PREPARANDO LA FARSA DE LA DECLARACIÓN DE LA INFANTA

Así se prepara la Infanta

Los abogados de doña Cristina simulan con ella el interrogatorio al que el juez la someterá el 8 de febrero para evitar contradicciones y mantener la serenidad.

A diez días de la cita, la Infanta se entrena a conciencia con el fin de salir bien parada de un trance para el que nadie ha preparado nunca a un miembro de la familia real: el interrogatorio de un juez. Sus abogados ensayan con ella los posibles cuestionarios del magistrado José Castro, el fiscal Pedro Horrach y la acusación popular (Manos Limpias) con rondas de preguntas y réplicas cruzadas para no caer en ninguna contradicción. Repasan juntos los aspectos de la causa y especialmente los que, según el juez, contienen indicios incriminatorios contra doña Cristina por supuesto blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Lo primero, según fuentes jurídicas, es bajarla del pedestal oficial tras una vida y formación entre algodones. Convertir a la Infanta en Cristina, una ciudadana más, sin aforamiento judicial. Explicarle con detalle cómo es la sala donde declarará, quiénes se sentarán ese día junto a ella, qué papel tiene cada uno: juez, fiscal, abogados, secretaria, juez ayudante...

Los abogados que defienden a la hija del Rey, procedentes de los bufetes de Jesús M. Silva y Miquel Roca, repasan con ella hechos, gastos, ingresos, declaraciones fiscales y facturas del caso Nóos para tener preparada una respuesta para todo.

Saben lo incisivos que son el juez Castro y el fiscal Horrach en sus interrogatorios porque el asesor legal del Monarca, José Manuel Romero, conde de Fontao, y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, ya conocen la experiencia. El primero declaró como testigo en marzo de 2013, y el segundo, como imputado, un mes antes, en febrero.

“No puedo agradecerle su comparecencia porque, si bien lo que ha declarado es su verdad, su declaración me parece poco creíble”, le espetó el juez Castro al conde de Fontao al término de un tenso interrogatorio en el que llegó a preguntarle hasta 23 veces si el Rey conocía los negocios de Urdangarin. “No me ha convencido”, concluyó el magistrado.

El interrogatorio a García Revenga, tesorero del Instituto Nóos cuando la supuesta institución sin ánimo de lucro logró casi seis millones de euros en contratos a dedo de la Administración, también fue intenso. “Señor Revenga, tiene una facilidad de palabra importante y da usted todo lujo de detalles. Ya sé que es del Atlético de Madrid y que su abogado es del Real Madrid, pero cuando se le pregunta por cosas espinosas se queda usted callado y solo da respuestas evasivas, totalmente evasivas”, le dijo en este caso el fiscal Horrach al secretario de las Infantas durante su declaración.

El objetivo de la Infanta y de La Zarzuela, según fuentes de la misma, es que, al contrario de lo que ocurrió con Revenga, ella salga de la declaración del próximo 8 de febrero en los juzgados de Palma con un pie en la desimputación. Y que en las varias horas que se estima que se prolongará su comparecencia ante el juez, quede todo aclarado y empiece el fin del “martirio” que el caso Nóos supone para Casa del Rey.

La defensa de la Infanta considera que tras las nuevas explicaciones de peritaje dadas por los inspectores de la Agencia Tributaria ante el juez, la fiscalía y la abogacía del Estado el pasado sábado, ha quedado desarmado el andamiaje de indicios acusadores por supuesto blanqueo y delito fiscal que alzó el juez José Castro en su auto de imputación del pasado 7 de enero.

Castro quiere aprovechar el interrogatorio del próximo 8 de febrero para conocer el grado de implicación de la hija del Rey como supuesta cooperadora pasiva en los dos supuestos delitos fiscales de los que se acusa a su marido. El instructor considera que “los delitos contra la Hacienda pública que se imputan a Iñaki Urdangarin difícilmente se podrían haber cometido, cuando menos, sin el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que, de cara a terceros, mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado”, escribió en su auto de imputación.

Hasta ahora, solo una acusación, el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, pide la incriminación de la Infanta. El fiscal Pedro Horrach, que suele ser el interrogador más duro en el tándem que durante años protagonizó con el juez Castro, no ve a doña Cristina sospechosa de haber cometido delitos.

La Infanta podría acogerse al derecho a no declarar que protege a los imputados, pero es un extremo que tanto ella como sus letrados y La Zarzuela descartan, ya que el objetivo es dar una imagen de cierta colaboración con la justicia y demostrar, como dijeron sus abogados cuando renunciaron a recurrir la imputación, que doña Cristina “no tiene nada que ocultar”. En cualquier caso, la Infanta siempre quedará exenta de contestar aquello que pueda perjudicar a su esposo.

Doña Cristina y sus abogados se están concentrando en el fondo más que en la forma; en la declaración dentro del juzgado, más que en el modo de llegar al mismo. Al contrario de lo que ocurrió con la primera comparecencia de Urdangarin en 2012, el interrogatorio de doña Cristina se grabará en audio, lo que ahorrará el engorroso proceso de transcripción de cada pregunta y respuesta con el consiguiente debate sobre el sentido de la redacción y correcciones del acta, lo que dilató las sesiones hasta 25 horas. Tanto los abogados de la Infanta como La Zarzuela confían en que la declaración de doña Cristina dure bastante menos.

En cuanto a si bajará o no andando la cuesta, la última decisión será de doña Cristina y dependerá, sobre todo, de su estado de ánimo. Lo importante, explican fuentes de su entorno, es que entre en el juzgado serena y entera, y no que unos insultos antes de llegar hagan que se derrumbe dentro. “Ya está crucificada, aunque solo vaya a declarar como imputada, no como procesada ni condenada”, añaden las mismas fuentes.

Es previsible, según esas fuentes, que la Infanta viaje esa misma mañana a Palma, en lugar de hacerlo la noche anterior, y que no duerma en el Palacio de Marivent, donde pasa sus vacaciones la familia real. La Zarzuela no enviará a nadie a Palma ese día al juzgado, aunque, por supuesto, seguirá de cerca la declaración, de la que sus habitantes son totalmente partidarios. A estas alturas están convencidos de que es la única forma de acortar el martirio y la oportunidad de recuperar la iniciativa y la popularidad perdida en las encuestas.

Torres quiere la declaración en vídeo

El exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, ha vuelto a denunciar el “trato de favor” que, en su opinión, está recibiendo la infanta Cristina en la investigación del caso Nóos. Su abogado ha recurrido la decisión del juez, José Castro, que impide grabar en vídeo la declaración, como imputada, de la esposa de Urdangarin, prevista para el próximo 8 de febrero. Torres pide al magistrado que “proceda a la grabación audiovisual” porque “cuenta sobradamente con medios técnicos” para hacerlo “sin cortapisa”.

En un auto dictado el martes, el juez acordó que la histórica declaración de la hija del Rey se grabará solamente en soporte sonoro. De ese archivo —que se custodiará en una caja fuerte— se hará una transcripción escrita. No habrá, pues, imágenes de la infanta Cristina ante el juez. Ni oficiales ni oficiosas: el magistrado ha prohibido “terminantemente” que las personas presentes en la sala accedan a ella con “terminal telefónico, tabletas, ordenador portátil o cualquier otro dispositivo apto para la captación de imágenes o sonidos”.

El abogado de Torres, Manuel González Peeters, razona que “no existe precepto legal alguno que ampare la decisión del juzgado” y recuerda que los juzgados deben “promover el empleo de los medios técnicos, audiovisuales e informáticos”. El letrado reprocha que a otros imputados en la causa sí se les ha grabado en vídeo. “No se alcanza a comprender el trato diferenciado que se da a la esposa de Urdangarin, que, lejos de ser destinataria de un trato distinto respecto al resto de ciudadanos, debiera auspiciar lo contrario”.

Es “incomprensible”, añade el recurso de reforma, que el juez haya aceptado la petición de la defensa de la Infanta, porque la decisión “no tiene amparo legal de ninguna clase”. El letrado recuerda que no se puede privar a las partes de obtener una copia de la declaración.

COMENTARIO:

¿Ridículo no? La fiscalía, la Casa Real, la Hacienda Pública y casi toda la judicatura preparando una "FARSA" para engañar al pueblo. Esto me recuerda el "Retablo jovial" de Casona . En esta obrita los DUQUES (casualmente) promueven una farsa para hacer creer a Sancho Panza que es Gobernador de la Ínsula Barataria prometida por el Quijote y que debe administrar justicia. Sancho Panza representa al pueblo llano inculto, ignorante y los Duques pretenden burlarse. Pero curiosamente Sancho Panza administra justicia con sentido común por lo que los Duques resultan humillados. Ojalá sea este el final y triunfe la justicia sobre el DEFRAUDADOR. ¡Quién iba a decir a Cervantes y a Casona que su farsa se iba a poner de moda...!