Fíjense que no digo SU corrupción, sino LA corrupción. Es importante el matiz, porque aunque la principal atención de los medios de comunicación sea estos días el encarcelamiento de Bárcenas y todo lo que eso conlleva o puede conllevar, lo cierto es que se trata de un caso más, muy importante, eso sí, dentro de lo que para los ciudadanos es ya un clima generalizado de corrupción. Ayer nos sorprendía la juez Alaya en Andalucía imputando nada menos que a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez por el caso de los ERE, un hecho grave teniendo en cuenta que Álvarez ocupa un puesto de vital importancia para España en el seno del Banco Europeo de Inversiones.
Algunos periodistas, lejos de caer en la tentación de universalizar los comportamientos, llevamos tiempo diciendo que no toda la clase política es igual, que los corruptos son unos pocos y que la mayoría de los políticos son personas honradas y decentes, pero resulta muy difícil mantener ese argumento cuando las portadas de los periódicos y los informativos de la radio y la televisión dedican casi la totalidad de su espacio a hablar de casos de corrupción de un lado y del otro. Ningún partido es ajeno a ella, pero el partido que gobierna tiene una cuota añadida de responsabilidad a la hora de poner coto a lo que ya empieza a ser un clima muy desagradable.
Es lógico que la gente esté hasta la coronilla de todo lo que está pasando: Bárcenas, Gürtel, los ERE, Urdangarin, Blanco, Campeón, Mercasevilla, Palau, Pujol… Podemos seguir hasta casi el infinito. Es lógico el malestar, el cabreo ciudadano alimentado por la crisis económica, pero que ya trasciende a esta. Esa impresión generalizada de que “todos los políticos son iguales” que se ha instalado en el subconsciente colectivo va a ser muy difícil de combatir, incluso aun cuando se supere la situación de crisis, y eso es así porque el ciudadano percibe una apatía casi unánime en la clase política a la hora de luchar contra la corrupción.
Tengo la impresión de que al ciudadano no le afecta tanto el hecho de que existan corruptos que, por desgracia, existirán siempre, sino que lo que realmente le indigna es la impunidad con la que actúan, la complacencia con la que el resto de la clase política se enfrenta a las ovejas negras dentro de sus propias filas e, incluso, de las contrarias -cuántos indultos han intercambiado PP y PSOE en sus años de Gobierno; “tú indultas a mis corruptos, yo indulto a los tuyos”, parece ser el trato-. Y es ahí donde el PP tiene la oportunidad ahora de hacer algo que nunca se ha hecho en este país, que es combatir con absoluta firmeza la corrupción, con leyes que endurezcan las penas y aparten a los corruptos del ejercicio de lo público.
Rajoy anunció en el pasado debate sobre el estado de la Nación una batería de medidas contra la corrupción. Es verdad que el Gobierno está a punto de llevar al Parlamento la Ley de Transparencia, pero no puede ser ese el único paso que se dé en esta materia, sino que debería de haberse presentado ya un programa de actuaciones firmes y concretas contra la corrupción, pero, al menos aparentemente, no se ha avanzado nada en ese sentido. Todo aquello que Rajoy dijo que se llevaría a cabo parece haber caído en el olvido.
Y el PP corre un grave peligro con esto, primero porque es evidente que hay casos graves de corrupción que le afectan muy particularmente y, aunque es verdad que en la mayoría de los casos el partido de Rajoy ha actuado con más contundencia de lo que lo hace el PSOE con los suyos, a los ojos de la opinión pública parece insuficiente y, además, sigue yendo por detrás de los pasos que da la Justicia, lo cual habla bastante poco y más bien mal de su disponibilidad a la hora de llevar a cabo esa limpieza interna que a todas luces parece tan necesaria.
Pero la obligación del PP, como partido en el Gobierno, va más allá de mirar de puertas para adentro, sino que tiene que hacer frente al descrédito generalizado que la clase política tiene a ojos de la opinión pública, tiene la obligación moral de hacer todo lo posible por volver a recuperar la confianza de los ciudadanos en el noble ejercicio de la política y la dignidad de las instituciones. Si lo hace, si demuestra que quiere hacerlo, es más que probable que eso, unido a un cambio de ciclo en la situación económica, le vuelva a dar al PP y a Mariano Rajoy una mayoría absoluta muy necesaria para volver a poner a España en condiciones de liderar el crecimiento europeo.
Pero, por el contrario, si lo que ofrece el Gobierno es complacencia y sensación de haber llegado al límite en esta materia, entonces puede ocurrir justo lo contrario: que la corrupción, la propia y la ajena, acabe por apear al PP del poder en unas condiciones para nuestro país muy complicadas como serían las de un Parlamento muy fraccionado con pequeños partidos en los extremos y formaciones nacionalistas controlando los destinos de España.
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