El fiscal Manuel Fernández Guerra, en los juzgados.
Anticorrupción pide la anulación de la fianza de Alaya a Álvarez
La fiscalía apoya a la exministra, que recurrió en un recurso la caución de 29,5 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción estima que la fianza civil de 29,5 millones impuesta por la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, a la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra Magdalena Álvarez, debe ser anulada. El ministerio público se ha adherido al recurso que la exconsejera andaluza de Hacienda presentó ante la Audiencia de Sevilla para que la medida cautelar sea revocada.
Anticorrupción considera que no es posible imponer una caución a la exconsejera dado que de momento la investigación no puede cuantificar la cantidad de dinero supuestamente malversada durante su mandato como consejera de Hacienda. La fiscalía ya se pronunció en este sentido cuando Álvarez declaró por primera vez el pasado octubre, por lo que al término de su comparecencia en el juzgado declinó imponerle una fianza.
El pasado marzo la juez Alaya impuso dicha caución de 29,5 millones a la exministra y le acusó de ser la “promotora del procedimiento ilegal de subvenciones sociolaborales” por autorizar los pagos del fondo de los ERE. Además, le imputó haber contribuido al diseño “opaco” y “discrecional” de ayudas, que eludió los controles de la Intervención General. Pero sobre todo Alaya avanzó una supuesta condena de la exministra al mencionar “la probabilidad cierta de que pudiera ser condenada en un futuro por los hechos que hoy se investigan”. A continuación, Álvarez recurrió la fianza civil impuesta, que la calificó como “abusiva” y “presidida por un fin estigmatizador y punitivo; un fin coherente con el juicio anticipado de culpabilidad”.
La exministra censuraba en su recurso que la juez instructora se arrogase funciones de enjuiciamiento que no le corresponden y que despiertan “serias dudas” sobre su “imparcialidad”, ya que, según estimaba, había emitido un “juicio anticipado de culpabilidad”. Álvarez consideró que el auto de la juez debía ser declarado nulo de pleno derecho por cuanto impone una fianza desproporcionada. Ahora, Anticorrupción concluye que la fianza fijada por Alaya no es procedente.
La juez recibió este miércoles también otras dos objeciones a su instrucción del caso; el abogado de dos ex directores generales de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano le pidieron “a la mayor brevedad y sin más excusas dilatorias” que aplace la declaración judicial de sus clientes y eleve la causa contra los expresidentes andaluces y otros cinco exconsejeros preimputados al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), informa Efe.
Estos dos ex altos cargos están citados como imputados el próximo 12 de mayo después de que la juez Alaya haya rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de dividir la causa de los ERE en piezas —una por cada ayuda investigada— y elevar al Tribunal Supremo la correspondiente a los siete cargos aforados y la de la Sierra Norte sevillana.
Además, el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, se sumó a las quejas acumuladas en los últimos días contra la instrucción de la juez y criticó su “desatino” y su “intromisión ilegítima” respecto a las actividades del Parlamento andaluz. Cano declaró este miércoles tras una conferencia que hace tiempo que le parece “mal” la actuación de la juez Alaya, a la que reprocha que intentara “intervenir, limitar e investigar” la inviolabilidad parlamentaria con sus resoluciones. “No se puede, desde los autos, inventar figuras procesales que no existen. Y tiene el deber inexcusable, tan pronto cuando aparecen indicios racionales de criminalidad de aforados, de remitir una exposición razonada al tribunal correspondiente”, destacó este miércoles Cano Bueso.
Por otra parte, la fiscalía achaca al “tándem” de empresarios de la Sierra Norte de Sevilla formado por José María Sayago y José Enrique Rosendo haber realizado “operaciones societarias” que “pudieran ocultar o dificultar” las investigaciones del caso ERE, según refleja el acta de sus imputaciones. Ambos están acusados de malversación, prevaricación y tráfico de influencias por recibir ayudas directas de 16,9 millones.
La juez y el ‘caso Natura’
El caso Natura, en el que se investiga a una empresa subvencionada por la Junta por pagar presuntamente con facturas falsas unos cursos de formación, ha permanecido desde 2012 en el Juzgado 4 de Instrucción de Algeciras (Cádiz). Pero ahora, la Guardia Civil estima que puede estar vinculado con la investigación sobre los cursos de formación que instruye la juez Mercedes Alaya en Sevilla y que permanece bajo secreto, según avanza el diario La voz de Cádiz.
Por ello, tras conocer el informe de la Guardia Civil en el que se concluía la relación de las causas, la magistrada que instruía este caso se inhibió en la juez Mercedes Alaya para que continuase con la investigación de la empresa Asociación de Apoyo al Medio Ambiente Natura, entidad a la que la Junta ya ha abierto un expediente por presunto desvío de 1,5 millones concedidos en 2010. Natura está integrada en la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (FORPE), vinculada al exconsejero de la Junta Ángel Ojeda, quien ha recurrido como parte denunciada el auto de inhibición para que la causa permanezca en Algeciras.
La Audiencia Provincial decidirá cuál de los dos juzgados es competente para continuar indagando la legalidad en el procedimiento de pagos. No obstante, la juez que instruía el caso Natura ha cambiado y el Juzgado 4 de Algeciras ahora tiene otro magistrado como titular, que ha solicitado tiempo para estudiar si realmente quiere inhibirse del caso o seguir instruyéndolo él.
El caso Natura se abrió en 2012 a partir de la denuncia de una profesora que aseguró que querían pagarle unos cursos con facturas falsas, punto que corroboraron otros docentes. Y a partir de ahí se conoció que Natura es una de las empresas que más dinero público ha recibido en Cádiz para realizar cursos de formación.
COMENTARIO:
LOS SIERVOS SIRVEN A SUS SEÑORES QUE LOS HAN NOMBRADO.
¿Anti que? Hay instituciones a las que deberían cambiar el nombre. O eso o darles un curso acelerado de cual es su misión, que también les vendría bien.
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