Recibir fondos públicos se va a convertir en sinónimo de tener que rendir cuentas para cualquier entidad privada. Toda institución que reciba ayudas o subvenciones públicas por un importe superior a los 100.000 euros en el plazo de un año, estará automáticamente obligada a cumplir la nueva ley de la Transparencia, según dictan las enmiendas al anteproyecto elaboradas por el equipo de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y registradas ayer en el Congreso por el Popular.
También los pequeñosLas organizaciones de menor tamaño que no alcancen esta cifra tampoco escapan ya que estarán igualmente obligadas en cuanto las ayudas o subvenciones públicas que perciban supongan el 50 por ciento de sus ingresos anuales, con un mínimo de 3.000 euros por ejercicio. El PSOE, en sus enmiendas, coincide con la cuantía de 100.000 euros pero aboga por ir más allá en el porcentaje e incluir a toda entidad en la que el apoyo público alcance el 40 por ciento de los ingresos.
Con este enunciado Iglesia, asociaciones, fundaciones, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y, en suma, toda institución que se alimente de fondos públicos de forma significativa tendrá que informar a través de su página web «de forma periódica», entre otras cosas, sobre sus actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria. Esto es, tendrán que dar a conocer las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos así como las indemnizaciones percibidas por aquellos que abandonen la entidad. Y también tendrán que desvelar los contratos formalizados por la institución, convenios suscritos, subvenciones y ayudas públicas recibidas, precupuestos y cuentas anuales presentadas. Estas nuevas obligaciones pueden no sentar bien en las sedes de los sindicatos y patronales empresariales ya que en sus respectivas comparecencias en el Congreso habían reclamado un trato «diferenciado y menos exigente» que el que se aplica a la Administración Pública.
Casa del Rey, la primera
Las enmiendas recogen ya la principal promesa del Gobierno: la inclusión de la Casa del Rey en la nueva legislación. Los populares han querido señalar la trascendencia de esta modificación —es la primera Casa Real obligada a rendir cuentas—.
Las enmiendas también aumentan las exigencias de publicidad activa en los casos de incompatibilidad ya que todas las resoluciones que autoricen el ejercicio de actividades privadas a cargos públicos serán difundidas. Para velar por el cumplimiento de la nueva ley se creará el Consejo de Transparencia como un órgano independiente nombrado con el respaldo del Parlamento. Estará dotado de capacidad sancionadora que, precisamente, se ve reforzada en las enmiendas: todo aquel cargo público que incumpla las obligaciones de la nueva ley se arriesgará a perder el derecho a pensión indemnizatoria, una vez inhabilitado
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