los jubilados en España. Este colectivo, los mayores, es el principal beneficiario del sistema de dependencia.

Otras conclusiones insisten en deficiencias ya detectadas en análisis previos:

Retrasos en la valoración y concesión de prestaciones. El informe constata que algunas comunidades autónomas (por ejemplo la Valenciana) no reconocen la prestación aunque los usuarios tengan derecho a ella si no tienen fondos para soportar este gasto -“hasta que tienen crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva”, recoge el documento-.

Los fondos estatales finalistas para dependencia han sufrido "importantes disminuciones"

En Andalucía, Comunidad Valenciana y Extremadura el plazo medio para que los dependientes reciban la prestación supera los 300 días, igual sucede en Asturias, aunque esta comunidad no ha facilitado los datos al respecto al Tribunal de Cuentas. Mientras que en regiones como Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia, Baleares, Galicia y Aragón el plazo medio se calcula en 200 días.

Reducción de los fondos finalistas estatales, una partida que ha sufrido “importantes disminuciones”. El estudio recuerda la reducción en las prestaciones económicas (el dinero destinado a las familias para atender a los dependientes o para pagar las residencias que elijan) o la suspensión de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales. El documento excluye de los recortes la financiación estatal no finalista, los recursos adicionales contemplados en la ley que regula el sistema de financiación de las autonomías de régimen común que pueden ser empleados en cualquier concepto que las autonomías consideren, sea dependencia o cualquier otro.

Disminuye el empleo en el sector desde 2012. La dependencia supuso una esperanza no solo para las personas con necesidades de atención, sino para los trabajadores de los servicios sociales debido a las posibilidades que ofrecía de incremento de puestos de trabajo y profesionalización del sector. El informe muestra que el crecimiento de empleo generado se ha ralentizado y que comenzó a descender desde 2012 “incrementándose desde esta fecha los contratos no fijos y el empleo a tiempo parcial, lo que unido a la disminución de servicios e intensidades previstas nos aleja de las estimaciones de creación de empleo previstas”.

Vicente Sánchez, secretario general de Construcción y Servicios de CC OO, informó de que en 2010 el sector empleaba a 184.000 personas, para 2012 esa cifra aumentó hasta los 218.000, pero entre 2013 y lo que va de 2014 se ha reducido hasta los 178.000.

Normativa “rotundamente excesiva”: Hay más de 671 textos legales de comunidades autónomas y 134 normas estatales. Y, sin embargo, falta una regulación estatal “de acreditación de servicios profesionales de calidad que responda a las distintas necesidades de las personas dependientes”.

Más prestaciones económicas que servicios. A pesar de que la Ley de Dependencia pretendía priorizar los servicios (residencias, centros de día) frente a las prestaciones económicas (ingresos de dinero a los beneficiarios o sus cuidadores), no ha sido así. La atención más extendida es la prestación económica por cuidados familiares (un 42%, los cuidados que pueden considerarse más amateur). Muy por detrás de las residencias (14% de los usuarios), ayuda a domicilio (12,7%) o centros de día (7,5%).

Elevada valoración de grandes dependientes. El informe advierte de la elevada valoración de grandes dependientes una gran proporción de grandes dependientes (30% del total) y severos (36,1%), "ambos muy superiores a otros países europeos con similar población". El motivo "puede tener relación con la financiación por grados de dependencia reconocido, pudiendo existir un sesgo en la valoración hacia los grados mejor financiados".

COMENTARIO:

Una consecuencia mas del pacto constitucional PPSOE, en el que se prioriza el pago de deudas a proveedores, bancos, etc. antes que atender las necesidades de los ciudadanos mas vulnerables. Y esto no lo pueden cambiar los mismos que lo generaron.