SERÁ difícil encontrar en los anales de la historia judicial de este país un escrito tan denigratorio y falto de respeto hacia un juez como el que suscribió ayer el fiscal Pedro Horrach. Éste acusa al instructor del caso Nóos de adherirse a «una teoría conspiratoria», de actuar de forma «incomprensible», de recurrir a «absurdos» y «denigrantes» argumentos y de intentar desprestigiar a los peritos de Hacienda, atribuyéndoles «motivos bastardos». Su osadía llega a tal extremo que reprocha al juez Castro confundir ingreso con cobro.
Sin entrar en el fondo del asunto, estamos ante una flagrante falta de respeto que roza el insulto, ya que el fiscal bien podría haber rebatido los argumentos de Castro sin intentar ridiculizarle y presentarle como un ignorante que se inventa una teoría de la conspiración para perseguir a la Infanta Doña Cristina, que, según recalca en su escrito, es absolutamente inocente y está sujeta a un procedimiento arbitrario, desdeñando los fundamentos del auto de imputación de 227 folios del instructor.
En primer lugar, si Horrach está tan convencido de que el juez Castro carece de indicios para imputar a la Infanta, lo que debería haber hecho es recurrir su decisión. Pero no ha querido correr el riesgo de que la Sección de la Audiencia de Palma respalde esta vez a Castro y ha aprovechado este auto para intentar deslegitimar al juez, haciendo el trabajo sucio de los ultramonárquicos que se escandalizan de que la Infanta sea investigada y tenga que acudir a declarar.
Horrach pide en su escrito que se cite previamente a los dos peritos elegidos por la Agencia Tributaria para realizar los informes y a la jefa de la lucha contra la delincuencia económica de la Policía Nacional. A los primeros, sometidos a la disciplina laboral y profesional de la Agencia Tributaria, les convoca para ratificar que la Infanta no cometió ningún delito fiscal y a la jefa de la Policía para que declare que no se produjo blanqueo de capitales. De esta forma, intenta matar dos pájaros de un tiro: dejar al juez como un incompetente que se arma un lío con los conceptos y exonerar a Doña Cristina, a la que presenta como víctima de un proceso paralelo, instigado por los enemigos de la institución.
Para lograr sus propósitos, el fiscal se mete en una serie de disquisiciones técnicas que están fuera de su cometido y que sugieren que ha contado con el asesoramiento de Hacienda. Por ello, el contenido del auto más bien parece un recurso abortado contra la imputación que una petición de nuevas diligencias.
Como la Fiscalía es una institución jerarquizada y los fiscales están sometidos a mandato imperativo, no cabe llegar a otra conclusión sino a que la actuación de Horrach está ordenada o impulsada por el Fiscal General del Estado, que siempre ha mantenido que no hay motivos para imputar a la Infanta. Ello da la razón al informe del Consejo de Europa, que cuestiona el carácter político de la selección de magistrados de los altos tribunales y solicita revisar el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado, que crea la percepción de que es una figura dependiente del Gobierno. Así parece y así es. Y no hay más que constatar su actuación en este caso para corroborarlo.
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