La Seguridad Social retira la tarjeta sanitaria a Jordi Pujol por ingresar más de 100.000 euros.
Jordi Pujol, que estuvo 23 años al frente de la Generalitat de Cataluña, ha dejado de poseer la tarjeta sanitaria pública. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que es el órgano encargado de reconocer el derecho a la prestación, se la ha retirado. ¿El motivo? Contar con unos ingresos superiores a los 100.000 euros anuales.
Pujol podría haber seguido disfrutando la tarjeta sanitaria, pero renunció a firmar un convenio especial con la Seguridad Social, que es el requisito que exige ahora el Gobierno central para seguir dado de alta en el sistema nacional de salud a quienes tengan unos ingresos superiores a esos cien mil euros. Su caso no es, desde luego, el único.
El INSS ha enviado en los últimos meses miles de cartas -más de 7.000- a beneficiarios que excedían el importe máximo de ingresos. Una parte ha decido renunciar a la tarjeta, y otra ha firmado un convenio especial con la Seguridad Social para financiar el coste de su salud. La orden ministerial que regula los convenios especiales establece que las personas con 65 o más años -caso de Pujol- deben aportar al sistema sanitario un mínimo anual de 1.864,80 euros para tener derecho a asistencia sanitaria pública.
El caso de Pujol, en todo caso, es singular, toda vez que como expresidente de la Generalitat catalana tiene derecho a una pensión vitalicia -a partir de los 65 años- equivalente al 60% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente de la Generalitat.
Esta pensión es incompatible con cualquier otro cargo público o de libre designación remunerado. Lo que percibe actualmente Artur Mas como jefe del Ejecutivo catalán asciende a 144.030,42 euros brutos al año, incluyendo dos pagas extraordinarias. Es decir, que las retribuciones públicas de Pujol como expresidente de la Generalitat ascienden a 86.418 euros al año. En otras palabras, 6.173 euros brutos al mes por catorce pagas.
Todas las fuentes de renta
Pujol, en todo caso, puede recibir otros ingresos fuera del ámbito del sector público. La ley que regula la concesión de tarjetas sanitarias –aprobada en abril del año pasado y enmendada meses después- establece que para calcular esos cien mil euros se tienen en cuenta los ingresos íntegros obtenidos por rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas y por ganancias patrimoniales. En el caso de haberse presentado la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) aplicado en territorio español, “se tendrá en cuenta la suma del importe de las bases liquidables de dicho impuesto”, matiza el texto legal.
Lo curioso del caso es que mientras el expresidente del Gobierno catalán no disfruta de tarjeta sanitaria, la Generalitat ha enviado 100.000 documentos similares a extranjeros empadronados en Cataluña, pero sin permiso de residencia.
La concesión de estas tarjetas es fruto de una decisión política, ya que el Gobierno catalán decidió no aplicar el real decreto aprobado por el Ejecutivo central el pasado mes agosto por el que los extranjeros sin permiso de residencia perdían su condición de asegurados o beneficiarios del sistema nacional de salud.
La ley dice que una vez reconocida la condición de asegurado o de beneficiario del mismo por parte del INSS, el derecho a la asistencia sanitaria se hará efectivo por “las administraciones sanitarias competentes”, que facilitarán el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de asistencia sanitaria mediante la expedición de la tarjeta sanitaria individual. Es decir, que el reconocimiento del derecho depende del Gobierno central, mientras que la expedición forma parte de las competencias autonómicas.
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