La investigación interna encargada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para aclarar la atribución errónea de trece operaciones inmobiliarias a la infanta Cristina ha concluido que la equivocación se originó cuando los registradores y notarios que intervinieron en estas transacciones informaron mal a la Agencia Tributaria del DNI de los ciudadanos anónimos que en realidad habían participado en ellas. El propio Montoro se había comprometido a que este martes, como muy tarde, su departamento difundiría los resultados de las pesquisas que encargó para aclarar este controvertido episodio, pero finalmente se ha aplazado al día siguiente.
Según ha podido a saber este diario, el rastreo interno de las trece ventas inmobiliarias cerradas por valor de 1,43 millones en 2005 y 2006 que la Agencia Tributaria imputó por error a doña Cristina ha arrojado que en esos ejercicios la base de datos del supervisor fiscal recibió información que vinculaba equivocadamente esas transacciones con el DNI de la infanta, 00000014Z. El fallo se produjo cuando registradores y notarios introdujeron manualmente los datos de estas operaciones en la aplicación informática que utilizan para comunicar al fisco los detalles de todas las operaciones que pasan por sus manos.
Los errores quedaron alojados en ese momento en la base de datos de Hacienda y afloraron cuando la Agencia respondió al requerimiento del instructor del caso Nóos, José Castro, para que le aportara toda la información fiscal disponible sobre la segunda hija del Rey. Al limitarse a hacer un volcado automático de su archivo, Hacienda trasladó la equivocación a la mesa de Castro, generando una confusión que se prolonga ya más de un semana y que ha ocasionado un intenso desgaste a Montoro por la lentitud que ha demostrado para gestionarla.
Un archivo original que no se manipula
La investigación interna también ha encontrado una explicación para aclarar por qué los errores que vinculaban a la Infanta con estas ventas inmobiliarias no se habían detectado hasta ahora, a pesar de que constaban en el archivo de la Agencia Tributaria desde 2005 y de que debieron cruzarse con las declaraciones de la renta de doña Cristina correspondientes a esos ejercicios, una circunstancia que ha alimentado las sospechas sobre los supuestos privilegios fiscales de los que disfrutaría la Infanta.
Según ha podido saber El Confidencial, Hacienda ha concluido que el motivo por el que las falsas operaciones siguen instaladas en su base de datos es que figuran en un archivo especial que recoge información aportada por registradores y notarios que no se corrige nunca para evitar destruir pistas que puedan ser útiles para otras investigaciones. El control de las declaraciones de la renta, explican las fuentes consultadas, se hace utilizando esos mismos datos, pero combinándolos también con otros procedentes de diferentes fuentes o conseguidos por el propio fisco. Al final del proceso, los errores acaban subsanándose. Pero la información original se conserva intacta. El problema es que, para la respuesta al requerimiento de Castro, la Agencia habría acudido a los datos en bruto, colando así los errores en su contestación al magistrado.
Un error calificado como “grave”
Montoro aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes que Hacienda ofrecería públicamente este martes una aclaración sobre un error que el propio ministro calificó como “grave”. Lo es sin duda por la repercusión que ha tenido en el desarrollo del caso Nóos y en la imagen de Hacienda.
La difusión de las conclusiones de las pesquisas internas intentará despejar todas las dudas que se ciernen ahora sobre el fisco. Con todo, aún quedarán algunas incógnitas por resolver. La explicación que divulgará hoy el Ministerio no explica, por ejemplo, por qué todos los errores humanos de notarios y registradores se concentraron únicamente en 2005 y 2006 y no produjo ningún otro caso entre 2002 y 2004 y entre 2007 y 2012, el periodo completo sometido a escrutinio por el instructor del caso Nóos.
Al menos de forma preliminar, tampoco aclara cómo es posible que los notarios y los registradores confundieran al teclear los DNI de los ciudadanos anónimos que habían realizado las 13 operaciones inmobiliarias en cuestión con el DNI de la infanta Cristina, que sólo consta de dos dígitos, 00000014Z.
Habrá que aguardar a la réplica del Consejo General del Notariado y Registradores de la Propiedad, que son los organismos señalados directamente por Hacienda como causantes de embrollo. Tras difundir varias notas la semana pasada, ambas instituciones han decidido permanecer en un estratégico silencio, a la espera de las conclusiones de la investigación interna encargada por Hacienda.
COMENTARIO:
Este aplazamiento del esclarecimiento de las turbiedades de la Agencia Tributaria nos da luz en el principio de que algo gordo pasa. No sé si sabremos algún día la verdad, pero lo que debemos tener claro es que no nos podemos fiar de las Instituciones españolas. Y mucho menos de los políticos que las dirigen.
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