EL GRAN FARAÓN MAS CON EL DINERO DEL PUEBLO EXCLAVO

Arturo I, Emperador Catalán

Mas paga con fondos públicos más de 83.000 euros por un palco del Liceu.

Crisis, pero menos. Eso es lo que parece desprenderse de algunas de las adjudicaciones del Gobierno autonómico catalán en las últimas semanas. La más llamativa es, sin duda, la contratación del anfiteatro número 16 del Liceu, desde el que Artur Mas puede seguir las representaciones de la temporada 2013-2014. Para ello, la Generalitat ha desembolsado la nada despreciable cifra de 83.104 euros, IVA incluido. La firma del contrato de alquiler se llevó a cabo el pasado día 2 de agosto, justo el último día antes de que los altos cargos del Govern comenzasen las vacaciones de verano.

Pero esa cantidad se queda corta al lado de la que el Instituto Catalán de Finanzas ha previsto para asesorarse sobre sus métodos y cómo obtener la calificación de entidad de crédito del Banco de España. En esta ocasión, fue una vieja conocida la que se llevó el gato al agua: nada menos que Deloitte, la misma empresa que fichó a David Madí, hombre de la total confianza de Artur Mas y exsecretario de Comunicación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Y, para más inri, el contrato se firmó el 8 de agosto, en plenas vacaciones estivales.

Artur mas presenta su nuevo gobierno en el parlamentEl expediente de este contrato, que asciende a 179.987,50 euros, fue iniciado por el consejero delegado del ICF, Josep-Ramon Sanromà, el pasado 17 de julio. El trabajo que ha de hacer esta compañía es de “asesoramiento y acompañamiento en la solicitud y tramitación íntegra del procedimiento para la obtención de la calificación de entidad de crédito del ICF ante el Banco de España”.

Se da la circunstancia de que el Parlamento catalán acaba de aprobar una moción, que tuvo el apoyo de CiU, ERC, PSC, ICV y la CUP, para pedir al Congreso que cambie la ley estatal con el objeto de permitir que el ICF se transforme en un ente público. El objetivo es cambiar la naturaleza jurídica del organismo. En el programa de ERC figura, además, la conversión del instituto en el banco público de la Cataluña independiente, punto que también ha sido asumido por CiU. Si esa modificación se produjera, el organismo ya contaría con el visto bueno de las instituciones comunitarias, avalado por el Banco de España. En caso contrario, tendría verdaderas dificultades para hacerse valer ante las instituciones de la UE.

El Liceu de Barcelona.El organismo público catalán señala en su pliego de prescripciones técnicas que no está inscrito en el Banco de España como entidad de crédito y desarrolla su actividad “en un marco jurídico concreto, diferente al resto de actores del sector, hecho que ocasiona confusiones, ineficiencias fiscales, aumento de los costes de los recursos y dificulta sus actividades. Por estos motivos (y para alinearse con la normativa europea referente a la reestructuración del sistema financiero que promueve la transparencia y control de las actividades de financiación), el ICF quiere iniciar un proceso de adecuación y actualización de sus sistemas, controles y procedimientos. Este proceso se complementaría con la solicitud al regulador de la calificación de entidad de crédito, manteniendo su misión y principios de actuación, pero homologándose, a efectos societarios, jurídicos y regulatorios, con el resto de instituciones de su sector”.

En un documento fechado el 8 de agosto, Sanromà adjudica el contrato (que curiosamente finaliza este martes 15 de octubre) a Deloitte, aunque no indica en el mismo quiénes fueron los otros licitantes. Ese mismo día, Sanromà adjudicaba otro contrato curioso: 156.090 euros a PricewaterhouseCoopers (PwC) para el “diseño y creación de los manuales de políticas, procedimientos y controles de gestión de los diferentes riesgos en los que incurre la entidad, según la normativa actual, tanto de ámbito estatal como a nivel europeo, que regula el sector financiero, y que incorporen las mejores prácticas de mercado”. En otras palabras, son 156.000 euros para el diseño y la creación de los manuales de políticas, procedimientos y control de riesgos del ICF. El plazo de ejecución de este contrato comenzaba el 9 de agosto y dura hasta final de año.

Joaquim Triadú (PwC)En una resolución idéntica a la de Deloitte (sólo cambia el objeto y el nombre del beneficiado), Sanromà también adjudicó a esta compañía el contrato sobre el servicio de “asesoramiento para la modelización e implementación de la función de auditoría interna”. En PwC también hay un hombre fuerte de Convergència: Joaquim Triadú, exconsejero de Presidencia en el último Gobierno de Jordi Pujol y uno de los exponentes del sector negocios de CDC más cercanos a Mas, de quien fue compañero de Gobierno.

KPMG, otra de las grandes auditoras que trabajan con el Gobierno autonómico, no podía quedarse al margen y también ha recibido algunas compensaciones. Economía, por ejemplo, le concedió la “consultoría sobre el impacto presupuestario de diferentes alternativas estratégicas de explotación de concesiones administrativas de gestión inmobiliaria y de equipamientos” el pasado 27 de septiembre por 47.795 euros.

COMENTARIO:

En tiempo de crisis y pobreza esta noticia refleja insolidaridad, vanidad, y oscurantismo....por lo menos. En toda caso nada bueno.

Es posible buscar fórmulas que la representación del Estado sea por un gobierno autonómico reducido sin parlamento (la legislación imprescindible correría a cargo del Senado, así de una vez serviría para algo) cuya actividad estuviera interconectada con las delegaciones ministeriales, siendo el presidente autonómico el más alto representante del Estado en la autonomía elegido por sufragio directo.

 

Que considere que el modelo ideal es el francés no quita que haya que hacer determinadas adaptaciones. Dudo mucho que el mejor modelo para los franceses lo sea para los españoles.

Tengo conocimiento de todas esas actividades tanto locales como regionales o nacionales y no es más que la prueba de que la corrupción está en todas partes.

Lo malo es que con actitudes como la suya se consiente que esto suceda o al menos no se le da la importancia que merece.

 

La ley debe de ser modificada para evitar cualquier tipo de irregularidad en el manejo de dinero público y al mismo tiempo el poder de decisión debe de ser cedido a sus legítimos propietarios que son los ciudadanos. Los políticos son simplemente los encargados de gestionar las decisiones del pueblo, con su salario, sus vacaciones y sus desplazamientos etc.. pero no con la cantidad de privilegios de los que gozan a costa del presupuesto estatal.

 

Eso no se debe de consentir NUNCA, y a los hechos me remito.