EL RETRATO DE UNA ESPAÑA CANÍBAL

¿Purgas en Hacienda? Retrato de la España caníbal

Sostiene Galdós en Miau, la novela que mejor retrata las miserias de la Administración durante la España de la Restauración, que ’un Estado ingrato, indiferente al mérito, es un Estado salvaje’. Y la reciente purga de altos cargos en la Agencia Tributaria -Montoro ha dicho que la cúpula de Hacienda estaba llena de “socialistas” (querría decir rojos), forma parte de esa España caníbal que tritura a la otra España simplemente porque piensa diferente.

No es, desde luego, ninguna novedad. La otra España que ahora se rasga cínicamente las vestiduras sin pudor alguno porque el nuevo director general ha destituido a algunos altos cargos  -Rubalcaba habla de forma desvergonzada de ‘caza de brujas’- es exactamente la misma que limpió en su día la Administración de todo lo que oliera a funcionarios que colaboraron con el Gobierno inmediatamente anterior (sin duda porque eran unos fachas).

Con razón se preguntaba Galdós:

-‘¿Qué ha sucedido aquí? Lo natural, lo lógico en estas sociedades corrompidas por el favoritismo. ¿Qué ha pasado? Que al padre de familia , al hombre probo, al funcionario de mérito, envejecido en la Administración, al servidor leal del Estado que podría enseñar al ministro la manera de salvar la Hacienda, se le posterga;  mientras los osados, los ineptos, los que no tienen conciencia ni título alguno apandan la plaza en premio de su inutilidad’.

No hay por lo tanto que extrañarse de una vieja costumbre de la Administración española, que en sus años de mayor degradación llegó a regular la figura de los ‘haberes de cesantía’, una especie de pensión que se pagaba a quienes se retiraban a sus cuarteles de invierno a la espera de un nuevo Gobierno, y que estuvo increíblemente vigente hasta 1918. Aunque habría que esperar a 1954 para erradicar definitivamente el término cesantía del ordenamiento jurídico.

Carné e ideología

Esta ausencia del más mínimo decoro a la hora de hacer un Administración eficiente y basada en el mérito es lo que explica la naturalidad con que se hacen las destituciones. Desde luego, no sólo en la Agencia Tributaria para puestos de trabajo que deberían ser ocupados por funcionarios, sino en otros muchos departamentos ministeriales y empresas públicas en los que el carné y la ideología pesan más que la capacidad.

El primer director de la Agencia Tributaria de la ‘era Zapatero’ sustituyó a 119 funcionarios. Pero durante la etapa de Viana y Menéndez, ya con el PP, se ha reemplazado a 104 cargos de libre designación. Aunque lo más terrible, como admite la Agencia Tributaria, es que estos cambios entran 'dentro de la normalidad'Lo que sí es sustantivo es que cuando el PSOE alcanza el poder y mueve Roma con Santiago para colocar a sus huestes, los cambios son coherentes con los resultados electorales, y ahí está el caso de RTVE, todo un insulto a la inteligencia y una desgracia continuada; pero cuando el PP hace exactamente lo mismo, estamos ante una especie de corrupción de Estado para favorecer a los ‘amiguetes’. Se llamen Cemex o el sursuncorda. Ya sucedió en 1997, cuando Jesús Bermejo y Pilar Valiente fueron acusados de llevarse expedientes comprometedores. Como se ve, nada nuevo bajo el sol.

El resultado, como no puede ser de otra manera, es una Agencia Tributaria ineficiente, como lo demuestran los bajos niveles de recaudación pese a los altos tipos impositivos.

Es verdad, sin embargo, que los problemas fiscales del Estado no tienen que ver sólo con el funcionamiento de la Agencia Tributaria, pero lo cierto es que sus unidades de élite (el departamento de inspección o las delegaciones de grandes contribuyentes) tienen un fuerte sesgo ideológico. Hasta el punto de que más de la mitad de los puestos de trabajo que ocupan los inspectores de Hacienda son de libre designación pese a que la legislación obliga a que esa figura -sin duda necesaria- se restringa a puestos de especial responsabilidad o especialización.

No ocurre así. Como recordaba hace una semanas Cinco Días,  el primer director de la Agencia Tributaria de la era Zapatero, Luis Pedroche, sustituyó  a 119 funcionarios.. Pero durante la etapa de Viana y Menéndez, ya con el PP en Moncloa, se ha reemplazado a 104 cargos de libre designación. Aunque lo más terrible, como admite la Agencia Tributaria, es que estos cambios  entran “dentro de la normalidad”.

El disparate es todavía mayor si se tiene en cuenta que el nombramiento sólo tiene sentido por razones profesionales para funciones de especial responsabilidad, como dice la ley, pero la destitución sólo puede estar justificada cuando se haya producido un desempeño inadecuado del puesto de trabajo. Ninguna de las dos cosas se acredita con argumentos fundados.

El fulanismo y el compadreo siguen instalados en buena parte de la Administración española, que además ha inventado una especie de variante moderna de los haberes de cesantía. Muchos altos cargos cuando son destituidos vuelven a sus puestos de trabajo, pero como cuentan con tanta información y capacidad de influencia sobre sus antiguos subordinados, sus nuevos jefes los ‘aparcan’ en alguna canonjía para que no den guerra. Y así es como los pasillos de algunos centros públicos se han llenado de ex a la espera de un cambio de Gobierno. Como en tiempo de la Restauración canovista. Y la Agencia Tributaria es un claro ejemplo de ello.

Puertas giratorias

Lo dramático es que cuando se crearon las agencias como fórmula jurídica para desarrollar determinadas actividades que el sector público no debía realizar directamente (antes era la dirección general de Tributos quien gestionaba la recaudación), el argumento que se dio es que de esta manera su actuación  se alejaría del poder político. No ha sido así, y lo cierto es que la contaminación continúa siendo insoportable. Y la mejor prueba de ello son las puertas giratorias que manchan la imagen de la Administración Tributaria. Ex altos cargos que se pasan con armas y bagajes al sector privado sin ningún pudor. Y los grandes despachos de abogados y algunas consultoras lo saben mejor que nadie.

Muchos altos cargos cuando son destituidos vuelven a sus puestos de trabajo, pero como cuentan con tanta información y capacidad de influencia sobre sus antiguos subordinados, sus nuevos jefes los ‘aparcan’ en alguna canonjía para que no den guerra. Y así es como los pasillos se han llenado de ex a la espera de un cambio de GobiernoLa propia Agencia Tributaria ni siquiera tiene hoy un Estatuto orgánico que le dé autonomía frente al poder político pese a que ya se habló de ponerlo en marcha hace dos décadas, en tiempos de Borrell.  Y su director general -que es un puesto de trabajo eminentemente técnico- es un satélite del ministro de Hacienda de turno, lo cual empaña su independencia y hace correr las sospechas de todo tipo de favoritismos.

El PP, en la oposición, se apuntó a la idea de que el responsable ejecutivo de la Agencia Tributaria fuera nombrado por el parlamento mediante una mayoría cualificada y con un mandato superior al de los ciclos electorales, pero esa propuesta duerme en el sueño de los justos. No hay ministro de Hacienda que deje a la Agencia Tributaria (que no hace las leyes fiscales, sino que las ejecuta) proceder con independencia de criterio.

La consecuencia no puede ser otra que una merma de su credibilidad en unos momentos especialmente difíciles para el país. Sobre todo cuando además cuenta con exiguos medios de lucha contra el fraude fiscal impropios de una nación avanzada. La Agencia Tributaria cuenta con alrededor de 27.000 empleados, prácticamente los mismos que cuando se creó hace 20 años pese a que la economía sumergida campa a sus anchas y representa nada menos que la quinta parte del PIB.

A lo mejor habría que pensar si no es más barato y útil mejorar el funcionamiento de la Agencia Tributaria antes que emprender una reforma fiscal que irremediablemente fracasará por ausencia de buena gobernanza. ¿Qué responsabilidad tiene la Agencia Tributaria (y las que han creado a su imagen y semejanza las comunidades autónomas) en que España sea el país de la eurozona que menos recauda?

 

COMENTARIO:

Para que la Administración funcione debe estar lo menos contaminada posible de políticos (justo lo contrario de lo que sucede ahora)

 

El responsable de la AEAT puede que tenga que ser un "cargo de libre designación" (precioso eufemismo) pero ahí es dónde se debería acabar la libre designación de marras. El resto funcionarios y por mérito, no por dedo.

 

Y así en todo. Los países rigurosos con ello tienen una Administración sólida, a prueba de cafres políticos. Para ello es imprescindible que los políticos legislen en esa dirección, algo difícil en España.