La reforma local que el Gobierno pretende aprobar antes del mes de agosto para que se tramite en las Cortes en otoño y entre en vigor el 1 de enero de 2014 será mucho más tímida de lo que se anunció en su día. Ni se reducirán los ayuntamientos, ni se acabará con las diputaciones, ni se suprimirán las mancomunidades, ni bajará el número de concejales.
La presión de los consistorios -a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de numerosos alcaldes del PP- han conseguido que las pretensiones iniciales de Mariano Rajoy y de Cristóbal Montoro hayan quedado muy recortadas. De hecho, gran parte de las peticiones municipales han terminado siendo antentidas.
Hace menos de un año, el 11 de julio de 2012, Mariano Rajoy anunció en el Congreso de los Diputados una ambiciosa reforma que recortaría el poder local. Y enumeró medidas concretas y contundentes: reducir el número de concejales un 30%, suprimir las mancomunidades, bajar el sueldo a los alcaldes, supresión masiva de empresas municipales...
Lo anunció como una medida de recorte de gasto administrativo el mismo día que hizo pública una gran subida de impuestos (el IVA o el fin de la desgravación por vivienda) y recortes que afectaban al subsidio del paro o la eliminación de la paga extra de los funcionarios el año pasado. Un año después, las medidas más duras con efecto directo en los ciudadanos se han aplicado. Pero la estructura municipal se va a recortar en mucha menor medida.
El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no tocará el número de ayuntamientos españoles -8.116- una cifra insólita en los países de nuestro entorno. Y descarta también rebajar el número de concejales a pesar de que hoy en España hay 70.000 ediles. Eso sí, la inmensa mayoría -los de los pueblos pequeños- no cobra un sueldo fijo, sino sólo dietas e indemnizaciones. Y algunos ni eso.
Las diputaciones, por su parte, no sólo se salvan de la quema (UPyD y varios partidos nacionalistas exigen su supresión), sino que se reforzarán, ya que asumirán las competencias de los municipios más pequeños, su presupuesto y sus medios materiales y humanos. Se reforzará así un nivel de la Administración que hasta ahora había tenido un crecimiento limitado. Aunque desde 2008, las diputaciones han disparado su deuda un 34%.
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