El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado citar como testigo al expresidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, en la causa que investigar de los ‘papeles de Bárcenas’, tal y como pidió la acusación. Considera que su testimonio es “irrelevante” e ”innecesario” y señala que la petición no está suficientemente justificada.
De esta manera, el instructor escucha a la Fiscalía Anticorrupción, que informó en contra de citarle para que aclare si tuvo conocimiento de que en el partido que presidía se manejaba una contabilidad B.
La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) hizo este requerimiento al instructor tras haber identificado a Aznar el exdiputado popular Ignacio del Burgo como la persona que aprobó una compensación a un exconsejero navarro, así como por haber recibido del PP 782.695 euros en seis años.
Adade consideraba necesario que el expresidente testificara después de que Del Burgo declarara en el Juzgado que fue la dirección del PP, y en concreto el presidente del partido, que él mismo precisó que era Aznar, quien decidió abonar una compensación al exconsejero de Salud del Gobierno de Navarra Calixto Ayesa.
Sin embargo, Ruz explica en un auto que la versión de los hechos de Aznar no es necesaria porque las afirmaciones de Del Burgo resultaron “firmes, consistentes y coherentes” con el testimonio también prestado por Ayesa. Esta prueba por tanto, “debe ser denegada, al no advertir este instructor en los motivos esgrimidos por la parte proponente razón o fundamento suficiente que justifique la necesidad, idoneidad o razonabilidad de su práctica”, tal y como recoge el Ministerio Fiscal.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también rechaza la petición de Adade de investigar la declaraciones de la renta de cuarenta miembros del Partido Popular que parecen como receptores de sobresueldos. Según queda recogido en el auto, en la pieza separada que se investigan los documentos escritos por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, con entradas y salidas de dinero fuera de la contabilidad, está fuera de objeto de esta investigación los delitos contra la Hacienda Pública y, por tanto, no tiene ningún objeto llevar a cabo esta prueba.
“No existe constancia, ni tampoco se aporta por la acusación popular proponente de las diligencias, de elemento indiciario alguno que lleve a la presunción de comisión de un posible delito contra la Hacienda Pública por parte de alguna de las personas cuya investigación tributaria se pretende”, recoge el escrito.
Dentro de los dirigentes del PP de quienes se pedía investigar sus rentas se encuentra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, la secretaria general María Dolores de Cospedal, y los ex ministros Rodrigo Rato y Federico Trillo.
Añade que en todo caso, y tal y como apunta la Fiscalía, las cantidades que pudieron recibir “no resultarían generadoras de cuotas que supongan infracción penal y asimismo se estaría haciendo referencia a perceptores que en muchos casos no figura en los soportes documentales analizados, a ejercicios fiscales ya prescritos a efectos administrativos y penales”.
Reactiva la 'trama de Boadilla'
Por otro lado, el juez acaba de reactivar la parte del ‘caso Gürtel’ relacionada con el madrileño Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vuelve a citar a declarar EN calidad de imputados a su exalcalde, Arturo González Panero; el ex concejal del consistorio, José Galeote; el empresario Alfonso García Pozuelo, el asesor empresarial Ramón Blanco Balín, y el ex diputado regional de Madrid, Alfonso Bosch.
Ruz quiere interrogarles después de que Suiza haya mandado más información que refuerzan su presunta actuación delictiva en los hechos. Según recoge en otro auto, al menos desde el año 2000 hasta febrero de 2009, desde el entorno del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, “habrían entregado dádivas en forma de regalos -como viajes o artículos de joyería- o efectivo a funcionarios y autoridades con influencia o competencia en el ámbito de la contratación pública al objeto de obtener adjudicaciones bien para sus empresas bien para empresas de terceros”.
Recalca que en relación con los pagos a cargos públicos como González Panero cabe destacar cómo, para ocultar los regalos efectuados y al mismo tiempo poder deducirse esos gastos en las correspondientes declaraciones tributarias, desde las empresas de Correa, “se habrían elaborado facturas en las que aparecían como los perceptores de los servicios o mercancías cuyo destinatario real era el cargo público”.
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