Caída brusca de ingresos, gastos en aumento, altísimo endeudamiento, problemas de financiación... Casi el 80% de los españoles creen que la actual organización territorial ha funcionado regular, mal o muy mal; más de un tercio piensan además que el desarrollo autonómico ha sido negativo y que es el culpable del aumento del gasto público; y, los partidarios del «café para todos» han caído ya al 31%, porcentaje comparable con el de los años ochenta. El Estado autonómico está más cuestionado que nunca. ¿Por qué se ha llegado a la actual situación de desencanto social? ¿Cómo ha influido el gasto público autonómico en esta decisión? ¿Es sostenible el Estado de las Autonomías tal y como está planteado? ¿Deben las comunidades autónomas devolver competencias al Estado o, por el contrario, aumentar su capacidad recaudatoria?
Tras tres décadas de desarrollo autonómico, las regiones españolas han asumido la mayoría de las competencias cuya transferencia estaba prevista en la Constitución. Como resultado de este proceso de descentralización, la mitad del gasto público es gestionado por las comunidades autónomas, mientras que la Administración General del Estado apenas llega a gestionar la quinta parte del total. El Estado central, a pesar de haber reducido su dimensión presupuestaria, sigue destinando un importante volumen de recursos de su presupuesto a la financiación de las administraciones territoriales.
Las administraciones públicas, especialmente las autonomías, aprovecharon los quince años ininterrumpidos de crecimiento económico (1995-2008) para engordar sus gastos y su nómina de trabajadores, lo que años después llevaría a un descontrolado déficit y a un estricto control por parte del Gobierno. Y es que durante los años de crisis económica, lejos de aplicar ajustes de empleo o de gasto, los presupuestos autonómicos se siguieron inflando y las contrataciones creciendo sin ningún freno.
Un ejemplo claro se encuentra en las competencias cedidas por el Estado en sanidad y educación. Tras culminar el proceso de traspasos de la sanidad, en 2001, los gastos autonómicos por este concepto casi se han duplicado, al pasar de los 34.552 millones que las arcas regionales dedicaban a este capítulo a los más de 64.000 con que cerraron 2009. Además, durante toda la década, el ritmo de aumento anual ha estado en entorno al 10%, salvo en 2009, donde el aumento se redujo al 5,7%. Otro tanto ha ocurrido con el gasto en educación, donde se ha pasado de algo más de 22.000 millones en el año 2000 a 44.000 en 2009.
Con el empleo, lo mismo. El proceso de transferencia de competencias, que implicó casi dos mil acuerdos desde la llegada de la democracia, supuso un traspaso de personal desde el Estado a las comunidades de 821.357 personas, cifra, sin embargo, que apenas es el 47% de los asalariados de las administraciones regionales, que superan los 1,74 millones. Según un informe elaborado por la patronal que dirige Juan Rosell sobre la eficiencia del sector público, entre 1996 y 2010 el crecimiento de la población en España fue del 18,5%, frente al 35,1% en que aumentó el personal del sector público. Por tanto el incremento de las nóminas autonómicas, concluye el citado informe, no se explica solo por estos dos conceptos -traspaso de competencias y más población- sino también a causas como un aumento de la oferta pública de empleo en zonas de menor actividad económica, a posibles duplicidades en las competencias, o a una menor eficiencia en la distribución del personal.
El doble en 30 años
Estos datos muestran, según la organización empresarial, que hay una tendencia histórica en España al incremento continuado en el empleo público en todas las administraciones y a una producción del sector público más intensiva en trabajo que en capital y tecnología en comparación con otros socios europeos. Así, el empleo público se ha más que duplicado en los últimos 30 años, mientras que el crecimiento del empleo en el sector privado en este mismo periodo ha sido del 50%. Y según los datos del trabajo elaborado por la CEOE, el aumento de los gastos de personal en el sector público en España en el periodo comprendido entre 1995 y 2009 (140%) fue muy superior al de Italia o Reino Unido, casi el triple que en Francia, y 27 veces más que en Alemania, donde apenas han crecido el 5,2%.
María Gómez Agustín, economista de Freemarket Corporate Intelligence, explica a Empresa que las autonomías aprovecharon los ingresos extraordinarios y coyunturales derivados de la burbuja inmobiliaria para consolidar un gasto estructural insostenible en un escenario no ya de recesión, sino de crecimiento económico normal. Asegura que la pérdida permanente de ingresos es del 25% y, por tanto, el aparato autonómico no es financiable. Al mismo tiempo, la ausencia de corresponsabilidad fiscal, es decir, la no obligatoriedad de financiar sus decisiones de gasto mediante aumento de los impuestos y/o recorte de otras partidas presupuestarias ha generado una propensión creciente al endeudamiento. La crisis sólo ha puesto de relieve, si bien de un modo dramático, la inviabilidad del Estado Autonómico tal como ha evolucionado durante los últimos cuarenta años.
Afirma Gómez Agustín que «lo que hay que crear es un verdadero modelo de federalismo competitivo». Dice que «las autonomías que quieran gastar más han de verse forzadas a elevar los impuestos o a recortar otros capítulos de gasto y tienen que tener vedada la capacidad de endeudarse como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. En ese marco, la capacidad de devolver competencias al Estado ha de ser voluntaria».
Para María Gómez Agustín «si una autonomía considera que no puede o no quiere hacer frente a la prestación de determinados servicios, hay que abrir la posibilidad de que pueda hacerlo. En este contexto, el Estado ha de limitarse a garantizar la unidad de mercado y la existencia de una red básica de seguridad —educación, sanidad etc.— para todos los ciudadanos con independencia de cuál sea su ubicación territorial».
Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada de la Univerdad San Pablo CEU explica que el actual Estado de las Autonomías no es sostenible en el marco de la eurozona. «Las transferencias al haberse ido produciendo de manera espasmódica, basadas en los cambiantes pactos políticos y mayorías electorales, cada cuatro años, han acabado por perder racionalidad y el puzzle debe ser reordenado en la medida que sea un instrumento útil para canalizar la convivencia».
Piensa Morillas que las regiones deben devolver competencias, «empezando por justicia siguiendo por las de educación, pudiéndose mantener en este caso ciertos diferenciales en las de lengua cooficial, y continuando por las de agricultura, etc». Piensa que lo más importante es suprimir, como ya se ha hecho en Castilla-La Mancha o Madrid, organismos replicados como agencias de protección de datos, defensores del pueblo, comités económicos y sociales u observatorios, institutos y empresas publicas para clientelares enmascaradores de deficit. «Y lo mismo con los ineficientes servicios regionales de empleo y oficinas correspondientes —continúa—, que se han demostrado no casan oferta y demanda más que en un 3% de los contratos; pero también las agencias de cooperación e inmigración, tribunales de cuentas; las radios y televisiones autonómicas es otro gasto clientelar insostenible, que dentro de unos años nos parecerán algo tan extravagante como los antiguos periódicos del Estado o medios del Movimiento».
«En la mayoría de ámbitos, no en todos, sólo hay ventajas para el ciudadano en devolver competencias al Estado. En estos momentos hay que analizar hasta qué punto el actual distanciamiento de la opinión pública respecto a los grandes partidos no se debe a la incapacidad que observan en éstos, para desenbarazarse de sus oligarquías regionales y redes locales enquistadas en el presupuesto público y viviendo a costa del contribuyente».
J. Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea y profesor de economía en la Complutense, asegura que el estado de las autonomías está mal diseñado y no es sostenible. «Las comunidades autónomas son instituciones de gasto. En el mejor de los casos solo tienen capacidad o autonomía para financiar el 50% de todo su gasto. Esto no tiene sentido económico, los incentivos no funcionan. Es necesario una mayor autonomía por la parte de los ingresos, es decir, más corresponsabilidad fiscal», dice.
Más cerca del ciudadano
Sin embargo, asegura que «no creo que sea viable un Estado sin autonomías. Para empezar habría que cambiar la Constitución y creo que la descentralización del gasto tiene sentido pues los gobiernos regionales están más cerca de las preferencias de sus ciudadanos, y esto es un factor a favor importante. Es posible que debamos hacer una reflexión sobre qué competencias deben estar en manos de las comunidades autónomas y cuáles en manos de la Administración Central, pero en ningún caso deben desaparecer pues son útiles».
Conde-Ruiz también afirma que no hay duda en cuanto a aumentar la capacidad recaudatoria de las regiones españolas: gastan el 37% del gasto total pero solo tienen capacidad de recaudar el 19% (y eso teniendo en cuenta los ingresos compartidos). «Lo de devolver competencias debe hacerse tras un debate sosegado y siempre debe prevalecer el bienestar de los ciudadanos por encima de todo», sostiene.
Entre las ventajas que ve este economista para mantener el Estado autonómico está el menor coste de prestación del servicios, más homogeneo para los ciudadanos. «El gasto homogeneo por habitante tambien se puede garantizar con el sistema autonómico, eso sí habría que reformar el sistema de financiación. Todo el mundo entiende que la regiones más ricas paguen más impuestos, pero no se entiende que pagando más reciban menos en gasto por habitante. Esto es lo que ocurre ahora y es injusto, se debe respetar la ordinalidad en el gasto».
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