¿Por qué no pagar una recompensa económica a un delator si su denuncia sirve para destapar un caso de malversación de caudales públicos y permite al Estado recuperar millones de euros? La propuesta la ha planteado el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, cuyas pesquisas han sentado en el banquillo a Iñaki Urdangarin; al expresidente balear Jaume Matas; a la expresidenta del Parlamento autonómico, María Antonia Munar, y a decenas de presuntos mafiosos y delincuentes, muchos de ellos de cuello blanco.
Horrach, un profesional que se ha ganado fama de incorruptible e independiente -no pertenece a ninguna asociación de fiscales-, lamentó la semana pasada, durante una conferencia pronunciada en la localidad mallorquina de Santa Margalida, que en España "no existen medios legales para proteger adecuadamente a los denunciantes". Y arrancó los aplausos de su auditorio cuando se preguntó en voz alta: "¿Por qué no incentivar económicamente a quien denuncia fraudes?".
"Si un funcionario o un particular conoce un fraude en la Administración, y se puede paralizar ese fraude y evitar que se sigan malversando caudales públicos", prosiguió el fiscal anticorrupción, "y además a través de esa denuncia logras la recuperación de 30 millones de euros, ¿por qué no le hemos de premiar? Se hace en otros países. ¿Por qué no lo hacemos aquí?". En su opinión, es necesaria una ley para "proteger a los denunciantes, sobre todo en lugares tan pequeños como esta isla, donde nos conocemos todos y las posibilidades de obstáculos y perturbaciones son inmensas".
La última reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno, en 2012, contempla la reducción de penas y sanciones a los defraudadores que colaboren en "la identificación o captura de otros sujetos responsables"; es decir, a los delatores que denuncien a otros presuntos defraudadores. Esa reforma, por tanto, premia a los chivatos con una rebaja de su condena, pero no con una recompensa económica, como propone Horrach, una medida que también respaldan los inspectores de Hacienda.
Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)En 2012, el número de delatores por delitos fiscales aumentó un 50% con respecto al año anterior. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, atribuyó ese notable incremento de las denuncias a la irritación de los ciudadanos ante el fraude fiscal. Según la Agencia Tributaria, el perfil del soplón es el de alguien cercano a la actividad fraudulenta, que está al tanto de las actividades del evasor pero que no necesariamente está implicado en ellas.
En países como el Reino Unido o EEUU, el delator recibe compensaciones económicas una vez que se ha recuperado el dinero defraudado o evadido. El Gobierno británico, a través del Her Majesty Revenue and Customs, recaudó en el último ejercicio 440 millones de libras esterlinas (unos 550 millones de euros), un 64% que en el anterior. Y los chivatos recibieron como recompensa a cambio de su privilegiada información casi 375.000 libras, un 21% más que en el ejercicio 2010-2011.
El fiscal Horrach también apuesta por otorgar mayores beneficios, en este caso penales y no económicos, a los delatores de graves delitos, y fomentar los pactos basados en delaciones porque, a su juicio, son "eficaces y beneficiosos para la sociedad. La ley española no permite otorgar amnistías a quienes llamamos arrepentidos o delatores, pero si de verdad se quiere luchar contra la criminalidad organizada y la corrupción, esa medida supondría un gran paso adelante".
COMENTARIO:
Este señor no está en sus cabales ahora en cada mirilla de la puerta de tu escalera puede haber un posible chivato subvencionado con nuestros dineros públicos. Él ha tapado el desfalco de la Infanta. ¡Vaya justicia que tenemos¡ es de traca.
No tiene vergüenza el tipo, y, ahora, pretende a hijos denunciando a sus padres y hermanos en defensa del Régimen de la Corrupción que le mantiene a él en la Fiscalía chupando del bote.
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