La investigación sobre corrupción en el Principado termina con 17 peticiones de procesamiento, el juicio no dará comienzo, según los más optimistas, antes de del año 2015
Después de tres años y nueve meses de investigaciones, el juez Ángel Sorando ha cerrado la instrucción del "caso Marea", la supuesta trama corrupta con epicentro en el Gobierno regional del socialista Vicente Álvarez Areces, un caso destapado por LA NUEVA ESPAÑA en febrero del 2010 tras la denuncia de Azucena V. F., una gijonesa a la que la funcionaria Marta Renedo usurpó supuestamente la identidad para abrir una cuenta corriente y desviar allí dinero público.
Con el auto de conclusión del sumario, al que ha tenido acceso este diario, Sorando da por terminado su trabajo al haber practicado "cuantas diligencias se han estimado necesarias para la comprobación del delito, la participación que han tenido los procesados y las circunstancias que en su comisión han concurrido". El juez le pasa así la pelota a la Audiencia Provincial, que recogerá el testigo de una causa en la que hasta el momento hay 17 procesados y tendrá que fijar la apertura de un juicio que no dará comienzo, según las previsiones más optimistas, antes de principios del año 2015. Pero hasta entonces el proceso puede dar muchas vueltas.
El "caso Marea" ha entrado en lo que se conoce como la fase intermedia, que no es más que el periodo que discurre entre la redacción del auto de conclusión del sumario y la apertura del juicio oral. Lo primero que tendrán que hacer los magistrados de la sala que se vaya a encargar del caso, que aún no ha trascendido, será revisar los más de 50.000 folios que les va a enviar Sorando para determinar si confirman o revocan el auto de conclusión del instructor. Es decir, tendrán que decidir, entre otras cosas, si se han practicado todas las pruebas necesarias para esclarecer los hechos, si son necesarias más testificales o si modifican la lista de 17 personas que propone Sorando para que sean juzgadas. Lo más probable, según fuentes judiciales conocedoras del caso, es que esa lista sea rebajada y que sean menos los acusados que acaben sentándose en el banquillo, aunque también podría darse el caso de que la Audiencia decida procesar a algunas de las personas que el instructor ha dejado fuera. En ningún caso el sumario volverá a Sorando. Todas las actuaciones que tengan que practicarse a partir de ahora correrán a cargo de la Audiencia Provincial.
Por otro lado, la Audiencia aún tiene que dar respuesta a algunos recursos pendientes presentados por las partes, así como a las solicitudes de diligencias que Sorando no ha practicado al considerar, según recoge el auto de conclusión, que no son "convenientes" o "imprescindibles" para la investigación.
Entre esos recursos hay algunos que pueden ser determinantes para el proceso, como los presentados por las defensas de los principales acusados contra la decisión de Sorando de transformar en sumario las diligencias previas del caso, una medida que, entre otras cosas, impide que sea un tribunal de jurado el que juzgue a los imputados. El instructor lo hizo al apreciar indicios de un delito de prevaricación administrativa -un tipo de infracción vedada expresamente al jurado- en dos de los procesados, la ex directora general María Jesús Otero y el ex consejero José Luis Iglesias Riopedre. Pero al menos la defensa de Marta Renedo y las de los empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín consideran, en esencia, que ninguno de sus clientes tenía entidad suficiente como para cometer prevaricación administrativa y que ese delito, en caso de que exista, tendría que ser juzgado por separado, ya que no se rompería "la continencia" de la causa. El letrado de Igrafo, Miguel Valdés-Hevia, lo explicó en su día con un ejemplo: "Cabe perfectamente, en caso de enjuiciamiento separado, que se condene al ex consejero (por Riopedre) por prevaricación y se le absuelva por cohecho, o viceversa, siendo las resoluciones de distinto signo plenamente compatibles y no contradictorias entre sí", señaló. Si esos recursos son estimados, el juicio aún podría celebrarse con jurado o dividirse en piezas separadas, según las fuentes consultadas. También hay pendientes varios recursos contra el auto de procesamiento.
Una vez que todas estas cuestiones queden resueltas, la Audiencia Provincial decretará la apertura del juicio oral. En ese momento la fiscal y las acusaciones presentarán sus escritos de acusación, que les serán trasladados a las defensas. Los acusados podrán, en los tres días siguientes, plantear cuestiones procesales previas, entre las que estarán las peticiones para que se anulen las escuchas telefónicas que sirvieron para destapar el entramado. Algunas de las defensas están convencidas de que eso puede ocurrir. Dicen, entre otras cosas, que no se justificaron debidamente los "pinchazos" y que tampoco se respetaron los plazos legales. Según algunos de los letrados del caso, el proceso está viciado de raíz y están dispuestos a llegar hasta el Supremo para conseguir que se anule. Aunque Sorando ha cerrado la instrucción, la "Marea" sigue viva y todavía hay proceso para rato.
Una tarea "larga y tediosa" durante la que el juez ha recibido "muchísimos palos"
El caso queda ahora en manos de la Audiencia y el juicio no dará comienzo al menos hasta principios del año 2015, según las previsiones más optimistas
El juez Sorando ha dado por concluida un proceso de instrucción durante el que ha recibido "muchísimos palos", según reconoció ayer uno de los letrados de las acusaciones personadas en la causa. Por un lado, las defensas llegaron a manifestar en varias ocasiones que la instrucción estaba siendo "excesivamente larga y tediosa sin ningún fundamento" y ya han anunciado que pedirán ver rebajadas considerablemente las penas de sus defendidos en el caso de que sean condenados durante el juicio. Se aferrarán al artículo 21.6 del Código Penal, que prevé una bajada de las penas por dilaciones indebidas. Los abogados consideran que se ha vulnerado el derecho que tienen sus defendidos a que el pleito se resuelva dentro de unos límites de tiempo "razonables". La Fiscalía Superior de Asturias también planteó en su memoria anual discrepancias sobre la instrucción del "caso Marea", culpó a Sorando de estar "ensanchando en exceso" la investigación y le reprochó que había imputado a personas sin motivo suficiente. La fiscal Carmen Rodríguez, en una reunión con los abogados del caso, ya anunció que sólo acusará a seis de los procesados. Las discrepancias del instructor con el ministerio público también le costaron en su día una sanción por parte del Consejo General del Poder Judicial. Además, la propia Audiencia Provincial advirtió a Sorando el pasado mes de junio sobre el riesgo de alargar la instrucción y le pidió que sólo practicase las diligencias "necesarias" e "imprescindibles".
COMENTARIO:MUCHOS IMPUTADOS QUEDARON POR EL CAMINO AL PONER EL LISTÓN ALTO, SAVANDO POR LOS PELOS.
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