La tensión política entre Madrid y Barcelona separa en mucho más de 625 kilómetros a las dos ciudades. El presidente catalán, Artur Mas, tiene todos los puentes rotos con el Gobierno central, y eso está dificultando cerrar un Presupuesto catalán para el 2014, según fuentes políticas conocedoras del gélido clima que rige entre Moncloa y el Palau de la Generalitat. La frialdad se extiende al Ministerio de Hacienda y a la Conselleria de Economía, la cual en este momento busca de forma desesperada de dónde sacar unos 2.000 millones para poder cumplir el objetivo de déficit del 1% para 2014. El cerrojazo del Gobierno central es total y se extiende a todas las áreas en la que el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, habría podido encontrar un poco de oxígeno.
Uno de los puntos claves es el endurecimiento de las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). A partir de ahora, todo lo que se pida al ICO Proveedores se descontará de este fondo especial. Esto ha supuesto una reducción del FLA para Cataluña de 1.700 millones y hace muy difícil poder cerrar un Presupuesto para 2014 con la promesa política que hizo Artur Mas: “Se acabaron los recortes”.
Pero el Gobierno de Mariano Rajoy también está apretando las tuercas a la Generalitat en otros frentes: se ha negado a la maniobra de apuntar contablemente –sin pago– los 1.600 millones de euros que se adeudan de Disposición Adicional Tercera del Estatut a la Generalitat o estudia que sea la Administración catalana la que recaude el impuesto sobre los depósitos bancarios, si es que finalmente lo pone, pero sin avanzar los fondos previamente. Estos ingresos han sido fijados por la Generalitat en 500 millones.
Ahora parece obvio que los recortes no se acabarán y el reto es cómo poder venderlos políticamente para los partidos que apoyarán las cuentas públicas: ERC y CiU, que estos días negocian contra reloj la nueva Ley de Medidas Fiscales, que incluirá nuevos impuestos y que supondrá ingresos adicionales que rondarán los 800 millones. A esta cantidad hay que sumar los 55 millones añadidos que supondrán las subidas de tasas y cánones que se aplicarán en la Ley de Acompañamiento de las cuentas públicas. Pero hasta los 2.000 millones todavía falta una cantidad nada despreciable, en un entorno en que Mas-Colell ya no encuentra figuras impositivas.
ERC se está mostrando como un socio de fiar. Estos días en Cataluña no hay duda de que el próximo 29 de octubre se presentarán los Presupuestos y que se aprobarán en la cámara catalana con el 1% de déficit previsto. El precio será que la Generalitat concrete en diciembre una consulta soberanista y una fecha concreta para la misma en 2014. El problema es que, con los mercados cerrados, la Generalitat está cada vez más y más en manos del FLA y el Gobierno puede apretar, y lo hace, las tuercas a una Administración comprometida con un programa separatista.
Tensión creciente
Con los mercados de deuda subsoberana cerrados, el FLA es la única financiación disponible. Un mal escenario para una Generalitat que ha apostado por ir tensando la cuerda. Los últimos gestos: la presentación de un memorial de agravios a Cataluña y la negativa de Artur Mas a hablar después de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en un acto de la patronal Fomento del Trabajo.
En su discurso ante los empresarios, la vicepresidente optó por un tono firme pero conciliador. La idea básica que lanzó Soraya Sáenz de Santamaría fue “juntos podemos”. Muy Obama, vamos. Pero en a muchos de los empresarios presentes no se les pasó el mensaje en negativo que estaba dejando caer la mano derecha de Rajoy en Barcelona la pasada semana: si juntos podemos, separados no podréis.
El ejemplo se lo está poniendo el Gobierno a la Generalitat con su nula colaboración en los Presupuestos de 2014. La misma línea que ya aplicó en los Presupuestos Generales del Estado de ese año, donde, como primera prueba de fuerza, ha recortado la inversión pública en Cataluña un 25%.
COMENTARIO:
¿Mas impuestos?. Lo que debe hacer y no se atreve, es recortar su
Administración Pública y la cantidad enorme de empresas públicas
trufadas de puestos de los de su partido. Solamente eliminando los Consejos Comarcales se ahorran 1500 millones y si a ello añadimos
solamente el 50% de sus empresas públicas, otros 600 millones, pero hay un problema: ¿Dónde recolocar a cientos de enchufados a dedo?. ESTE ES EL PROBLEMA que lo venderán en
que España les roba.
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