AHORA QUE NO LO INDULTE EL GOBIERNO

Carles Xavier López, coordinador de la plataforma Justicia caso Blasco muestra a las puertas del TSJ la sentencia de 8 años de cárcel para el exconsejero

Ocho años de cárcel a un exconsejero de Camps por fraude en ayudas al desarrollo

Penas también para otros cinco cargos públicos, dos dirigentes de una fundación y un empresario ligado a Rafael Blasco

Los condenados desviaron a la compra de inmuebles en Valencia subvenciones destinadas a Nicaragua.

Los jueces han condenado este miércoles al excosnejero valenciano Rafael Blasco a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta por el fraude en las ayudas de cooperación al desarrollo, cometido durante la presidencia de Francisco Camps. Un total de 43 años de prisión y 47 años de inhabilitación a la trama que se apropió de los fondos destinados a proyectos de desarrollo en América Latina, África y Asia por la Generalitat valenciana. La red estaba integrada por la cúpula de la Consejería de Solidaridad, a la que pertenecían seis de los nueve enjuiciados.

Al frente de todos ellos, Rafael Blasco, el hombre que ha definido una parte clave de la política valenciana de los últimos 30 años, y que alcanzó su máxima cota de poder en 2009, durante la recta final del mandato del expresidente Francisco Camps. Los magistrados han condenado a Blasco, que sigue siendo diputado autonómico, a ocho años de cárcel como jefe de la red y 20 años de inhabilitación absoluta por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y delito continuado de falsedad en documento oficial.

Ocho de los nueve procesados durante el juicio en febrero de 2014. /

Junto a Blasco han sido condenados el empresario Augusto César Tauroni, a ocho años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta; la que fue secretaria general administrativa de la consejería, Tina Sanjuán, a siete años y seis meses de prisión; el exjefe del área de cooperación, Marc Llinares y el exsecretario general del departamento, Alexandre Català, ambos a cuatro años y seis meses de prisión y siete años de inhabilitación; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, a tres años de prisión y dos de inhabilitación; el presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales, Marcial López, a cuatro años y seis millones de euros de multa; la miembro de la misma Fundación Cyes, Josefa Cervera, a tres años y medio de prisión y multa de cuatro millones de euros, y el exsecreatario Jospe Maria Felip, a siete años de inhabilitación.

Además, Tauroni, López y Cervera han sido condenados al pago conjunto y solidario de una indemnización a la Generalitat de 1,7 millones de euros. La responsable civil subsidiaria es la fundación Cyes.

La sentencia considera probado que el exconsejero y exportavoz del PP en las Cortes Valencianas forzó el procedimiento de concesión de subvenciones. Presionó a funcionarios. Y que, a la vista de su resistencia, los relevó por personas de su confianza que sí accedieron a conceder las ayudas violando los criterios legales. El fallo conocido hoy corresponde a la primera pieza separada del caso Cooperación, una macrocausa que tiene otras dos piezas separadas.

En esta parte de la causa se ha juzgado la primera actuación de la trama. El desvío en 2008, poco después de que Blasco, a quien la trama apodaba El Conejo, se hiciera cargo de la consejería, de 1,8 millones teóricamente destinados a Nicaragua. El dinero se invirtió principalmente en pisos y plazas de garaje.

En la causa se investigan también, entre otros fraudes, la supuesta rapiña en la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que asoló el país caribeño en 2010, al que Camps decidió destinar inicialmente cinco millones de euros.

Rafael Blasco, cuando fue juzgado en 1991 por corrupción urbanística. /

Junto al exconsejero y todavía diputado autonómico han sido condenados los principales mandos de la consejería. El presidente de la fundación que se utilizó para recibir los fondos. Y el empresario Augusto César Tauroni, cabecilla de la parte civil de la red, que lleva más de dos años en prisión provisional.

Blasco dirigió casi todas las consejerías de la Generalitat. Fue un estrecho colaborador de tres presidentes de la Generalitat, y se especializó en asesorarles en materias delicadas. Alcanzó su cima de poder cuando el expresidente Camps se vio amenazado por su implicación en el caso Gürtel. El expresidente lo nombró portavoz parlamentario y titular de las carteras de Solidaridad y de Justicia.

La carrera política de Blasco ya pareció acabada hace 25 años, cuando los socialistas lo expulsaron del Gobierno valenciano y del partido entre sospechas de que había aceptado sobornos a cambio de facilitar negocios urbanísticos.

El veterano político (acaba de cumplir 69 años) fue, sin embargo, absuelto tras la anulación de los pinchazos teléfonicos que sostenían la acusación. Después de un periodo de ostracismo, Blasco fue reclutado por el popular Eduardo Zaplana, elegido presidente valenciano en 1995, para la causa popular. Zaplana explotó la contrastada habilidad de Blasco, así como el profundo conocimiento que el político tenía de la estructura autonómica y de su gran rival, el PSPV-PSOE.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, lo destituyó como portavoz en las Cortes Valencianas en 2012, después de que fuera imputado en este caso. Fabra no forzó, sin embargo, su salida del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, sin embargo, hasta que la juez lo sentó en el banquillo de los acusados, hace un año, y el propio Gobierno valenciano, personado en el procedimiento, solicitó para él 11 años de prisión.

Blasco integra ahora el grupo de no adscritos de las Cortes y se encuentra inmersos en varias investigaciones por corrupción. Existen dudas sobre si dejará su escaño tras la condena, dado que aún puede recurrir la condena al Tribunal Supremo.

COMENTARIO:

Continuamos con el espectáculo judicial patrocinado por los gobernantes, héroes de nuestra Patria que se llevan el dinero del pueblo prestado a casa para moverlo y crear empleo y desarrollo. Al final....agua de borrajas...alargar juicios en busca de la prescripción...y si no "donde dije digo, digo Diego" e indulto a quien haya que indultar. Y los vertederos llenos de infamia.